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Lo que hace falta para reducir el déficit de áreas verdes urbanas
La Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja que haya un promedio de 9 m2 de áreas verdes por habitante. Sin embargo, nuestro país promedia cerca de 4m2. No sólo se trata de espacios que mejoran la calidad del aire, sino que tienen un vínculo directo con la percepción de seguridad de las personas.
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Tienen un impacto positivo en la salud, mejoran el desarrollo social de los habitantes del entorno, disminuyen las tasas de estrés, bajan los niveles de delincuencia y vandalismo, y elevan la percepción de seguridad. La presencia de áreas verdes cobra relevancia en la planificación urbana, sobre todo en momentos en que la edificación en altura se expande. Sin embargo, los expertos coinciden en el diagnóstico de que en nuestro país queda mucho por hacer.
De acuerdo con un estudio desarrollado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la realidad en las distintas ciudades del país es muy disímil. Mientras que en las ciudades de Magallanes el 93% de los habitantes tiene acceso a áreas verdes, en Antofagasta, el 90% tiene acceso prácticamente nulo.
“Se ha avanzado. Antes, la política de vivienda sólo se dedicaba a eso, resolver el problema de habitacionalidad en Chile. Desde hace algunos años, se entendió que esto no era suficiente, sino que tenía que estar inserta en un entorno que ofreciera oportunidades de bienestar para las personas. En ese sentido, los servicios e infraestructura del entorno han cobrado relevancia. Y, entre ellos se encuentran las áreas verdes”, dice Pía Mora, coordinadora del proyecto Ciudad con Todos del Centro de Políticas Públicas UC.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo creó la división de parques urbanos, lo que da cuenta de la importancia de este tema. Por ello es que el Minvu comprometió la entrega de 60 nuevos parques urbanos a 2018. “Esta es una de las medidas presidenciales que hemos tomado como un gran desafío dentro del Ministerio”, dice la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paulina Saball, agregando que esta medida apunta a uno de los ejes rectores del ministerio: la equidad urbana en el sentido de que no sólo mejora las ciudades, sino que redistribuye los bienes públicos.
A su juicio, las áreas verdes ocupan un espacio muy importante en nuestras ciudades ya que son lugares de integración social por excelencia y porque, además, cumplen un rol ambiental fundamental y los parques urbanos tienen la virtud de ser una extensión del espacio doméstico, donde, por ejemplo, los más pequeños encuentran un lugar para salir, jugar y aprender a sociabilizar con la libertad de estar en un lugar que le pertenece a todos.
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Una de las brechas a seguir trabajando se relaciona con la inversión para reducir el déficit de algunas comunas respecto a acceso. Por ejemplo, en Antofagasta, hay cerca de un tercio de la población que no tiene acceso a áreas verdes.
En ese contexto, países como Canadá han dado respuesta a través de propuestas que unen el espacio público con el privado. En Colombia, por ejemplo, una iniciativa pública buscó invertir en áreas verdes de colegios a cambio de que las áreas verdes de los establecimientos sean de uso público en algún momento del día. Así, se resuelve la necesidad sin usar un nuevo espacio para ello.
¿Cómo mantenerlas?
Pero no basta con la inversión para implementar nuevos parques. La mantención es otro de los grandes desafíos. “Es complejo para las comunas de menores ingresos comprometerse con las áreas verdes, sobre todo si se considera que son las que menos impuestos perciben. Hay estudios que hablan de que luego de dos años, hay muchas áreas que se pierden. Para un municipio pequeño esto puede significar la pérdida total de un espacio. Y esto va en desmedro de la calidad de vida de las personas que lo rodean”, señala Francisco de la Barrera, investigador del clúster de Planificación Integrada en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus). Añade que sería importante que existiera un mayor involucramiento con la comunidad para generar este tipo de espacios.
A nivel territorial, Pía Mora señala que uno de los grandes problemas para levantar información acerca del desarrollo a nivel nacional es que no hay datos disponibles de todas las comunas. “En muchos casos, se trata de municipios pequeños que tienen otras prioridades. Cuando apenas dan abasto para hacer frente a su gestión. Mientras más chica es la ciudad o localidad, más difícil es poder contar con información para el catastro”, añade Mora.
Desigualdad verde
La Organización Mundial de la Salud (OMS), aconseja un promedio de 9 m2 de áreas verdes por habitante. Sin embargo, sólo en comunas como Puente Alto se necesitan más de 4 millones de m2 de nuevas plazas y parques para cumplir con la recomendación internacional, a la que ni siquiera se acercan las ciudades en nuestro país.
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“Tenemos una gran carencia de parques, plazas, infraestructura y espacios urbanos a lo largo de todo Chile. Si bien, las autoridades han centrado la gestión en aumentar la cantidad de áreas verdes, también hay un tema de calidad”, dice Carlos Aubert, director ejecutivo en Fundación Mi Parque.“El déficit de las áreas verdes no es un problema que podamos solucionar de aquí a cinco años. Este es un trabajo de largo plazo, pero que debe ser pensado desde ahora”.
Sólo en Santiago se necesitan US$1.700 millones para conseguir la tasa recomendada por la OMS, según detalla un informe de la fundación.
“Pero no sólo se trata del acceso a áreas verdes, sino que es un reflejo de la desigualdad. Cuando se analizan las comunas que concentran este tipo de infraestructura, te das cuenta de que municipios como Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea, Las Condes concentran una gran cantidad de hectáreas. Hoy incluso se habla de desigualdad verde”, señala Aubert.
Otra arista tiene que ver con la calidad de áreas verdes. “Es indispensable que se entienda desde el sector público la relevancia de las áreas verde, sobre todo para comunidades vulnerables. Ahí, la necesidad es mucho mayor”, dice Aubert.
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Los beneficios sociales tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Una medición de IMTrust destacó que al desarrollar proyectos verdes participativos se obtienen cifras positivas: la basura disminuye 17%, aumenta 9% la percepción de seguridad, y los delitos observados disminuyen 12%. “No sólo se trata de tener árboles por tenerlos. Se trata de dar un sentido de pertenencia a las personas. De generar puntos de encuentro en que puedan relacionarse, conocer gente, liberarse del estrés: un estudio de la Universidad de Exeter afirma que vivir cerca de una zona verde produce una satisfacción mental sostenida en el tiempo, ayuda a evitar problemas mentales como depresión, estrés laboral o ansiedad”, enfatiza Aubert.
Pero estos parques también tienen un impacto medioambiental y económico. Por ejemplo, a consecuencia de su instauración en la ciudad se consigue la mitigación del efecto invernadero, además de disminuir el impacto que puede tener la lluvia en zonas determinadas al mantener los suelos permeables. “En definitiva, ayuda a generar resiliencia en los espacios urbanos”, enfatiza De la Barrera. Él advierte que hay que mirar de manera detenida las cifras. “Hoy el Parque Metropolitano es un pulmón verde que suma un gran porcentaje de áreas verde por habitante. Pero el contacto que estos tienen día a día con el parque es menor. Parámetros internacionales dicen que las personas debieran estar a cinco minutos caminando de una plaza y máximo a 15-20 de un gran parque. Eso en nuestro país no pasa con frecuencia”. Él enfatiza en que tal como es relevante el acceso a servicio, la cercanía con áreas verdes aumenta hasta 25% el precio de una propiedad.
“No se trata de emplazar grandes espacios públicos sólo para adornar las ciudades, sino de que las familias que habitan las distintas comunas se sientan felices y orgullosas del lugar donde viven, recuperando sus espacios comunes para el buen compartir de todos, sobre todo en aquellas comunas donde existen altos índices de vulnerabilidad socioeconómica”, enfatiza la ministra Saball.
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Fuente:Pulso
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Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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