Un frenético final tuvo la Cumbre sobre el Cambio Climático, COP21 en París. Después de 12 días de negociaciones, debates y discusiones en torno borradores de documentos, el viernes se anunció el aplazamiento del documento final para el día siguiente.

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¿Cuál era el gran objetivo de la cita que congregó a 190 países? Que la temperatura del planeta no suba más de dos grados al año 2100 -algunos países pidieron poner como meta 1,5 grados-, pues estudios muestran que tal y como están las cosas, la temperatura podría elevarse hasta seis grados, haciendo insostenible la vida en algunos lugares.

Para Chile, el cambio climático es un tema relevante en lo político y en lo económico. Muestra de ello es que la comitiva encabezada por la Presidenta Bachelet en París la integraron los ministros de Energía y del Medio Ambiente, Máximo Pacheco y Pablo Badenier, respectivamente, junto con asesores del Ministerio de Hacienda. «Para el Gobierno es fundamental evaluar las políticas para enfrentar el cambio climático dentro de una estrategia general de desarrollo económico sustentable, que incorpore los costos y beneficios de las distintas iniciativas sectoriales desde una perspectiva de equilibrio», destaca Hacienda.

Estiman US$ 300 millones por «impuesto verde»

Nuestro país concurrió a la Cumbre de París con metas o propuestas delineadas en un documento elaborado para la ocasión, siendo la principal reducir, como país, en 30% las emisiones de CO {-2} por unidad de PIB a 2030, tomando como base de comparación 2007 por ser un año pre crisis internacional. De recibir ayuda financiera internacional, esta meta de Chile podría subir entre 35% y 45%. En todo caso, el país es responsable solo del 0,26% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial.

En este contexto, una medida para mitigar los gases contaminantes es el impuesto a las emisiones de CO {-2} , o «impuesto verde», indica el documento de propuestas de Chile. Este impuesto fue incorporado el año pasado en la reforma tributaria, que entrará en vigencia en enero de 2017 y que es equivalente a US$ 5 por cada tonelada emitida de CO {-2} . Este impuesto anual a beneficio fiscal grava el dióxido de carbono, entre otros gases, producidos por fuentes fijas (calderas o turbinas), que sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), explica el ministro Pablo Badenier.

El ministro Máximo Pacheco agrega que otra de meta es cambiar la matriz energética, «descarbonizarla» y que al 2035 el 60% de la generación eléctrica en Chile provenga de fuentes renovables, agrega. Pero ¿qué significa para las empresas chilenas la meta de reducir en 30% las emisiones a 2030? No hay una cuantificación de las inversiones que deberán hacer las compañías, pero sí actores de la industria que han sacado cuentas.

La Sofofa estima que, por mayores costos de la energía, producto del «impuesto verde», las centrales térmicas en el país gastarán US$ 300 millones, sin contar otras posibles medidas futuras, indica Hermann von Mühlenbrock, presidente del gremio, que acaba de crear el centro Sofofa Medio Ambiente.

¿Impuesto o comercio de emisiones?

En medio de la estimación de cifras de inversión para reducir las emisiones, hay también una discusión en torno a cómo lograrlo. Si bien el Gobierno ya materializó el «impuesto verde», distintos expertos hablan de herramientas complementarias e incluso sustitutas.

Una de ellas es el comercio de emisiones (sistema de transacción de emisiones, ETS por sus siglas), que consiste en la asignación de derechos de emisiones de CO {-2} a distintos actores de la industria, atados a un período de cumplimiento. Si el dueño de los derechos supera sus niveles, tiene dos alternativas: o paga una multa o compra emisiones a otra empresa que haya sido más eficiente y no haya superado su umbral permitido. Así, en el mercado se genera un precio por tonelada de CO {-2} , explica el abogado Arturo Brandt, senior broker de Tradition.

«Este sistema ha funcionado relativamente bien con algunos bemoles. El problema se produce cuando asignas muchos derechos que no se utilizan y se genera mucha oferta y poca demanda. Tienen que apuntarle muy bien al pronóstico de emisiones para que eso no pase, pero ya existen mecanismos para hacerlo», indica Brandt. Agrega que la ventaja es que este sistema da estímulos para que las compañías sean más eficientes, porque siéndolo pueden vender sus derechos de emisión sobrantes.

Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, indica que para cumplir con la meta de reducción de emisiones se requiere «un compromiso país, que debe ser asumido como un todo». Enfatiza que eso no es necesariamente evidente: «Si se mira el impuesto al CO {-2} , se hizo exclusivamente a las empresas generadoras», señala.

Una visión distinta tiene Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA). Indica que cualquier medida no será lo suficientemente efectiva mientras el precio de la energía no incluya las externalidades negativas del carbón. «Al no valorizarse los efectos negativos del carbón, su precio es falsamente competitivo porque no está incluido el costo de los daños a la salud, al medio ambiente y por el cambio climático», señala.

Hermann von Mühlenbrock matiza e indica que medidas como los impuestos al CO {-2} son bastante utilizadas a nivel internacional, pero advierte que hay países que están desistiendo de su uso. «En la medida que este tipo de regulaciones no sean aplicadas de una forma armónica a nivel exterior, puede conllevar impactos relevantes en términos de productividad y competitividad, por el efecto de encarecimiento de los precios de la energía», dice.

Aunque no cierra la puerta a otras alternativas, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, asegura que la vía de los impuestos, que también tomaron países como Francia, México y Dinamarca, destaca, tiene menos riesgos. «Los países que han adoptado el mecanismo del impuesto al CO {-2} están teniendo más éxito, porque el sistema de transacción se ha prestado para distorsiones, manipulaciones y para que al final los países que lo han adoptado adviertan a otros que este sistema tiene dificultades», dice.

Generadoras hacen propuestas para mejorar sistema de impuestos

El principal emisor de CO {-2} en el país es el sector energía, con 68 millones de toneladas de CO {-2} al año, o sea el 74,7% del total de las emisiones del país al 2010. Este total incluye áreas que consumen combustibles fósiles, como la generación de electricidad (39,7%), el transporte, principalmente terrestre (30,5%), la industria manufacturera y la construcción (18,1%).

Dentro del sector energía, las carboneras son las más contaminantes, por ende, las que mayores inversiones debieran hacer y a la vez las más afectadas por el «impuesto verde», coinciden los expertos.

La generadora AES Gener estimó el año pasado provisiones por US$ 30 millones entre 2017 y 2020 por efectos del «impuesto verde». En sus estados financieros del tercer trimestre de 2014, destacó que gran parte de sus contratos de venta de energía contienen cláusulas que permiten traspasar el mayor costo de nuevas leyes a los clientes y precisó que el «efecto negativo» de este gravamen desaparece en 2025.

Colbún, otro actor de la industria, no está en contra de la aplicación de los «impuestos verdes», pero indica que hay medidas que pueden mejorar el sistema. Señala que tiene cuatro centrales hidroeléctricas de pasada registradas ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas para emitir bonos de carbono. Estas centrales, dice Colbún, desplazan o evitan la generación de energía por combustibles fósiles. «Lamentablemente, el marco legal vigente no reconoce como crédito contra este nuevo impuesto verde los bonos de carbono proveniente de este tipo de centrales, lo cual pensamos no crea los incentivos correctos para reducir emisiones», plantea la compañía.

El grupo Enel, que en Chile controla Enersis, ha hecho público su política de no construir más carboneras. Sin dar cifras para Chile, Enel detalla que el plan incluye bajar la intensidad de las emisiones de CO {-2} en un 18% a 2020 con respecto a los niveles de 2007 y hacer fuertes inversiones en energías renovables, «53% del crecimiento de las inversiones de capital se destinará a las energías renovables para el año 2019», precisa.

Gremio automotor elabora modelo para medir emisiones

Una industria donde ya se aplican impuestos que gravan las emisiones es la automotriz. Desde fines del año pasado se aplica un impuesto a vehículos nuevos, basado en su rendimiento. El ministro Badenier explica que el Gobierno optó por un impuesto a los compradores, porque dadas las características de este mercado, el impuesto sería traspasado igualmente a estos. «El impuesto se explicita, y así se envía una clara señal a los consumidores respecto a las externalidades relacionadas con sus opciones de compra. Es decir, lo que se busca es que al momento de decidir la compra opten por vehículos más eficientes y menos contaminantes», agrega.

En la industria tienen una propuesta interna concreta para controlar las emisiones: Un modelo que mide las emisiones de material particulado 2,5 y otros agentes en vehículos livianos, medianos y pesados, como camiones. La Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) trabajó dos años en la elaboración de este modelo, que tiene la particularidad de entregar información exacta de cuánto emite un vehículo, según su año y modelo, entre otros.

Gustavo Castellanos, secretario general de Anac, asegura que permite proyectar los efectos de una política pública. Por ejemplo, en cuanto se reducirían las emisiones, si es que se decide sacar de circulación a todos los camiones de más de 10 años. En noviembre, la Anac presentó este modelo a los ministerios de Transporte y del Medio Ambiente.

Proponen pago de arriendo para incentivar plantaciones

Uno de los paliativos para las emisiones de CO {-2} es la forestación, en particular la de especies nativas, que absorben naturalmente los gases contaminantes.

Por eso entre las metas de Chile en la Cumbre de París está recuperar 100 mil hectáreas de bosque, principalmente nativo (por ejemplo quillay y peumo en el norte, y roble y raulí en el sur).

Pero los expertos advierten que es un propósito difícil de cumplir, pues en Chile escasean los bosques nativos y habría que partir de cero. André Laroze, secretario ejecutivo del Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable, Certfor, explica que los dueños que tengan un predio hoy de uso productivo y que deban reconvertirlo para plantar bosque nativo deben recibir algún estímulo de parte del Estado. Este incentivo mitigaría los ingresos que dejarán de percibir los dueños de los predios producto de la reconversión. Una alternativa es que el Estado le pague al dueño un canon de arriendo anual, ya que el DL 701, hoy vigente, solo ayuda a financiar los costos de forestación al inicio, señala.

Otra opción, señala Laroze, es que los propietarios de los terrenos planten especies como eucaliptos, que también absorben CO {-2} , y se pueden usar en la generación de biomasa. Es decir, tienen un fin productivo que permite recuperar costos y al Estado, no compensar anualmente.

 Fuente/emol
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