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¿Impuesto al carbono o subvenciones verdes?

En 2018, la Comisión Europea actualizó la Bioeconomy Strategy. La iniciativa pretende impulsar la investigación y adopción de tecnologías sostenibles en los sectores primarios (agricultura, silvicultura, pesca, alimentos, bioenergía y productos biológicos), junto con actividades relacionadas en las industrias química, biotecnológica y energética.
Los principales objetivos de este ambicioso plan son:
- La creación de puestos de trabajo.
- Reducir emisiones y la dependencia de la energía de origen fósil.
- Renovar y modernizar la producción primaria.
- Impulsar un ecosistema saludable y la biodiversidad.
La Comisión Europea ha optado por una suerte de Green New Deal que viene a complementar el mercado de derechos de emisión de la UE. Pero ¿es mejor un Green New Deal, que apueste por masivas subvenciones a los sectores “verdes”, o un impuesto al carbono que grava, en origen, el uso de energía de origen fósil?
Evolución de las emisiones de CO₂ que la Agencia Internacional de la Energía imputa a la generación de energía: combustibles consumidos en el transporte y producción de electricidad y calor. Agencia Internacional de la Energía, Author provided
¿Qué son las externalidades?
La Teoría Económica nos dice que hay que gravar aquellas actividades que generan externalidades negativas y subvencionar aquellas que generan externalidades positivas.
- Una externalidad negativa (emisiones, congestión, humo, ruido) es un coste que no soporta quien lo genera.
- Una externalidad positiva (efectos positivos en el medio ambiente, la sociedad) es un beneficio que no recibe quien lo ocasiona.
Por tanto, no se tienen en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad de la actividad.
Los impuestos o subvenciones son las herramientas políticas para que el agente internalice ese coste o beneficio.
¿Impuestos o subvenciones?
Los ampliamente utilizados términos bioeconomía o economía donut no son nuevos paradigmas. Son conceptos analizados en la Teoría de Economía Pública: la existencia de externalidades y sus efectos sobre la asignación de mercado.
Una forma muy sencilla de subvencionar un sector industrial sería con un impuesto al CO₂ negativo: aquella actividad que elimine o fije CO₂ recibe una subvención en función de la cantidad fijada. Esta política se puede dirigir, en mayor o menor medida, a todo el sector agroalimentario.
Sin embargo, hay costes que no aparecen computados en la cuenta de explotación de muchas empresas:
- Las emisiones derivadas del proceso de producción.
- Los costes sociales del reciclaje de los residuos.
Por su parte, las empresas que emiten CO2 están obligadas a comprar derechos de emisión con los que, parcialmente, internalizan esos costes. Pero el precio de los derechos está muy por debajo del que se estima necesario para hacer frente al cambio climático: unos 29€ por tonelada. Una cifra por debajo de los 40 dólares (unos 36 euros) que propone el impuesto-dividendo al CO₂, una iniciativa promovida por el Climate Leadership Council en el marco del llamado Carbon Dividend Act estadounidense.
El actual EU Emissions Trade System o sistema europeo de comercio de emisiones sigue un mecanismo de subasta que no logra que las empresas internalicen su aportación al cambio climático. Por eso el precio del derecho de emisión es tan barato y, por eso, el sistema europeo debe ser reformado por un buen impuesto-dividendo al carbono.
El impuesto al carbono franco-alemán
El Consejo de Análisis Económico francés y el Consejo Alemán de Expertos Económicos han propuesto conjuntamente un sistema europeo de impuesto al carbono. Creemos que la propuesta tiene varios problemas de diseño de incentivos a la reducción de emisiones que exponemos a continuación.
La propuesta sugiere extender el EU Emissions Trade Scheme a más sectores, pero sigue sin resolver el principal problema: un sistema de subasta de derechos de emisión NO hace que las empresas internalicen la externalidad negativa, es decir, las emisiones.

Las empresas siempre pujarán por un precio menor que el socialmente eficiente. Además, al gravar a los sectores y no directamente el input (energía fósil) en origen (como sí hace el impuesto-dividendo al carbono) se distorsiona la estructura de costes de las empresas.
El impuesto en origen no tiene un fin recaudatorio sino disuasorio: su objetivo es que su base imponible desaparezca con el tiempo al responder las empresas cambiando sus tecnologías. El impuesto a las empresas grava una base mucho menos elástica y, por tanto, es más distorsionante.
Por otro lado, el impuesto en origen (se grava a las refinerías y empresas por donde la energía fósil entra en la economía) es mucho más efectivo para evitar el carbon leakage, es decir, que las empresas cambien su localización en función de los impuestos pagados (o subvenciones recibidas).
La propuesta incorpora implícitamente que el impuesto irá acompañado de subvenciones, lo que supone una iniciativa redundante a la Bioeconomy Strategy. Esta tiene un enfoque claro y un programa definido, y podría ampliarse.
La iniciativa destaca la esperable mayor efectividad del precio al carbono en los “países pobres de la UE.” La razón: los costes de mitigación de las emisiones de CO₂ en estos países tienden a ser más bajos. Esta hipótesis es errónea y no tiene en cuenta efectos dinámicos y de equilibrio general.
En un reciente artículo analizamos la relación entre el uso de energía limpia y el PIB de distintos países. Hemos demostrado que el uso creciente de energías renovables, y por tanto que reducen las emisiones de CO2, solo repercute en crecimiento económico cuando se sustituyen energías fósiles por energías renovables de frontera (solar, viento, olas, geotérmica; por oposición a convencionales: hidroeléctrica y biomasa) y sin que aumente la intensidad energética.
Nuestros resultados sugieren que el impuesto al carbono puede tener un efecto multiplicador si la demanda se orienta hacia las energías renovables de frontera. Esto puede ser muy difícil para los países que enfrentan dificultades en la gestión de su mix energético, los países más pobres. Por tanto, la propuesta franco-alemana no favorece a los estados con menos recursos de la UE.
Se propone que el dividendo –la transferencia que hace que el impuesto al carbono sea neutral– se dirima a nivel nacional, es decir, que no haya subsidios cruzados entre estados de la Unión Europea. Esto provoca una gran distorsión en un espacio económico donde hay libertad de movimiento de capitales y de empresas y redunda en que sea más difícil de aceptar políticamente.
Además, cabe esperar importantes distorsiones y escasos dividendos en los países que han de afrontar grandes cambios tecnológicos, frente a pequeñas distorsiones (o incluso ganancias comparativas) e importantes dividendos a distribuir en aquellos países que llevan años mitigando sus emisiones.
Un impuesto uniforme sectorial es mucho más difícil de aceptar políticamente que el impuesto en origen. Muestra de ello son los acontecimientos recientes de movilización de los llamados “chalecos amarillos” en Francia, que podrían estar enturbiando esta estrategia de esfuerzo climático.
Frente a la propuesta franco-alemana, nosotros apostamos por la combinación de la Bioeconomy Strategy (posiblemente ampliada) y un impuesto-dividendo al CO₂ bien diseñado.
Las dos medidas son complementarias: la bioeconomía se refiere a iniciativas dirigidas a la modernización sectorial (primaria en este momento, pero en el espíritu del Green New Deal), mientras que el impuesto al carbono ideal afecta a los extractores de la energía fósil. Una medida se dirige a la externalidad positiva y la otra, a la negativa.
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Desarrollo Sostenible
Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Conversación
Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos
Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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Conversación
Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .
La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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