Empresa & Sociedad
Medioambiente se transforma en uno de los pilares del Acuerdo Transpacífico
A diferencia de otros tratados con los que cuenta Chile a nivel internacional, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) considera al medioambiente como uno de sus seis ejes fundamentales.
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Pero al analizar más en detalle el texto final, que fue firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda por 12 economías del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, también está presente la sustentabilidad en general, en temas laborales, de género, temáticas indígenas y de responsabilidad social empresarial. “Quizá estos conceptos están más a un nivel declarativo, pero claramente, el medioambiente tiene una fuerte evolución con respecto a los primeros tratados de Chile, donde este aspecto sólo se mencionaba”, comenta Felipe Lopeandía, jefe del Departamento de Acuerdo de Asociación Transpacífico de la Direcon (Ministerio de RREE).
Para hacerse una idea, el primer TLC que realizó nuestro país fue con Canadá (1996), donde tímidamente aparecen algunos elementos de medioambiente y sustentabilidad a manera de orientación. El TPP en cambio, especifica una serie de temas como resolución de conflictos, compromisos, cooperación internacional y bienes ambientales, entre otros elementos (ver recuadro).
De hecho, en la jerga de los “negociadores” de este tipo de tratados, se habla de temas tradicionales y temas nuevos. En el TPP, los primeros tienen que ver principalmente con los ambientales que ya existen (Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, MARPOL 73/78 y CITES) y los nuevos, están en conceptos sobre biodiversidad, pesca, conservación de especies exóticas invasoras, economías bajas en emisiones y bienes y servicios medioambientales.
Sin embargo, es importante aclarar que el TPP no impone obligaciones medioambientales iguales para todos los países, lo que exige es que en cada economía se haga efectiva la legislación vigente. “Cada país ha ido desarrollando su propia legislación de acuerdo a sus prioridades y esa normativa no se debe cambiar. Se acordó que ningún país puede debilitar o derogar aspectos de su legislación ambiental para promover el comercio. Esto es clave, porque muchos sectores críticos al TPP reclamaban que en Chile estábamos importando un estándar foráneo y eso no es así. Cada nación debe hacer cumplir su definición y el TPP no puede meterse en ese contenido”, explica Angélica Romero, jefa de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable de la Direcon y miembro del equipo negociador chileno.
Resolución de controversias
Uno de los aspectos más relevante dice relación con la definición de “ley ambiental”, la cual incluye los reglamentos y los acuerdos multilaterales del medio ambiente. “Esto significa que todo lo incluido en la definición quedaría cubierto por el TPP y sus mecanismos de solución de controversias, lo cual lleva a que las obligaciones de los acuerdos multilaterales, que son genéricas y no vinculantes, tengan un carácter más vinculante, ya que su incumplimiento ahora te llevaría a los mecanismos claramente establecidos por el TPP”, comenta Ricardo Irarrázabal, vicedecano Derecho UC y ex subsecretario del Medio Ambiente, bajo la administración de Sebastián Piñera.
El académico se refiere a las consultas medioambientales, consultas de representantes de alto nivel y consultas ministeriales. Estos mecanismos podrían ser generados por personas interesadas que soliciten que las autoridades competentes investiguen presuntas violaciones de este tipo de leyes ambientales.
En la práctica, el TPP tiene varios comités, entre los cuales habrá exclusivamente uno de medioambiente, que incluye dos miembros por país, uno relacionado a esta área (que debería definir el MMA) y otro con competencias comerciales (Direcon). Es en esta instancia donde se revisará periódicamente el cumplimiento de los compromisos.
Si existe un reclamo por parte de uno de los miembros, esta es la primera instancia donde presentarlo formalmente, para entrar a las respectivas consultas ambientales. Si más adelante, el reclamante no queda satisfecho, se inicia el mecanismo de solución de controversias especificado en el tratado, donde se establece un panel de expertos para investigar el tema. “Una de las novedades del TPP es que por primera vez en un tratado, las sanciones pueden ser comerciales. Antes, la condena era más bien moral y se enmarcaba en una contribución monetaria que iba a un fondo para que el Estado cuestionado mejorara sus temas ambientales”, apunta Lopeandía.
Otro punto es que en el TPP no se sanciona a las empresas, sino que al Estado, en su rol de fiscalizador y regulador. O sea, cuando no toma cartas en el asunto. “En este nuevo contexto, además de la fiscalización propia de cada tratado implementado, existirá una fiscalización de los otros países del tratado respecto al incumplimiento del mismo a nivel nacional”, agrega Irarrázabal.
Participación ciudadana
Otro punto destacado del TPP es la importancia que se le da a la participación ciudadana, mecanismos que podrían ser impulsados por personas interesadas que soliciten, por ejemplo, que las autoridades competentes investiguen por presuntas violaciones de leyes ambientales. “El tema de democracia y justicia ambiental está muy fuerte y bastante influenciado por otros acuerdos, como Río+20”, explica Angélica Romero.
Una de las instancias para este mecanismo es un sistema de “comunicación pública”, donde cualquier persona (no gubernamental), o sea la sociedad civil, puede hacer consultas a las partes respecto al incumplimiento de un compromiso. Además, existe un sistema de “participación pública” y, aparte de las sesiones del comité, está contemplada una cuarta instancia, que es más restringida, donde la sociedad civil puede participar de los comités asesores.
Según Lopeandía, lo importante es que hay un mecanismo disponible donde la sociedad civil tiene un canal de participación. La única salvedad es que no se recibirán consultas que estén en proceso judicial en curso. “De todas formas creo que la mayoría de las consultas ciudadanas comenzarán al inicio de la puesta en marcha del TPP, después ya no tanto”, comenta el jefe de Departamento de Acuerdo de Asociación Transpacífico de la Direcon.
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Fuente: Diario Pulso www.chiledesarrollosustentable.cl
Desarrollo Sostenible
EMPRESAS CHILENAS AUMENTAN PRESENCIA EN ÍNDICES DOW JONES DE SOSTENIBILIDAD EN 2026
El ajuste anual de los índices Dow Jones Best-in-Class evidenció la resiliencia del mercado local, con un aumento en el número de compañías en los resultados de Chile, y una destacada participación en MILA (Chile, Colombia, México y Perú), donde las firmas locales pesan un 41%.
El reciente rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class (DJBIC), proceso anual en el que se ajustan sus componentes y ponderaciones para asegurar que siga reflejando con precisión al mercado o sector que representa, confirmó la solidez de las empresas chilenas en materia de sostenibilidad, manteniendo una presencia relevante a nivel regional y global, aunque con dinámicas mixtas según cada clasificación.
Estos indicadores seleccionan a las compañías líderes en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) bajo un enfoque “best-in-class”, es decir, comparando a las empresas con sus pares dentro de cada industria. Así, el índice DJBIC Chile agrupa a las compañías con mejor desempeño ESG del mercado local; el DJBIC MILA integra empresas de Chile, Colombia, Perú y México; mientras que DJBIC Emerging Markets y DJBIC World reúnen a líderes de mercados emergentes y desarrollados, respectivamente.
En este contexto, el índice local aumentó de 23 a 25 empresas. Entre los principales movimientos, están las incorporaciones de CAP, Parque Arauco, SAAM e Inversiones Aguas Metropolitanas (holding de Aguas Andinas), el reingreso de LATAM Airlines, y las salidas de SQM, Aguas Andinas, y Salmones Camanchaca.
Germán Sáenz,director de Advisory de SLR Consulting, firma global líder en consultoría en sostenibilidad y medio ambiente, señaló que “el rebalanceo de los índices Dow Jones Best-in-Class refleja un entorno cada vez más competitivo, donde la permanencia no está garantizada. Cada vez son más las empresas que están integrando la sostenibilidad en su estrategia de negocio, con métricas claras y una gestión consistente en el tiempo”.
Por su parte, el índice MILA consolidó una fuerte presencia chilena, con 24 empresas de un total de 58, lo que equivale a un 41% del índice, posicionando a Chile como el país con mayor representación, seguido por México (16 empresas), Perú (10) y Colombia (8).
A nivel global, el índice Emerging Markets redujo la presencia chilena a dos compañías: Banco Santander y CMPC, tras la salida de SQM. En tanto, en el índice DJBIC World se incorporó Banco Santander Chile, que se suma a Falabella y SQM, consolidándose como la única empresa chilena presente en cuatro indicadores simultáneamente. Esta cifra contrasta con años anteriores, ya que en 2021 Chile contaba con siete empresas en este índice, evidenciando una caída sostenida en su participación.
“Si bien Chile sigue mostrando una base sólida de compañías destacadas, los resultados también evidencian una mayor selectividad en los índices globales, lo que eleva el estándar y obliga a las organizaciones a fortalecer continuamente sus prácticas ESG”, comentó el ejecutivo.
SLR – Análisis índices DJBIC 2026
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Empresa & Sociedad
EMISIÓN DE BONOS SOSTENIBLES EN CHILE CRECE 132% EN 2025 Y ALCANZA US$ 1,38 BILLONES
Solo en 2025, el total de este tipo de bonos representó más del 14% del total emitido, reflejando una renovada confianza de inversionistas y emisores en el mercado local.
El mercado de capitales chileno está mostrando señales claras de recuperación en la confianza de sus actores. Durante 2025, la emisión de bonos etiquetados (instrumentos asociados a proyectos sostenibles) creció 132% respecto de 2024, alcanzando $ 1,38 billones y representando 14,34% del total emitido en el mercado local.
Este dinamismo responde, en parte, a una alta confianza en el mercado local. Según datos de la Bolsa de Santiago, filial de nuam, en los últimos ocho años fueron 17 emisores los que realizaron colocaciones de bonos sostenibles, sociales, SLB -por sus siglas en inglés-, verdes y azules.
Dentro de las empresas están Aguas Andinas, Arauco, BancoEstado, Bci, Caja Los Andes, Caja Los Héroes, CMPC, Coopeuch, Copec, Enaex, Engie, Esval, Hortifrut, ILC, SONDA, Tanner y la Tesorería General de la República.
En ese periodo de tiempo, los emisores antes mencionados superaron los US$ 5.130 millones en bonos. Debido a lo trascendental de este hito para el mercado nacional, la Bolsa de Santiago decidió reconocer a las compañías que han apostado por colocaciones en renta fija.
Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago y vicepresidente de nuam, comentó que el rol de los mercados de capitales es movilizar el ahorro hacia inversión productiva que impulse el crecimiento económico. “Cuando el financiamiento se orienta a proyectos sostenibles, el impacto es aún mayor, porque fortalece tanto a las empresas como a la infraestructura financiera que sostiene el desarrollo de nuestras economías”, señaló Camus.
Cada emisión de bonos etiquetados representa, en este contexto, una doble señal de confianza: por un lado, inversionistas que están dispuestos a canalizar capital hacia proyectos con impacto desde el mercado chileno; y por otro, emisores que optan por estructurar su financiamiento bajo estándares sostenibles dentro del propio mercado local.
“El crecimiento de este tipo de instrumentos demuestra que el mercado chileno no solo está recuperando dinamismo, sino también evolucionando en calidad, estándares y propósito, alineándose cada vez más con las tendencias globales de financiamiento sostenible”, dijo Camus.
Este proceso se conecta con la evolución que impulsa nuam, orientada a construir mercados más profundos, líquidos y conectados con las necesidades de desarrollo de la región.
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Empresa & Sociedad
RED DE ALIMENTOS CUMPLE 15 AÑOS RESCATANDO Y DISTRIBUYENDO PRODUCTOS DE ESENCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La organización, que agrupa a más de 200 empresas y cerca de 600 organizaciones sociales desde Arica a Magallanes, conmemorará su aniversario este 26 de marzo de 2026, destacando la importancia de seguir trabajando para mejorar la nutrición y calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.
Red de Alimentos conmemorará, junto a autoridades, representantes de empresas, organizaciones sociales, beneficiarios y su equipo de colaboradores, 15 años de trabajo del banco de alimentos de Chile. Desde el año 2010 a la fecha, la iniciativa ha rescatado más de 100 millones de kilos de alimentos y más de 40 millones de unidades de productos de primera necesidad, destinados en un 100% a personas en situación de vulnerabilidad, beneficiando a casi 250.000 personas.
“Esta es una instancia para agradecer a todos quienes han colaborado en este gran proyecto, que hoy se ha transformado en el banco de alimentos de Chile. Y también de recordar la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta el sector privado, el sector público y la sociedad civil; se necesita de esta gran red de colaboración para avanzar hacia nuestro propósito: Por un Chile sin hambre, y cumplir nuestro compromiso con las personas que viven en situación de vulnerabilidad”, señaló Alicia Hidalgo, gerenta general de Red de Alimentos.
Actualmente, más de 230 empresas contribuyen a esta cruzada a través del rescate y donación de alimentos, productos de aseo e higiene, así como también con recursos, mientras que cerca de 600 organizaciones sociales hacen posible su distribución en más de 1.800 centros de atención desde Arica a Magallanes, llegando a casi 250.000 personas. Además de lo anterior, la Red siempre está presente en las emergencias, como lo ha sido en este último incendio en la Región del Biobío, y también en Valparaíso, o incluso en Pandemia.
La ejecutiva recordó que actualmente 700.000 personas en Chile enfrentan un elevado grado de inseguridad alimentaria, y 1.300.000 personas viven en situación de extrema pobreza; y que la labor que realizan diariamente los colaboradores de Red de Alimentos es fundamental para mejorar el bienestar y calidad de vida de comunidades desfavorecidas.
“Estos 15 años son el reflejo del compromiso, la entrega y la convicción de un equipo que trabaja todos los días por un mismo propósito. Ese espíritu nos inspira y nos impulsa a seguir creciendo. La labor de la Red solo es posible gracias al apoyo de las empresas, las organizaciones y las personas que creen que es posible avanzar hacia un Chile sin hambre. Los invitamos a seguir construyendo juntos un país más solidario y sostenible”, expresó Hidalgo.
Entre los hitos del banco de alimentos de Chile también destacan la operación directa de 4 despensas sociales en las comunas de Renca, San Bernardo, Puente Alto, y recientemente en La Florida. Contribuimos así también a mejorar la calidad de vida de más de 7.000 personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Junto con lo anterior, nuestro trabajo ha permitido evitar la emisión del equivalente a 224.650 toneladas de CO₂ desde 2010, contribuyendo así también a la disminución de residuos, aportando a las metas medioambientales.
Mirada global
Cada año en Chile se desperdician 3.700 millones de kilos de alimentos al año, con una pérdida estimada de $200.000 por persona.
Para revertir esta realidad, Red de Alimentos basa toda su operación en una plataforma tecnológica, que aporta eficiencia y trazabilidad al manejo de todos los productos que recibe. Su labor se canaliza a través de tres vías:
Retiros desde su centro de distribución en San Bernardo,
Una red de centros de retiro entre Arica y Punta Arenas conectados a través de su aplicación, Despensas sociales, que benefician directamente a más de 7.000 personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Tras 15 años de trayectoria, Red de Alimentos busca consolidarse como el banco de alimentos de Chile con su cobertura nacional, visibilizando de manera clara la problemática del hambre. Su propósito es conectar esta causa con la ciudadanía de forma cercana, concreta y comprensible.
En este contexto, a través de la campaña “Esto sí es un combo”, la Red ha acercado esta causa a las personas, mostrando de manera tangible cómo el rescate de alimentos se transforma en apoyo real para quienes más lo necesitan.
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Empresa & Sociedad
FIN DE LA TARJETA DE COORDENADAS: ODECU ALERTA RIESGO DE EXCLUSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
La organización advierte que la modernización tecnológica en el sistema financiero no puede traducirse en exclusión ni en pérdida de autonomía para personas mayores y otros grupos vulnerables.
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a anuncios de entidades financieras que adelantan el término de la tarjeta de coordenadas como mecanismo de autenticación bancaria.
Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero dispuso que la eliminación obligatoria de este mecanismo rija desde el 1 de agosto de 2026, con el objeto de permitir una transición ordenada hacia mecanismos más robustos, incluida la Autenticación Reforzada de Clientes, evitando interrupciones en el acceso a servicios financieros.
Sin embargo, ODECU advierte que la implementación anticipada y, en algunos casos, la sustitución exclusiva por mecanismos digitales como aplicaciones móviles o tokens virtuales puede profundizar la brecha tecnológica y afectar de manera desproporcionada a consumidores vulnerables.
Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran personas mayores; personas con discapacidad o limitaciones funcionales de carácter visual, motor o cognitivo; usuarios sin smartphone o con conectividad inestable; consumidores con baja alfabetización digital; y personas que dependen de terceros o cuidadores para operar sus cuentas.
“El fortalecimiento de la seguridad es necesario, pero no puede transformarse en digitalización forzada. Cuando un banco reemplaza un mecanismo físico por soluciones exclusivamente digitales, debe asegurar que nadie quede fuera del sistema por razones tecnológicas, económicas o de autonomía”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.
Marco de derechos y obligaciones legales
ODECU subraya que el proyecto de Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, despachado por el Congreso y pendiente de promulgación, consolida un enfoque de derechos que refuerza la dignidad, autonomía e inclusión de las personas mayores. Este estándar eleva las exigencias para proveedores de servicios esenciales, como el financiero.
Asimismo, la organización recuerda que cualquier proceso de migración tecnológica debe realizarse con estricto respeto a la Ley del Consumidor y a las relaciones contractuales vigentes. Los proveedores están obligados a entregar información clara y suficiente, garantizar un trato no arbitrario y evitar cambios que, en los hechos, equivalgan a modificaciones unilaterales de las condiciones de acceso a servicios contratados.
En ese contexto, ODECU advierte riesgos concretos asociados a estas migraciones:
- Exclusión o degradación del acceso a cuentas y transferencias durante el proceso de transición.
- Incremento de fraudes asociados al cambio de mecanismo, como phishing o suplantaciones, si las comunicaciones no son claras y verificables.
- Sobrecarga de canales de atención que impida recuperar acceso en plazos razonables.
- Traslación del costo y del riesgo al consumidor bajo la lógica “si no migra, no opera”, tratándose de servicios esenciales.
“No es aceptable que el costo de la modernización recaiga en el consumidor. Los bancos deben garantizar continuidad real del servicio y alternativas equivalentes para quienes no pueden utilizar aplicaciones móviles. Seguridad e inclusión no son conceptos excluyentes”, agregó Larenas.
Salvaguardas mínimas solicitadas
Por lo anterior, ODECU solicita a los bancos, al SERNAC y a la Comisión para el Mercado Financiero adoptar salvaguardas mínimas que aseguren una transición inclusiva y responsable. En primer lugar, debe garantizarse la continuidad real del servicio, de modo que ningún usuario quede sin poder operar por falta de activación, fallas del sistema o errores del nuevo mecanismo. Asimismo, es indispensable que existan alternativas no exclusivamente digitales, con soluciones seguras y utilizables para quienes no pueden emplear aplicaciones móviles.
Del mismo modo, ODECU exige asistencia efectiva y prioritaria, con soporte presencial y telefónico reforzado y procedimientos simples de recuperación de acceso, especialmente para personas mayores y usuarios con necesidades especiales. También resulta fundamental asegurar información material, clara y verificable, mediante comunicaciones antifraude y campañas específicas de prevención durante la transición, junto con programas de acompañamiento y capacitación con cobertura territorial y resultados comprobables. Finalmente, el proceso debe respetar el principio de no regresión y no arbitrariedad, evitando cualquier pérdida de acceso respecto del servicio previamente disponible o trato desigual injustificado entre consumidores.
Finalmente, ODECU informó que continuará monitoreando este proceso y promoverá que la transición hacia mecanismos más seguros se realice con inclusión, continuidad y pleno respeto a los derechos de las personas consumidoras, evitando que la innovación tecnológica se transforme en una nueva forma de exclusión.
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Desarrollo Sostenible
GRANDES DESAFÍOS DE CONFIANZA AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES, SOBRE TODO, EN REGIONES Y ENTRE LOS JÓVENES
Una voz de alerta representa la brecha de confianza que se profundiza entre los trabajadores con personas a cargo (jefaturas) respecto de quienes no las tienen.
Una mantención de los niveles de confianza dentro de las organizaciones de nuestro país muestra el Pulso de Confianza Organizacional, desarrollado por Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano y la consultora Almabrands.
La investigación destaca algunas temáticas importantes a considerar por parte de las organizaciones para evitar el estancamiento y avanzar en este tema, como la capacidad para manejar conflictos y crisis; y la valoración del trabajo híbrido, entre otros.
El estudio aplicado entre trabajadores de empresas de todo el país durante el último trimestre del año pasado, muestra que el índice general de confianza dentro de las organizaciones chilenas se sostuvo con una nota 5,5 (escala de 1 a 7). Esto, en un período marcado por la polarización en debate político-social que caracterizó el segundo semestre de 2025, o la adaptación a los cambios legislativos que han impactado al mundo laboral.
En Regiones se observa una nota de 5.4, una baja respecto del 5,7 del año anterior, y en comparación al 5,6 de la Región Metropolitana actual. También se observa una baja de la confianza de los trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años (de 5,7 en 2024, a 5,3 en 2025), lo que representa un importante foco de atención respecto de la forma en que las empresas están asumiendo su relación con las nuevas generaciones de trabajadores.
Brecha de jerarquía
Una voz de alerta representa la brecha de confianza que se profundiza entre los trabajadores con personas a cargo (jefaturas) respecto de quienes no las tienen. La diferencia aumentó en todas las dimensiones del modelo, especialmente en la “Preocupación por las condiciones laborales” (con personas a cargo, 55% de notas 6 o 7, frente a un magro 27% de aquellos sin personas a cargo).
Al respecto, el desafío para las empresas es que las condiciones de confianza sean diseñadas con todos los trabajadores en mente, para lograr que aquellos que no son jefatura se sientan más considerados en el desarrollo y las condiciones laborales e incrementen sus niveles de confianza.
En ese contexto, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, señaló que la confianza “habilita la necesaria colaboración para poder avanzar en los desafíos de Chile. Desarrollar instrumentos propios de medición nos permite bajar la pelota al piso y accionar a partir de evidencia y datos para aumentar la confianza organizacional. No solo eso, también el medir posibilita una mirada a largo plazo que permite anticiparnos a los futuros desafíos laborales”.
Un nuevo liderazgo
Respecto a las dimensiones de la confianza, la “Capacidad para Manejar Conflictos y Crisis” crece en importancia desde un 14% en 2024, a un 32% en la actual medición. Eso plantea también un reto para los líderes de las organizaciones, a la hora de construir ambientes laborales de confianza. Los trabajadores esperan líderes capaces de navegar las crisis desde el “bien común” (opinión de los entrevistados que subió de 24% a 34% en la medición del 2025).
Para la directora ejecutiva de Almabrands, Carolina Altschwager, “independiente del nivel que ocupemos en una organización, trabajamos con la expectativa de realizarnos, de expresar nuestro talento. En cada trabajador existe el deseo de aportar, de proyectar un futuro y de sentirse valiosos desde su lugar único. Hoy, no hay espacio más esperanzador que el mundo del trabajo, ahí creamos, avanzamos construyendo parte de nuestra trayectoria personal y, al mismo tiempo, el futuro de las organizaciones y del país”.
La directora ejecutiva de Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano y gerenta general de OTIC SOFOFA, Natalia Lidijover, agrega: “al medir sistemáticamente desde 2019, hoy entregamos a las empresas mucho más que una foto del momento; ofrecemos una herramienta de gestión con perspectiva respecto de los cambios que viven las organizaciones. Esto permite pasar a la acción para transformar la confianza en un activo que no solo beneficia a la organización, sino también al país, entendiendo que las empresas son un espacio de encuentro de la sociedad”.
En cuanto a la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la medición indica que el 66% de quienes respondieron el Pulso está de acuerdo con que la IA mejorará su trabajo, pero estas buenas opiniones bajan a un 52% cuando se les consulta sobre si su empresa les está entregando las herramientas para integrar la IA a sus tareas diarias.
Entre los grupos que más confían dentro de las organizaciones están quienes trabajan en sistema híbrido quienes asignan una nota general de 5,8 a la confianza en sus empresas, respecto de quienes trabajan en formato online (5,4) o en formato presencial (5,4).
El Pulso se ha realizado sistemáticamente desde 2019 y cuenta con un modelo que permite observar las dimensiones que construyen la confianza y cómo esta se articula dentro de las organizaciones.
Ver detalle estudio:
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