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La renovada arremetida de Endesa con las comunidades de Ralco
La compañía retomó el diálogo con las comunidades de Alto Biobío. Ellas quieren resolver los compromisos que quedaron pendientes desde la entrada en operación de la central, el 2004. Un tema prioritario es el retiro de los cuerpos que están en el cementerio ancestral que Endesa inundó. Una de las ofertas, cuentan representantes de las comunidades, es el pago de una indemnización que alcanza, hasta ahora, los $ 3 millones por familia.
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Ralco, la mayor hidroeléctrica del país, volvió a ser una prioridad para Endesa, hoy Enel Generación. Una señal de aquello fue la visita a la central que al día siguiente de su arribo a Chile hizo Nicola Cotugno, el nuevo gerente general de Enel Chile, quien llegó al país en agosto pasado.
Y es que la compañía italiana está empecinada en implementar una “nueva cultura” en el holding eléctrico. Muestra de ello es, también, el viaje que a mediados de 2015 hicieran a la zona de Alto Biobío el gerente general de Enel Generación, Valter Moro, junto al entonces country manager de Enersis, Daniel Fernández.
La misión era clara: identificar las necesidades de las comunidades pehuenches luego de haber puesto en marcha la central Ralco el año 2004. Y también establecer mesas para conversar respecto de los compromisos que la compañía asumió, sobre todo luego de inundar el cementerio indígena que existía en la zona antes de las centrales.
Los compromisos asumidos por la eléctrica eran construir una escuela que tuviera cultura pehuenche, un hito memorial, un centro comunitario y entregar el terreno para construir un nuevo cementerio. Hasta la fecha, según las comunidades, no se ha avanzado en esos temas. Sin embargo, en Enel Generación indican que “existe la voluntad de cumplir con todas estas medidas una vez que concluya el proceso de diálogo que hoy se lleva a cabo”.
Para Enel, el acercamiento con las comunidades es parte de la nueva cultura que el grupo quiere instaurar en sus operaciones y que el CEO de la italiana, Francesco Starace, ha recalcado desde su arribo a la compañía, en mayo de 2014.
Ahora este tema tomará más fuerza, una vez que termine la reestructuración del holding. “Hay un cambio cultural que hoy estamos empujando más y esto se verá en todas las líneas de negocios: distribución y generación. Y en las relaciones con el territorio. Eso lo vamos a hacer más rápido”, reconoció Nicola Cotugno, gerente general de Enel Chile, tras la junta extraordinaria de accionistas de inicios de octubre, donde se aprobó el cambio de marcas de la eléctrica.
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Hoy, la compañía reconoce el rol prioritario que tiene Ralco en esta nueva forma de relacionamiento. “Ralco es, sin duda, una prioridad hoy”, indican.
Agregan que “ahora tenemos una visión distinta que pone la sostenibilidad en el centro del negocio. Entendemos que hay un contexto social distinto y nos planteamos la necesidad de insertarnos en el territorio, siendo un buen vecino, y en una perspectiva de creación de valor compartido”.
Por eso, recalca Enel Generación, “desde 2015 se mantiene un diálogo y trabajo colaborativo con 10 comunidades distribuidas en las comunas de Santa Bárbara, Alto Biobío y Lonquimay”.
Añaden que el 25 de agosto pasado se firmó un convenio entre Endesa Chile y el municipio de Alto Biobío que busca establecer espacios de trabajo colaborativo, “aportando recursos para proyectos que contribuyen al desarrollo del territorio, donde se encuentran emplazadas las centrales Ralco, Pangue y Palmucho”, dicen. La vigencia del convenio se extiende hasta el año 2022.
María Curriao, presidenta de la comunidad indígena Aukin Wallmapu, que representa a 25 familias que tienen a sus ancestros bajo el agua, señala que gracias al patrocinio del arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, y del gobernador de la zona, Luis Barceló -quien preside la instancia-, se creó una mesa de conversación con la compañía donde también están presentes el Servicio de Evaluación Ambiental y la Conadi.
“Hasta ahora hemos avanzado en pequeñas cosas, como, por ejemplo, idear la construcción de un colegio internado para las comunidades, terrenos que estaría donando Endesa, pero todo está aún en conversaciones”, explica.
Luis Barceló detalla que ellos forman parte de la mesa por “la necesidad de las partes de tener un conductor neutral que ayudara a proponer soluciones”.
Explica que los temas prioritarios son “compensaciones dinerarias a cada una de las 25 familias, bajo la forma de fondos para proyectos de desarrollo productivo”.
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Añade que su cuantía y la forma de pago es lo que está en discusión en este momento, y estima que “debiéramos estar cerca de una solución. Dentro de los siguientes tres meses”.
Un tema clave en la zona del Alto Biobío es la recuperación de los ancestros que están en el cementerio inundado por Endesa.
María Curriao explica que la comunidad quiere un nuevo cementerio para trasladar a sus ancestros. “Nosotros estamos pidiendo legalmente el destierro. El año 2009, la consultora Arca, con recursos del Estado, hizo un estudio de factibilidad para ver si los restos se podían recuperar, pero nosotros como familia rechazamos que el cementerio esté en la Parcela 76, porque es un pedazo de terreno demasiado chico. Nuestra propuesta es ampliar el cementerio actual”, detalla.
José Levi, integrante de la comunidad Quepuca Ralco, señala que el planteamiento que le hicieron a la compañía es que saquen las osamentas “para darles una sepultura digna” o les entreguen una indemnización por el daño moral y psicológico que esto les ha causado.
“A nosotros Endesa nos hizo un ofrecimiento hace unos días como comunidad, nos ofreció $ 3 millones por familia por la inundación del cementerio”, dice.
Agrega que “para nosotros es una burla que una empresa tan grande venga a ofrecer esa cantidad de plata, cuando ellos están generando millones de pesos. Incluso, dicen que nos pueden pagar ese dinero a plazos, en $ 100.000 mensuales”.
Misma información entrega Victorino Levi Sandoval, de la misma comunidad, quien indica que la compañía inicialmente les ofreció una indemnización de $ 2 millones y que hace 15 días la aumentó a $ 3 millones. “Nosotros como familia Levi Sandoval no queremos nada con Endesa, porque pensamos que esto es una burla. Nosotros estamos trabajando con un abogado para ver la posibilidad de demandar a la compañía por los daños causados”, señala. Agrega que la empresa les ha recalcado que no se podrán rescatar los cuerpos que hoy están bajo el agua.
Consultado sobre este punto, en Enel Generación afirman que “desde hace un año y medio hemos instaurado una instancia de diálogo con las comunidades involucradas en el sitio 53, cuyo objetivo es planificar actividades para el desarrollo comunitario, a pesar de que hay una expectativa de compensación económica”. Agregan que “nuestra política de relacionamiento comunitario busca fortalecer un desarrollo sostenible, de largo plazo y respetando la identidad cultural y patrimonial propia de las comunidades. Creemos firmemente que este es el camino para construir juntos una mejor solución”.
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Pese a esto, este tema quedará abierto, pues los integrantes de la comunidad están a la espera del arribo a la zona de la nueva gerenta de Sostenibilidad de Enel Chile, Antonella Pellegrini, quien reemplaza a Aníbal Chamorro, ejecutivo que ocupó ese cargo desde la creación de la gerencia -y quien ha sido la contraparte de las comunida- des-, lo que sucedió bajo la estadía de Daniel Fernández. La visita de la nueva ejecutiva, que viene de Enel Green Power, se espera para los primeros días de noviembre.
Otra de las demandas fuertes de las comunidades es poder contar con electricidad, pese a que este punto no está dentro de los compromisos adquiridos por la compañía.
“Lo que más nos interesa es el tema de la luz, y lo que buscamos es que sea gratis, porque acá hay hogares que aún no tienen luz, porque cobran para la instalación y eso no es barato”, explica el lonko de la comunidad Aukin Wallmapu, Orlando Levi. Agrega que hace poco que están trabajando con la compañía y que están conversando con Daniel Ancan y Jorge Navarrete, especialista de relaciones comunitarias de Endesa.
Carmen Levi Curriao, de la comunidad Quepuca Ralco, es clara en este tema. “Lo que reclamo es que aquí, habiendo tres centrales: Ralco, Pangue y Angostura (de Colbún), yo no tengo luz. Yo desearía emprender, pero como no tengo algo tan básico como electricidad, no puedo hacer mucho. Nosotros tenemos cerca el tendido eléctrico y unas torres de alta tensión, pero, sin embargo, no tenemos nada”, señala.
A diferencia del resto, Carmen Levi no ha tenido contacto con Endesa. “No conozco a ningún representante de la empresa. Acá las comunidades están todas divididas y las familias ya casi no tienen contacto”, dice.
José Levi comparte esa visión. “Más que beneficio, la central es un problema”, afirma. “Aquí la empresa hizo un muy buen trabajo, porque antes esto era una sola comunidad, y como a toda la gente que vivía al borde del lago la empresa la sacó, la comunidad quedó destruida”, señala.
Esta división, explica María Curriao, ha sido, en parte, lo que ha demorado el trabajo con la eléctrica. “No hubo una oposición general de la gente, sino que hubo una aprobación muy amplia de las comunidades que se relocalizaron y de la gente que firmó y aprobó el proyecto. Y ahí nosotros éramos minoría”, explica.
Sin embargo, para el gobernador Barceló la demora en los acuerdos se da más bien por “los cambios de administración que ha sufrido Endesa”.
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Fuente: La Tercera www.chiledesarrollosustentable.cl
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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¿A quién afecta el cambio climático? 65% de participantes de estudios considera que el riesgo es mayor para otros que para sí mismos
Codelco y Schneider Electric sellan acuerdo para impulsar la digitalización y eficiencia energética en minería
Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin
Ecosistemas y Áreas Protegidas en Chile
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