La iniciativa busca movilizar al sector vitivinícola en torno a prácticas que permitan medir y mejorar la salud de los suelos y la biodiversidad de los viñedos, fortaleciendo su aporte frente a los desafíos ambientales y climáticos.

Un bloque. Un desafío. Y una oportunidad para avanzar juntos hacia una agricultura más regenerativa.

Viña Concha y Toro es parte del lanzamiento en Chile del One Block Challenge (1BC) junto a Empresas B y diversas organizaciones participantes, entre las que destacan Fundación Chile, INIA, Transforma Cambio Climático de Corfo y Manomet Conservation Sciences. Esta iniciativa, creada globalmente por la Regenerative Viticulture Foundation, busca movilizar al sector vitivinícola para implementar, medir y compartir prácticas de agricultura regenerativa en los viñedos.

En el Fundo Idahue, Valle de Colchagua, de Viña Concha y Toro, representantes de distintas empresas de la industria se reunieron para compartir conocimientos, herramientas y experiencias en torno a la agricultura regenerativa y su aporte frente a los desafíos ambientales y climáticos.

En lugar de aplicar teorías de forma abstracta, One Block Challenge propone actuar y trabajar sobre un área específica de cada viñedo para observar, medir y comprender de manera rigurosa el funcionamiento real de sus ecosistemas. Indicadores clave como la compactación e infiltración del suelo, la presencia de lombrices y la biodiversidad local permitirán establecer una línea base y evaluar, con datos duros a lo largo del tiempo, el impacto directo de las prácticas regenerativas implementadas.

“One Block Challenge es una oportunidad para avanzar desde la medición y el aprendizaje compartido, generando conocimiento que nos permita seguir mejorando la salud de nuestros suelos y la biodiversidad de nuestros campos sin perder de vista la productividad agrícola. Lo más relevante es que este desafío reúne a distintos actores de la industria en torno a un objetivo común”, señaló Valentina Lira, Gerente de Sustentabilidad de Viña Concha y Toro.

“Sumarnos al One Block Challenge es una oportunidad clave para trabajar junto a otras viñas con una mirada colaborativa sobre un desafío ambiental común. Como industria, entender la salud de los suelos y la biodiversidad requiere pasar a la acción concreta en el terreno; por eso este proyecto es tan valioso, ya que nos permite comparar aprendizajes, medir el impacto real de nuestras prácticas regenerativas y avanzar unidos hacia una vitivinicultura más sustentable”, destacó Josefina Astaburuaga, Head of Impact de Viña Montes.

Con esta iniciativa, Viña Concha y Toro y Empresas B buscan impulsar una conversación y una acción concreta en torno al futuro de la vitivinicultura, promoviendo la colaboración entre distintos actores para avanzar hacia sistemas agrícolas más saludables, resilientes y preparados para los desafíos del futuro.

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La convocatoria busca desarrollar capacidades para incorporar innovación, sostenibilidad y mayor valor agregado en actividades productivas, con una formación especializada disponible para profesionales y técnicos de todo el país.

Corfo abrió las postulaciones al diplomado “Formación en Bioeconomía para la Competitividad y Sostenibilidad de Sectores Productivos”, que contempla 254 becas para profesionales y técnicos de todo el país. La iniciativa busca fortalecer capacidades para incorporar innovación y nuevas formas de aprovechamiento de los recursos biológicos en los procesos productivos.

El programa está dirigido a personas vinculadas a áreas como procesos productivos, gestión de recursos, manufactura, diseño de productos, sostenibilidad y eficiencia productiva, entre otras disciplinas. La formación será online, permitiendo la participación desde las distintas regiones del país.

La bioeconomía plantea el desarrollo de productos, procesos y soluciones a partir del uso sostenible de recursos de origen biológico, buscando generar mayor valor y eficiencia en las actividades productivas. Este enfoque puede tener aplicaciones en sectores como la agricultura, la acuicultura y la industria alimentaria, entre otros.

Para el director regional de Corfo Aysén, Francisco Saldivia, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante para regiones cuya actividad económica mantiene una estrecha relación con sus recursos naturales. “Para Aysén, fortalecer este tipo de capacidades es especialmente relevante. Nuestra región tiene actividades productivas estrechamente vinculadas a sus recursos naturales, por lo que avanzar hacia nuevas formas de aprovechamiento, incorporando innovación y mayor valor agregado, es parte de los desafíos que tenemos para seguir diversificando nuestro desarrollo productivo. Desde Corfo queremos acompañar ese proceso, generando condiciones para que el conocimiento y la innovación se traduzcan en nuevas oportunidades para nuestras actividades productivas”.

La formación permitirá a los participantes identificar oportunidades de aplicación de la bioeconomía y desarrollar herramientas que puedan ser incorporadas en sus respectivos ámbitos de trabajo, contribuyendo a procesos productivos más eficientes y sostenibles.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre, a las 15:00 horas, a través de www.becascapitalhumano.cl, donde se encuentran disponibles las bases, requisitos y antecedentes del programa.

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La instancia revisó las reclamaciones de los proyectos Aguas Marítimas en la región de Antofagasta y la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera. Con esto, antes de cumplir de seis meses de Gobierno, el órgano ha sesionado en 10 oportunidades, en los que se han revisado 26 proyectos que involucran más de US$17.746 millones de dólares de inversión.

Dos proyectos, cuya inversión suman US$5.811 millones, revisó el Comité de Ministros en la décima sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast y décimo segunda del año. La instancia, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo Echegaray, confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables para la Extensión del Metro de Valparaíso a Quillota y La Calera y para el proyecto Aguas Marítimas. Además, analizó un recurso por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 respecto de la segunda etapa del Embalse Convento Viejo en la región de O´Higgins.

Los secretarios de Estado revisaron los recursos de reclamación para el proyecto Aguas Marítimas ubicado en la región de Antofagasta que contempla la producción de 700.000 m³/día de agua mediante una planta desalinizadora de osmosis inversa para consumo humano e industrial. ​La iniciativa contempla una inversión de US$5 mil millones y fue aprobado por la COEVA de Antofagasta el 18 de mayo pasado y los recursos de observantes de participación ciudadana ingresaron el 16 de junio.

También las autoridades deliberaron sobre los recursos presentados a la extensión de Metro de Valparaíso a las ciudades de Quillota y La Calera, conectando 26 kilómetros en 28 minutos. El proyecto considera la habilitación e implementación de este servicio ferroviario de transporte público de pasajeros para extender la actual red de transporte de pasajeros de Metro Valparaíso. La inversión estimada de la iniciativa es de US$811 millones.

Por otra parte, se revisó la reclamación por el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre el embalse Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura que ya había sido aprobada en el año 2004 y que consistió en la construcción de la segunda etapa del embalse de regulación de agua para riego Convento Viejo y considera la ampliación de la presa principal de 16,5 m a 32 m de altura, una presa auxiliar, aliviadero de crecidas, desagüe de fondo y obras de entrega. En la sesión de hoy, el Comité de Ministros resolvió dejar sin efecto el proceso de revisión desarrollado por la Comisión de Evaluación de la Región de O’Higgins, por lo que la RCA se mantiene sin modificación alguna al respecto.

En la reunión en la que participaron los ministros de las carteras de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se decidió rechazar las reclamaciones administrativas de las 2 iniciativas.

Con esto, en menos de 5 meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha revisado 26 proyectos con una inversión estimada de US$17.736 millones. Entre las iniciativas, se cuentan 23 reclamaciones administrativas; 2 reclamaciones por el artículo 25 quinquies y 1 recurso de invalidación.

Sobre el Comité de Ministros

El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.

Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.

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Las 197 Partes consiguen financiación y avances para restaurar tierras y pastizales, pero trasladan a la COP18 el acuerdo destinado a cambiar el paradigma mundial: anticiparse a las sequías en lugar de reaccionar cuando el daño ya está hecho.

La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), celebrada en Mongolia, cerró este viernes sin acuerdos contra la sequía, pero con 1.300 millones en financiación.

Un hecho que celebran desde WWF, ya que la restauración de los pastizales es uno de los problemas más acuciantes en el mundo. Sin embargo, lamentaron que la conferencia terminase sin llegar a acuerdos firmes para frenar la desertificación.

Un año más, las discrepancias entre las diferentes delegaciones obligaron a posponer la firma de un acuerdo de cara a la próxima cita internacional. Estas diferencias deben solucionarse cuanto antes o no quedará tiempo para afrontar la crisis climática.

Con un aumento del 30% de las sequías, para 2050 se prevé que la escasez hídrica afecte a tres de cada cuatro personas. El tiempo de tomar medidas es ahora; las consecuencias del cambio climático ya están aquí.

La COP17 contra la desertificación

La COP17 sobre desertificación cerró formalmente este viernes en Ulán Bator (Mongolia) con 1.300 millones de financiación, pero sin un acuerdo firme contra la sequía.

Desde la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebraron la movilización de dinero, pero lamentaron la falta de acuerdos, ya que se lleva aplazando desde la edición anterior y el tiempo de tomar medidas se agota.

En un comunicado, la ONG expresó lo siguiente: «La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria».

Según WWF, “se acordaron decisiones progresistas con el fin de proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los pastizales y las praderas que antes habían sido desatendidos, así como apoyar a los pastores y comunidades locales marginados y transitar hacia una agricultura que beneficie a la naturaleza».

Sin embargo, la falta de medidas concretas y firmes es algo que lamentan desde WWF, ya que, pese al esfuerzo de muchos países, no se llegó a tomar ninguna decisión final.

«Lamentablemente, las discrepancias entre las Partes en otros temas impidieron que se concretara el conjunto de decisiones colectivas más ambiciosas», declararon desde la ONG.

Tras dos semanas de negociaciones, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) aplazaron el acuerdo de la sequía hasta la COP18, donde prometen (una vez más) tomar decisiones proactivas para frenar este fenómeno.

Y es que ya en 2024, durante la COP16 celebrada en Arabia Saudí, se aplazó la toma de decisiones de cara a esta COP17. Ante el aumento del 30% de las sequías desde el 2000 y con una previsión de escasez hídrica que afectará a tres de cada cuatro personas, no se puede seguir posponiendo la firma de un acuerdo para frenarla; el cambio climático ya está aquí.

Joao Campari, líder global de Alimentación y Agricultura de WWF, declaró que «la COP17 ha sentado bases sólidas, pero ahora debemos centrarnos en la implementación sobre el terreno y en el apoyo a las comunidades locales para lograr beneficios duraderos para todos».

Fuente/Ecoticias
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A más de 4.000 metros de altitud, la iniciativa consolida un acuerdo pionero en la industria donde Teck renuncia al uso extractivo de sus derechos mineros y de agua, mientras la comunidad resguarda su patrimonio mediante el Derecho Real de Conservación.

En una ceremonia realizada en la comuna de Ollagüe, se certificó a los primeros guardaparques locales encargados de ejecutar el Plan de Manejo Adaptativo que abarca monitoreo hídrico, investigación de biodiversidad y turismo sustentable.

En una ceremonia realizada en la sede social de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO), autoridades, representantes de Teck y la comunidad local formalizaron el inicio del Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha. La iniciativa abarca más de 6.000 hectáreas entre el salar y la Quebrada de Coasa, combinando la protección ambiental con la preservación del patrimonio cultural indígena a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El evento marcó el hito de certificación de los primeros guardaparques pertenecientes a la propia comunidad, quienes tendrán la labor directa de resguardar el territorio. El proyecto, originado como medida de compensación ambiental para la expansión de la operación Quebrada Blanca y co-diseñado durante seis años, se respalda en la figura legal del Derecho Real de Conservación constituido por la CIQO sobre sus tierras. Por su parte, la compañía minera renunció de forma definitiva al uso extractivo, minero o comercial de sus derechos de agua y concesiones mineras en el sector, destinándolos exclusivamente a la conservación.

Sobre el alcance operacional y el diálogo comunitario tras el hito, el vicepresidente Senior de Operaciones Latinoamérica de Teck, Dale Webb, señaló:  «Este proyecto refleja una forma renovada de entender nuestra presencia en el territorio. La viabilidad y el éxito de nuestras operaciones dependen directamente del respeto por el entorno y del valor que le damos al conocimiento ancestral de las comunidades. Este hito es el resultado de un proceso de diálogo transparente que nos demuestra que la excelencia operacional solo es posible si caminamos de la mano con el desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes.

Por su parte, Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de Teck, destacó el impacto de este modelo de gestión participativa. “El Salar de Alconcha es la prueba tangible de que no nos conformamos con mitigar impactos, sino que buscamos generar un valor ambiental indiscutiblemente positivo y construido en alianza genuina con sus comunidades”, indicó.

La presidenta de la comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, Lidia Mendoza declaró que «el inicio del proyecto de conservación del Salar de Alconcha es el fruto de más de seis años de trabajo conjunto con Teck, impulsado por nuestro deseo de seguir protegiendo y resguardando nuestro territorio y patrimonio. Para nuestra comunidad es fundamental conservar un espacio que se mantiene libre de impactos y explotación, lo que nos permite dar continuidad a nuestras costumbres, ritos ancestrales y las actividades que desarrollamos”.

Reconocimiento internacional a la sostenibilidad

El modelo de gobernanza y co-creación alcanzado entre la comunidad y la empresa obtuvo este año un importante respaldo internacional al ser galardonado con el TSM Community Engagement Excellence Award, otorgado por la Asociación Minera de Canadá (MAC). El premio reconoce globalmente a las iniciativas que sobresalen por su aporte al relacionamiento transparente con las comunidades y la gestión responsable de los recursos naturales.

Tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, la iniciativa pone en marcha un Plan de Manejo Adaptativo enfocado en cuatro ejes: investigación y protección de biodiversidad (estudios en bofedales, vizcachas, aves en conservación y protección de la llareta), monitoreo hídrico continuo, educación ambiental mediante senderos interpretativos y el fomento del turismo sustentable con identidad local.

Con la gobernanza y la evaluación de alternativas de financiamiento a largo plazo, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe y Teck inician las operaciones en terreno para la protección de la biodiversidad y el desarrollo del territorio en la Región de Antofagasta.

La ceremonia contó con la participación de Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental e Ignacio Malig, director nacional de Conadi.

“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha tiene su origen en una medida de compensación ambiental que incorporó la participación y el conocimiento territorial de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, incluyendo un proceso de consulta indígena que permitió recoger su visión respecto de un territorio que posee un profundo valor ambiental, cultural y ancestral. La evaluación ambiental tiene por propósito identificar adecuadamente los impactos ambientales de los proyectos, establecer las medidas necesarias para hacerse cargo de ellos y generar espacios efectivos de participación para las comunidades y los distintos actores del territorio”, indicó Arturo Farias, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

“El Proyecto de Conservación del Salar de Alconcha, desarrollado conjuntamente por la empresa Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, transforma una medida de compensación ambiental en una iniciativa de conservación de más de 6.000 hectáreas de ecosistemas altoandinos de alto valor ecológico y cultural. La ceremonia marcó el inicio oficial del proyecto tras la obtención de su RCA y certificará a los guardaparques de la comunidad que liderarán su implementación y protección, generando una conexión virtuosa entre los habitantes del lugar y la empresa. Este proyecto representa un ejemplo concreto de colaboración entre el sector privado y una comunidad indígena en favor de la conservación ambiental, combinando protección del patrimonio natural, resguardo cultural y participación comunitaria para la preservación de un ecosistema de alto valor para Chile”, señaló Ignacio Malig, director nacional de Conadi.

Foto Portada/Jhean Camilo Ramírez, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ollague;
 Mario Ortiz, gte. gral. Teck Quebrada Blanca; Dale Webb, vicepresidente Senior 
Operaciones Latinoamérica Teck; Lidia Mendoza, presidenta Comunidad Indígena 
Quechua de Ollague; Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer Teck; Arturo Farias,
 director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental; Ignacio Malig, director 
nacional Conadi y Cristián Ramíerz, delegado Presidencial Provincial de El Loa

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