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Incentivo a mujeres para postergar la jubilación elevará sus pensiones en hasta 14%
El beneficio sobre el que trabaja hoy el equipo técnico a cargo es un bono adicional a todos los complementos fiscales vigentes para pensiones autofinanciadas. Se tratará de premiar en forma creciente cada año de postergación del retiro y su financiamiento saldrá del Sistema de Ahorro Colectivo. Dos fórmulas de tasas están en evaluación.
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El diseño está en construcción, todavía sujeto a simulaciones y cálculos actuariales, pero la estructura y el tipo de incentivo ya fueron definidos. Para alentar la postergación voluntaria de la edad de jubilación por parte de las mujeres, desde el actual mínimo legal de 60 años hasta un umbral de 65 años, el gobierno propondrá la entrega de un bono que premiará los años que se posponga el retiro y que implicará un incremento máximo de 14% en el valor de la pensión final para quienes extiendan en cinco años adicionales sus cotizaciones obligatorias.
De acuerdo a expertos que conocen del trabajo de elaboración del proyecto de ley de reforma previsional, que estaría listo hacia fines de julio próximo, el beneficio será un componente extra a todos los complementos fiscales vigentes para pensiones autofinanciadas vía sistema de AFP (incluida las rentas vitalicias) y su financiamiento saldrá del nuevo Sistema de Ahorro Colectivo o también llamado Cuarto Pilar. Este se nutrirá con dos puntos porcentuales del aumento de 5% en la tasa de cotización obligatoria, de cargo del empleador, el eje sobre el que se construye la reforma anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, aseguran personeros del equipo técnico a cargo.
“La postergación voluntaria de la edad de retiro hasta los 65 años incrementará la pensión entre 35% y 50%, dependiendo de la densidad de cotización. El efecto bono, que se suma al efecto anterior, implica un aumento promedio de alrededor de 14%”, señalan presentaciones oficiales recientes de Hacienda y Trabajo sobre el tema. En el caso de Trabajo, por ejemplo, a través de la última cuenta pública de la Superintendencia de Pensiones (PS).
Otro cálculo que hacen en un sector del equipo económico es que entre la pensión autofinanciada, el Aporte Previsional Solidario (APS) de cargo fiscal para las pensiones generadas por el sistema privado de hasta $ 304.062 (en julio próximo cambiará el valor), el bono por hijo nacido vivo, además de las futuras prestaciones que entregará el Pilar Colectivo y el nuevo bono femenino para postergar la jubilación, las trabajadoras podrían ver elevada su pensión final en torno a 80% en promedio.
* Dos modalidades posibles
Altos personeros de gobierno detallan, además, que el bono se aplicará en forma creciente según los años de postergación por los que opte la cotizante, y que si bien los técnicos aún no deciden el mecanismo de gradualidad, a la fecha trabajan en dos alternativas que, reiteran, son las que más avance actuarial tienen, aunque no hay decisión zanjada.
El primero y que para un grupo de los técnicos a cargo es la modalidad más probable, es un beneficio de tipo proporcional a los años de retraso de la jubilación, lo que implicaría que por cada año de postergación la pensión se elevaría del orden de 2,8% (aunque se habla también de un rango de 2,5%-3%). La segunda opción es que no sea un beneficio proporcional, sino que tenga una lógica exponencial: es decir, un bono que premiaría con tasas diferentes, pero crecientes, cada año de postergación de la jubilación, hasta llegar a 14% en el caso de quienes retrasen en cinco años su retiro.
“Todo esto está siendo sometido a muchas más simulaciones actuariales, pero el principio ya está definido y es el premio a la postergación de la edad de jubilación legal”, afirman en el equipo tras el diseño.
De esta manera, agregan los mismos expertos, una mujer que postergue su retiro en cinco años deberá recibir un aporte mayor, dado el esfuerzo que hay detrás, lo que no significa que quienes la retrasen entre un año y cuatro años no obtengan un complemento. “Sí o sí recibirán un complemento como premio por ese esfuerzo de seguir trabajando para mejorar su pensión. Pero el principio de equidad es lo que motiva esta propuesta y, por eso, el aumento sobre la pensión sería menor al 14% si es que la trabajadora, legítimamente, decide postergar su jubilación sobre el piso legal en menos años que cinco”, insisten en el Ejecutivo.
* Límites a altos ingresos
Las mismas fuentes aclaran, en todo caso, que dado el principio de solidaridad detrás de la propuesta, la definición general es que en cualquiera de las dos alternativas el bono implica un aumento máximo de 14% de la pensión, de manera que si una mujer posterga por sobre los 65 años su jubilación no recibirá más que ese aumento. Así también, agregan, el beneficio tendrá como techo el tope imponible vigente a la fecha en que la mujer decida jubilarse, para evitar un efecto regresivo.
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El actual tope imponible para la cotización previsional obligatoria es de 75,7 UF, $ 2.010.699 al día de hoy. La propuesta de reforma apunta a igualarlo gradualmente al valor máximo fijado en el seguro de cesantía, que es de 113,5 UF, a la fecha $ 3.014.721, manteniendo la indexación al ajuste real de remuneraciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
“La reforma previsional que ha planteado la Presidenta Bachelet parte con un principio de solidaridad irrebatible y se sustente en una lógica de equidad solidaria, pero también de premio al esfuerzo para ahorrar. Esto implica que todo esfuerzo se reconocerá, porque finalmente si bien la reforma apunta o surge con el propósito de mejorar las pensiones de los trabajadores y/o adultos mayores de menores ingresos, también debe reconocer y beneficiar el esfuerzo de quienes tuvieron mayores ingresos, por tanto, obtendrán igualmente una pensión mejor, pero han contribuido al Pilar Colectivo”, subrayan los personeros.
* El financiamiento
El proyecto de ley de reforma previsional se sustenta en un aumento en la tasa cotización obligatoria desde el actual 10% a un nivel de 15%, que será de cargo del empleador y gradual, completándose en un período de seis años. Esto implicaría un incremento de 0,8% anual en el monto destinado a la cotización obligatoria adicional.
Según la definición dada por la Presidenta, añaden en el Ejecutivo, el excedente de cotización será administrado por una nueva entidad pública, creada para esos fines, y los cinco puntos porcentuales adicionales se distribuirán en un 3% hacia las cuentas individuales de los afiliados y el restante 2% irá a un Sistema de Ahorro Colectivo que operará como un seguro solidario.
El nuevo sistema colectivo o Cuarto Pilar, a su vez, distribuirá ese 2% en tres objetivos solidarios: un 1% irá a un componente intergeneracional (los actuales cotizantes ayudan a los actuales pensionados; los cotizantes jóvenes ayudan a los cotizantes mayores) y entre un 0,6% y 0,7% irá a un componente intrageneracional (solidaridad entre cotizantes de altos ingresos con aquellos de menores ingresos). El restante 0,3% a 0,4% de excedente irá a financiar el bono de incentivo para la postergación voluntaria de la jubilación de la mujer, precisan en el equipo técnico.
* Las expectativas
De acuerdo a los datos de Hacienda y la SP, el componente intergeneracional elevará en 20% promedio las pensiones autofinanciadas de los actuales jubilados de vejez de AFP, desde los 65 años. Al 31 de marzo pasado, según los datos oficiales, había 1.407.220 pensionados: el 51% eran mujeres, con una pensión autofinanciada promedio de 7,89 UF (unos $ 210.000). Con APS aumentó a 8,415 UF (algo más de $ 223.500).
Los hombres reportaron una pensión autofinanciada mensual de 10,865 UF ($ 288.590) y con APS, de 11,665 UF (casi $ 310.000).
La proyección del gobierno es que una persona que haga todo su ciclo de ahorro previsional bajo el nuevo esquema o ley, elevaría en un 50% promedio su pensión final bajo la nueva legislación.
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Fuente:La Tercera www.chiledesarrollosustentable.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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