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El cambio cultural que se necesita para eliminar las bolsas plásticas del comercio

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Si bien hay sectores que aún cuestionan si necesariamente la prohibición de las bolsas plásticas es clave en el cuidado medioambiental, parte del sector privado y varias decenas de municipalidades están creando ordenanzas, reglamentos y generando campañas para desincentivar su uso. Incluso, este producto podría incluirse dentro de una subcategoría en la nueva ley de reciclaje.

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El 13% de las 346 comunas de Chile cuentan con ordenanzas o reglamentos municipales que incentivan la eliminación de bolsas plásticas en el comercio, según datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente. Pero no pueden prohibirlo.

Por eso, hasta el momento, los municipios y el sector privado se han enfocado en generar campañas de concientización y convenios para disminuir el uso de esas bolsas en supermercados, farmacias, multitiendas e incluso -aunque es más difícil- en las ferias libres y almacenes de barrio. En definitiva, el tema pasa por un cambio cultural o bien, por buscar alternativas que no necesariamente signifique borrar del mapa a las bolsas plásticas.

Se estima que en promedio, cada chileno utiliza 1,5 unidades de bolsas plásticas al día, principalmente en el trayecto del comercio a su casa y luego, para botar la basura. Además, más del 90% de estos productos termina en un vertedero o espacio público.
El problema es global. Por ejemplo, en Bangladesh se prohibieron porque atascaban el alcantarillado provocando graves inundaciones, mientras que en Sudáfrica se bautizaron como la nueva “flor nacional”. “La eliminación de estas bolsas es una buena medida, pero debe ir acompañada por un proyecto educativo. Culturalmente no estamos preparados. Es como si de un día para otro nos dijeran que no podemos utilizar automóviles de combustión interna”, comenta Marcela Godoy, profesional experta de la consultora medioambiental AGEA.

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Según Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente, en el Gobierno están convencidos que el elemento central es un cambio de conducta y hábitos de consumo. “En este sentido, la voluntariedad que los municipios están adquiriendo, augura una implementación exitosa. Además, hemos dictado seis normas INN que permiten distinguir diferentes tipos de bolsas, para que las ordenanzas municipales se puedan elaborar de forma más precisa y la industria los use como referencia en la fabricación de sus productos”, aclara Badenier.

La primera comuna en jugársela por una prohibición fue Pucón, con la motivación del turismo como insignia. Luego de una consulta ciudadana, en julio de 2013 realizaron una marcha blanca para eliminar la entrega de bolsas plásticas en el comercio, lo que llevó a la generación de una ordenanza. Según Carlos Barra, alcalde de Pucón, “establecimos que estas bolsas eran uno de los grandes flagelos de nuestra zona. No fue sencillo, considerando la gran población flotante producto del turismo que no estaba acostumbrada a esta práctica. Definitivamente es un tema de educación”, dice Barra.

Un poco más al norte, Hualpén es otra comuna simbólica en incorporar esta práctica, al ser la primera de la Región del Biobío. En mayo de 2014 publicaron la ordenanza y un año más tarde lograron sacar las bolsas plásticas de ocho supermercados y otro tipo de tiendas.

Según Katherine Torres, alcaldesa de Hualpén, la medida ha logrado sacar de circulación 31 millones de bolsas. “De a poco, los habitantes lograron interiorizar el cambio. Creo que podríamos haberlo hecho más rápido si hubiese habido una campaña más fuerte de sensibilización al principio”, comenta Torres.

En la capital de Chile, la comuna de Santiago implementó una ordenanza al respecto en mayo de 2015 y a la fecha, han logrado que 50 locales la adhieran. Según José Tomás Rodríguez, encargado de la Subdirección del Medioambiente de la Municipalidad de Santiago, “ha habido una buena acogida, pero aun necesitamos trabajar más en la difusión. Para ello, estamos elaborando un seguimiento de la medida que nos lleve a un diagnóstico. La idea es que este año lancemos una fuerte campaña”, señala Rodríguez.

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En el sector privado, Walmart Chile comenzó en 2014 con la campaña “Acuérdate De Mí”, que consiste en educar a los consumidores para que prefieran alternativas para transportar las compras desde el supermercado hasta el hogar. Además, la compañía ha dispuesto en sus locales bolsas reutilizables con capacidad de resistencia de hasta 40 kilos, así como carritos que aseguran una gran durabilidad. “Además, constantemente patrocinamos diversas iniciativas tales como fondos concursables públicos u otras metodologías para conocer cuáles podrían ser las alternativas más amigables con el medioambiente”, comenta Gonzalo Valenzuela, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Chile.

Estas acciones las están llevando a cabo en 18 comunas donde cuentan con 51 locales de los formatos Lider, Express de LIDER y SuperBodega aCuenta. “Según nuestros estudios los clientes están dispuestos a sumarse a este cambio de conducta, aunque suelen olvidar la bolsa reutilizable en su casa o en su auto. Por esto, nuestro foco es ayudarles a recordar para que se genere un cambio cultural”, agrega Valenzuela.

Alternativas

Especialistas estiman que si bien las bolsas de género, las reutilizables o los “carritos” son una buena alternativa, no siempre el plástico es más contaminante. De hecho, en muchos casos, las bolsas de papel impactan más al medioambiente, en su proceso de fabricación y extracción de materias primas (ver gráfico). Incluso, en Chile parte de estos productos se importan de China, con todo lo que eso significa en términos del impacto en la huella de carbono.

La clave, según Godoy, es estudiar el ciclo de vida de los productos, ya sean estos plásticos o no y según eso, tomar decisiones. “Por ejemplo, existen bolsas de plástico con mayor grosor que pueden reutilizarse muchas veces. Pero claramente las más delgadas, que entregan muchos supermercados son las más perjudiciales”, dice la experta de AGEA.

El 2014, luego de que la Contraloría no respaldara la cruzada de los municipios por la eliminación de las bolsas plásticas como algo obligatorio, se comenzaron a incorporar las biodegradables, compostables y reutilizables. “El problema está en que gran parte de la población no está informada respecto de lo que tiene que hacer con una bolsa biodegradable. Por eso, se necesita una campaña de educación eficaz y permanente”, comenta Marcela Godoy.

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La Ley REP podría traer nuevos aires a las iniciativas público-privadas por reducir las bolsas plásticas, especialmente si éstas se incorporan dentro de la categoría “Envases y Embalajes” en los reglamentos que están a punto de dar a luz.

Santiago Muzzo, presidente de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), estima que más que la discusión de si debieran incluirse o no en la normativa, hay que trabajar en una propuesta orientada a que las bolsas plásticas sean la herramienta del cambio cultural que la REP necesita para su correcta aplicación. “Son el eslabón clave para la masificación del reciclaje, ya que facilitan la separación en origen. La comunidad ya tiene interiorizado el uso de bolsas plásticas para botar la basura. Una idea que surge de los mismos consumidores para facilitarles su esfuerzo de reciclaje en los hogares, es que el comercio entregue bolsas de dos colores: blanco para los desechos orgánicos y de otro color para los residuos inorgánicos”, propone Muzzo.

El dirigente de Asipla comenta además: “Así, por una parte, estaremos facilitando la separación en origen y por otra, educando a la ciudadanía en los hábitos del reciclaje. En términos simples, buscamos que las bolsas de basura pasen a ser ‘medios de reciclaje’, apunta Santiago Muzzo.

Con respecto a la posible incorporación de las bolsas plásticas en los reglamentos de la Ley REP, el ministro del Medio Ambiente no lo confirma ni lo descarta. “La ley nos faculta para crear subcategorías, por lo tanto podría integrarse en el grupo de Envases y Embalajes. Si bien nuestra prioridad está en otro tipos de residuos de mayor volumen y peligrosidad, no descarto que se incluyan las bolsas plásticas”, apunta Pablo Badenier.

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Fuente:Hub Sustenibilidad / Pulso 
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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.

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Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.


El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.

La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.

Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.

Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.

El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.

El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.

Imagen de Photorama en Pixabay

Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.

En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.

Calidad y permanencia de los hábitats

El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.

La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.

“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.

De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.

“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.

Referencia:

Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.

 



Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?

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El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.


La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?

Las ambigüedades del Acuerdo de París

El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:

  • ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
  • ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
Gráfica que muestra un aumento de la temperatura entre 1850 y 2024
 
Anomalías anuales de la temperatura media mundial en relación con los niveles preindustriales (1850-1900) desde 1850 hasta 2024. Datos de las fuentes que indica la leyenda/Estado Global del Clima 2024, CC BY-SA

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?

El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.

El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.

Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.

Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.

Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años

Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.

Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.

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Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?

La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.

Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.

Hace falta consenso.

El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029  indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.

Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.

Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.

Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.

La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.

 




Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones

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El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.


En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.

Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.

¿Cómo afrontamos el cambio climático?

La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.

Imagen de GreenCardShow en Pixabay

Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.

¿Cómo lograr la neutralidad climática?

Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.

Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.

A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.

Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.

Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono

Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar  y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.

Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.

Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.

Imagen de nosita en Pixabay

También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.

Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.

Las novedades del reglamento europeo

La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.

Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad

El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.

Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.

 



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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric  


En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar). 

Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.  

«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.   

La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.  

En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.  

La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

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La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.   

Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.  

Fotos (créditos: Francisco Morey)



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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo

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El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.


El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.

De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.

El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.

Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.

Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.

En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.

Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.

Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.

“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.

En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.

“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.

No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.

“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.

Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.


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