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El llamado del mundo académico y científico: diálogo social con evidencia científica
Consideran necesario propiciar un diálogo democrático que debe incluir la voz de los científicos. Por eso, dicen, ofrecen aportar con su conocimiento al Estado. Hoy más que nunca se necesita honestidad intelectual para entender el fenómeno.
Desde el ámbito académico y científico no han quedado indiferentes al estallido social que Chile ha vivido en los últimos días. Como actores relevantes, recalcan, científicas, científicos, académicas y académicos, hacen un llamado a enfrentar esta crisis social y dar soluciones basadas en el diálogo social con evidencia científica.
La Red de Investigadoras (RedI) que reúne a científicas nacionales, sostiene que no es solo el alza del pasaje en el metro que afecta a muchos compatriotas de la Región Metropolitana, lo que inició de ese malestar, sino que corresponde a la frustración de la ciudadanía por el alza sistemática en el costo de la vida. “Las ineficaces reformas a los sistemas de educación, salud, laboral, tributario y de pensiones, entre otros, que han sido el caldo de cultivo en el que se ha gestado el descontento social del que hoy somos testigos, a pesar que Chile es uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina, continúa siendo uno de los más desiguales”, declaran.
Condenan toda forma de violencia, indican en RedI. “Solidarizamos con las y los compatriotas movilizados, en especial con las mujeres, dada la enorme brecha de género que presenta el país en todas las áreas, que se agrava con la violencia estructural que no cede. Nos declaramos en estado de alerta ante la falta de diálogo para la búsqueda de soluciones”.
En tanto en una declaración pública, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, la Asociación Chilena de Historiadores, Más Ciencia para Chile, Frente por el Conocimiento, Red de Investigadoras, Redes chilenas de investigación, CON-CIENCIA, Grupo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Frente Amplio, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado y Etilmercurio, blog de divulgación científica ciudadana, consideran necesario propiciar un diálogo democrático, incluyendo múltiples actores sociales y políticos, que permita comenzar a abordar la grave crisis que está expresándose. “Para que eso ocurra se necesita deponer el Estado de excepción y tomar medidas políticas y económicas urgentes. Responder con mayor represión fue y es una irresponsabilidad del gobierno actual que debe ser revertida de forma inmediata”.
“Como Asociaciones de Investigadores/as queremos solidarizar con la indignación del pueblo y manifestamos nuestra preocupación por la situación actual. Dada la naturaleza de nuestras labores, sabemos que responder con violencia a la protesta y la organización genera consecuencias nefastas que nos marcan de infinidad de maneras como sociedad. Por lo mismo, nuestra profesión nos obliga a tomar posición frente a una situación como esta. Y lo hacemos decididamente con la sociedad que reclama y se organiza para hacer frente a una cada vez más patente precarización de la vida”, señala el documento.
En esa misma línea, la Red de Historiadoras Feministas, señalaron en una declaración que frente a los últimos acontecimientos, rechazan los dichos del Presidente Piñera en cuanto a que “estamos en guerra”. Ello, porque “estas palabras nos recuerdan los peores momentos de la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet. Por otro lado, la movilización de los estudiantes secundarios frente al alza de precios de transporte fue una parte de la realidad brutal cotidiana sobre el costo de la vida en Chile. El pueblo ya perdió el miedo y ha hablado con fuerza: ¡no son 30 pesos, son 30 años! No obstante, en vez de escucharnos, de ver que esto es una legítima demanda, el Estado sólo ha reaccionado con violencia y terror”.
Académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, también dieron a conocer su opinión sobre los eventos sociales de los últimos días. A través de una carta, indican que esto no es algo nuevo, “sino que es la suma de todos los dolores y padecimientos de nuestros abuelos, padres, madres, hermanas y de nuestros niños”. Sostienen además que es “reflejo de la violenta imposibilidad de ser pleno y feliz en un modelo que no nos permite disfrutar de nuestros trabajos y nuestras familias, que prohíbe a gran parte de la población vivir su vida con dignidad y reduce el malestar a un estado patológico, individual, que se alivia con medidas aisladas y que se acepta como parte de la realidad. Es el resultado de un sistema que naturaliza la infelicidad y la convierte en un elemento necesario para su funcionamiento”.
Desigualdades
El estallido social que estamos viviendo tiene, entre muchos otros temas, directa relación con la forma de manejar nuestros ecosistemas, agrega Cristián Frêne, director ejecutivo de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo y científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad. “El Estado de Chile ha entregado el agua y los bosques a particulares, olvidando su rol en el control, monitoreo y fiscalización. Esto se ha traducido en que unos pocos inescrupulosos se han apropiado en pocas décadas de grandes extensiones de bosques y enormes volúmenes de agua, dándole un uso absolutamente inadecuado que, entre otros, ha permitido: la destrucción de bosques nativos y con ello su capacidad de almacenar agua y mantener la productividad; acaparar agua y especular con ella, o bien usarla inadecuadamente y contaminarla; reemplazar enormes extensiones de bosques por sistemas productivos basados en el monocultivo y la alta productividad, todo lo cual resta bienes y servicios para los habitantes locales, que viven de manera precaria y despojados de sus derechos humanos fundamentales”.
Las personas dedicadas a la investigación, sostiene Frêne, deben ponerse a disposición de los habitantes locales aportando información y conocimiento para el buen uso de los ecosistemas. “Debemos aportar nuestro conocimiento al Estado, para que no se sigan tomando decisiones basadas solo en criterios económicos impuestos por los inescrupulosos que solo quieren ganar dinero, sino que se hagan las cosas de forma adecuada”. indica.
En tanto, Juan Luis Celis, investigador del IEB y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destaca que parte de este descontento social es que las externalidades negativas de los proyectos generalmente se las llevan las personas rurales, de menores ingresos y que no tienen posibilidades de desplazarse. Por ejemplo, dice, “vivir cerca de un relave en el caso de la minería, ya que obviamente no hay relave donde el valor del suelo es alto, o tener que aguantar 40 camiones diarios que pasen frente a tu casa en época de cosecha forestal”.
“El problema es que muchas de estas empresas, sus patentes están asociadas a sus oficinas centrales que no están donde tienen sus operaciones, sino que en comunas del barrio alto de la capital”, dice Celis. Lo mismo pasa en la agricultura, agrega, donde el agua esta separada de la tierra y eso facilita la especulación en el negocio del agua y que solo los grandes poderes económicos tengas acceso y existan agricultores que teniendo tierra, no tengan agua para producir. “Por otra parte cuando uno compra en un supermercado, paga en el minuto sin embargo a los agricultores ese mismo supermercado les paga a 60-90 días. Para todo esto se requiere un nuevo pacto social y ambiental que apunte a un desarrollo centrado en el bienestar de la sociedad”, sostiene.
Proteger la infancia y no simplificar el fenómeno
En ese mismo contexto, la Red de Universidades Unidas por la Infancia declara que se oponen a las situaciones de violencia a las que han sido expuestas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También solicitan a las autoridades promover el diálogo y medidas concretas que permitan transitar hacia una sociedad más justa. “Donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean verdaderos sujetos de derechos, no de sospecha, cuidando que nuestro rol sea protegerlos, no dañarlos, ni mucho menos vulnerar sus derechos. La Red está disponible para colaborar en promover el diálogo pacífico, desde las funciones de docencia, investigación y vinculación con el medio, propias de las Universidades que la conforman y que firman esta declaración, ello con el propósito de garantizar los Derechos de la niñez en las distintas regiones de nuestro país”.
Considerando los efectos psicológicos de la actual situación, los académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, indican que el país necesita ahora más que nunca de una transformación social, espiritual y política. “La salud mental, seriamente lesionada con este sistema, debe ser uno de los focos y sentidos que tenga cualquier medida o acuerdo que surja desde este momento, en beneficio de quienes formamos parte de esta sociedad”.
La ciencia puede aportar mucho en esto haciendo un llamado a no sobresimplificar el fenómeno, sostiene Javier Fuenzalida, académico y director de Investigación del Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile. “Hay bastante ansiedad en poder entender el fenómeno cabalmente y creo que va a ser difícil lograr eso, probablemente en años. Sin duda, hay que decidir, hay que tomar medidas al respecto, hay temas de corto y mediano plazo que hay que resolver, todo apunta eventualmente hacia un pacto social que se tiene que establecer en algún momento, pero yo sería muy cuidadoso en tomar decisiones apresuradas, porque estas pueden terminar en escenarios tan malos como los que tenemos hoy día”.
En ese sentido, dice Fuenzalida, políticas públicas poco pertinentes para el verdadero ‘sistema complejo’ que se ha manifestado, no nos va a llevar a una solución efectiva de los problemas estructurales. Es más, aclara, puede llevarnos a situaciones peores que las actuales. “Ahí está el rol científico, de alguna manera ser bien honestos en decir cuando no sabemos algo, cuando requerimos estudiarlo mejor y creo que este es el caso. Hay cosas que caen de maduras, es evidente que hay un descontento social, un estallido social, pero no es tan evidente que se trate de un movimiento social, porque no hay una vertebración social en torno a algún liderazgo específico”.
“Creo que es nuestra responsabilidad desde la academia hacer llamados a estudiar esto con datos, con evidencia, a decir que no sabemos cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Hoy más que nunca necesitamos esa honestidad intelectual. Decir ‘no sabemos esto; esto sí lo sabemos’ y vamos construyendo sobre lo que sí tenemos certeza”, dice el académico de la U. de Chile.
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Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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Pacific Hydro obtiene aprobación ambiental para el Parque Solar Don Patricio en Tiltil
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