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Fórmula de Energía para moderar futuras alzas de las cuentas de la luz
Gobierno ya tiene listo nuevo modelo para las licitaciones de suministro eléctrico que realizará en marzo y que definirán las tarifas a partir de 2015, dice el subsecretario Sergio del Campo.
Atenuar las fuertes alzas en las cuentas de la luz que afectarán a los clientes residenciales a mediados de la década. Esa es una de las principales metas que se impuso el Ministerio de Energía en el último año del gobierno.
La autoridad reconoce que la estrechez de oferta de energía y la falta de nuevos proyectos de generación hidroeléctricos y termoeléctricos (que tienen costos más bajos) tendrán un impacto en el valor de la energía que contratarán las distribuidoras a las generadoras en la próxima licitación de suministro.
El proceso es clave, porque la energía contratada cubrirá el 27% de la demanda del mayor sistema eléctrico (SIC). Además, incidirá en las tarifas del 93% de los hogares del país a partir de 2015. Ese año vencen los contratos que las distribuidoras pactaron en 2007.
Ante este escenario, el Ministerio de Energía trabajó insistentemente en los últimos meses en dar con una fórmula de licitación que resguarde a los usuarios.
El nuevo modelo, que está definido y socializado con las eléctricas, tiene tres pilares.
El primero, consiste en dividir en dos bloques los volúmenes de energía que requerirán las distribuidoras para los clientes: uno comprende la energía que se necesita entre 2015 y 2019 y el otro la demanda que va desde 2019 hasta 2029 o 2031.
Como hoy está más limitada la oferta de energía, si se licita en un solo bloque está el riesgo de que los precios queden altos por todo el período, porque las generadoras no tienen espacios para construir centrales competitivas en sólo tres años. Al colocar un bloque a partir de 2019 se les da a los privados siete años de margen.
El subsecretario de Energía, Sergio del Campo, da cuenta de esta situación. “La idea de hacer la licitación en dos bloques evitará mantener, en el largo plazo, precios de energía altos y permitirá, también, la incorporación de nuevas empresas interesadas en suministrar energía a los distribuidores”.
El segundo pilar del nuevo modelo de licitación es el concepto de “Precio Techo Sombra” de la energía, el que ya levantó la voz de alerta de las empresas generadoras. Del Campo detalla que en la licitación habrá un precio máximo para adjudicar la energía, que será público, como sucede en todo proceso.
A ese esquema se sumará otro “Precio Techo” de la energía que será de referencia y sólo lo sabrá el gobierno. Este reflejará lo que cuesta generar la energía con una central eléctrica competitiva.
Con esto, el gobierno quiere dar una señal de largo plazo de los precios y evitar que todas las compañías vayan a la licitación suscribiendo los valores máximos, como ha sido en el pasado. “Se pueden tomar tecnologías como el Gas Natural Licuado (GNL) o como el carbón, donde hay un precio determinado que da una rentabilidad razonable para ese proyecto en el largo plazo. Si ese es el costo de desarrollo del sistema, como gobierno queremos que ese precio de la energía esté lo más vinculado posible a ese costo de desarrollo del proyecto de generación eléctrica”, detalla.
El último pilar comprende impulsar la licitación en grupo de toda la energía de las distribuidoras y no dividirla por los requerimientos de cada empresa. Así se licitará un solo gran bloque de energía que será asignado a quienes oferten el menor precio hasta el más alto establecido (techo), y luego se entregará proporcionalmente entre las distribuidoras, a prorrata.
“Con este nuevo modelo queremos ver la forma de lograr generar las condiciones y el atractivo para que los contratos con las empresas distribuidoras sean tan competitivos para las generadoras como los contratos que las generadoras obtienen con las compañías mineras”, explica el subsecretario.
Del Campo indica que el modelo de licitación actualmente está en revisión y se espera que las eléctricas manifiesten sus opiniones. La meta es licitar en el primer trimestre del año. “Queremos tener todo listo en marzo”, afirma.
Agrega que las modificaciones que puedan surgir de la revisión de la nueva figura serán menores. “La estructura misma no variaría mucho. Los cambios que podría haber fundamentalmente están orientados a cautelar que los clientes residenciales puedan tener el precio de la energía más bajo posible”, manifiesta.
Valores y shale gas
En la industria eléctrica coinciden en que, producto de la falta de proyectos, es factible que para el primer bloque de energía las ofertas de las generadoras se sitúen entre US$ 100 y US$ 130 por MWh. Estos rangos superan al promedio de US$ 76 por MWh logrados en los contratos de 2007. En cambio, para el bloque que comprende el período que va desde 2019, gerentes del sector reconocen que los precios pueden estar más cercanos a US$ 110 por MWh o menos.
La apuesta del gobierno es que para la energía contratada en 2015 el GNL sea ya una tecnología de punta, impulsada por el shale gas (gas no convencional) que se está usando actualmente en EEUU.
Sergio del Campo sostiene que con el shale gas se pueden tener menores precios del gas natural y mejorar la competitividad del país, tal como sucede en el país del Norte. “Si logramos capitalizar la oportunidad que representa la exportación de GNL desde EEUU a Chile, el shale gas debería producir una caída fuerte del precio del gas natural. En ese país, la baja ha sido de los US$ 8 a US$ 12 el millón de BTU (Unidad Térmica Británica, en inglés), a US$ 3 el millón de BTU. Eso ha significado un cambio en la competitividad muy grande de EEUU”, explica.
Agrega que si el GNL reemplaza al diésel en la producción de energía y si mantenemos la hidroelectricidad y el carbón, podemos tener menores precios de energía.
Pese a la estrechez de los plazos, la autoridad confía que en Chile se podrán construir proyectos para abastecer la demanda.
Destaca la iniciativa de los estadounidenses Australis Power y Cheniere Energy, junto con las chilenas Andes Mining Energy y Gasoducto Innergy. El proyecto Octopus contempla dos unidades de ciclo combinado por 1.150 MW en la Octava Región, que quiere usar el shale gas.
Además, enfatiza las iniciativas que impulsarán las mineras para abastecer sus demandas de energía, producto del millonario plan de expansión del sector: entre US$ 70 mil millones y US$ 100 mil millones en los próximos años.
“El escenario dependerá de la construcción de nuevas centrales termoeléctricas en lo que resta de está década, en sustitución de un desarrollo hidroeléctrico”, dice.
«Gobierno está dando señal de que se están generando condiciones (para invertir)»
EL gobierno está dando una clara señal a los privados en cuanto a que se están generando todas las condiciones para invertir en Chile. Ese es el mensaje que quiere entregar el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, al sector empresarial, luego de cerrar un 2012 marcado por la crítica a la falta de proyectos de energía y judicialización de procedimientos, además de la paralización, por la mayor incertidumbre, de la línea de transmisión de HidroAysén.
¿Qué marcará la gestión del ministerio este 2013?
Este año se consolidará el trabajo del gobierno en materia de desarrollo del sector, sobre todo en la expansión del sistema de transmisión. Esto permitirá que hacia fines del próximo gobierno se garantizará un mejor funcionamiento y despacho económico de las centrales de generación. A diferencia del actual escenario, dadas las restricciones en el traslado de energía que tiene el sistema y que impide que se utilice al máximo la energía que es más barata. Debido a ese problema, no se puede lograr una mayor reducción en los precios de la energía y eso explica que en 2012 hayamos tenido diferencias de precios en zonas como Concepción y Santiago de hasta tres veces en los clientes industriales.
¿Cuáles son los plazos que manejan para sacar los proyectos de ley en trámite?
Tenemos la meta de que el proyecto Carretera Eléctrica y la Ley de Concesiones se aprueben antes de julio. Esperamos que el proyecto de concesiones se apruebe al más breve plazo en la Cámara y pase en marzo al Senado.
¿Existe más convencimiento político de que estos temas deben resolverse?
Los parlamentarios han comprendido que este es un tema país, que hay una crisis asociada a precios altos de la energía y que estamos pasando por una transición. En esa línea, se ha comprendido que estos proyectos, que están vinculados directamente a la transmisión, afectarán a los futuros gobiernos y que se van a beneficiar con su aprobación. Hay un mejor entendimiento de los parlamentarios de la oposición y están cooperando.
¿El año 2013 se allanará el camino para la reactivación de las inversiones del sector?
Hay una señal clara del gobierno hacia los inversionistas con estos proyectos de ley que hoy se están aprobando (…), estamos dando una señal de que se están generando las condiciones. Esto, más la puesta en funcionamiento de la nueva institucionalidad ambiental, contribuye a que la regulación funcione mejor y a que disminuya el riesgo de los proyectos vinculado a las problemáticas que vivimos el 2012.
¿Las dudas que planteó el sector están despejadas?
Siento que despejar las dudas pasa también por definir con claridad el rol que tiene cada uno de los actores en el desarrollo del sector eléctrico. Los propios empresarios consideran que es importante incrementar la participación ciudadana previa a la participación contemplada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esa autocrítica es muy importante.
¿Pero en relación a la definición de una política de largo plazo para el sector?
Reconociendo que hay bastantes avances con los planteamientos y proyectos de ley, tenemos que avanzar aún más en un mecanismo de participación ciudadana. Así se puede reflejar la real necesidad de informar adecuadamente no sólo los proyectos de inversión que se instalarán en sus entornos, sino que, además, mostrar cuáles son las verdaderas opciones que tenemos los chilenos de producir energía eléctrica y a qué precios de la energía podemos aspirar, en la medida en que no usamos los recursos renovables que el país tiene.
¿Se refiere al aporte que pueden hacer las grandes centrales?
En la estrategia nacional de energía, lanzada por el Presidente Piñera en febrero de 2012, decimos que es fundamental utilizar al máximo los recursos renovables que disponemos. El agua es el principal recurso renovable y no podemos prescindir de él. Si analizamos la incorporación de proyectos hidroeléctricos hacia los años 2021 o 2022, podríamos tener precios de la energía en el Sistema Interconectado Central (SIC) equivalentes a los que hoy tiene el Norte Grande, de entre US$ 60 a US$ 80 por MWh. Esos son los precios que podemos tener si incorporamos la hidroelectricidad en mayor medida en la matriz.
¿El apoyo político que requieren iniciativas como esas existe en este momento?
Lo que tiene que funcionar es la institucionalidad medioambiental, la que se tiene que cumplir. Y, si se cumple, los proyectos se tienen que ejecutar. Tendríamos una mayor comprensión por parte de la comunidad en relación a cómo desarrollar el sector eléctrico para respaldar el crecimiento, si esta comunidad tuviese mayores grados de información de las opciones. Lo que tenemos que generar son mecanismos que puedan permitir una expresión y un conocimiento de la ciudadanía más adecuada para tomar una decisión al respecto.
por Carolina Pizarro Maureira / Foto: Richard Ulloa
Fuente:www.latercera.com
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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¿A quién afecta el cambio climático? 65% de participantes de estudios considera que el riesgo es mayor para otros que para sí mismos
Codelco y Schneider Electric sellan acuerdo para impulsar la digitalización y eficiencia energética en minería
Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin
Ecosistemas y Áreas Protegidas en Chile
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