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Miles de toneladas menos de plástico: Todos los efectos del primer año sin bolsas

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La ley cumple un año y la prohibición de bolsas plásticas en el comercio, seis meses. El gobierno estima que 2.000 millones de bolsas dejaron de fabricarse. Un avance. Pero tuvo otros efectos: cerraron productores, se disparó la venta de bolsas de basura y emergieron las de papel, algo cuyo impacto para el medioambiente es aún desconocido.

Miles de toneladas menos de plástico, cambios de hábitos en los consumidores y nuevos envases sustitutos. La ley que prohibió las bolsas plásticas cumple el 3 de agosto un año. Primero limitó a un máximo de dos unidades la entrega de bolsas a los clientes en supermercados y grandes tiendas; luego, hace seis meses, las eliminó por completo. En agosto de 2020, la prohibición se extenderá al pequeño comercio.

La prohibición de este tipo de bolsas tenía un objetivo ecológico: como eran gratuitas y tenían poco gramaje, existía una alta probabilidad de que terminaran en el mar. “Una parte muy pequeña se reciclaba, otra se iba a los vertederos vía la gestión de residuos, pero la mayor cantidad terminaba en el ambiente y ahí es donde está el mayor impacto. Nos hemos dado cuenta que el mar se transformó en el basurero de la humanidad”, explica el director de GreenLab UC, Luis Cifuentes.

 

Es muy difícil saber de forma confiable cuántas bolsas en Chile terminaban en los océanos, pero hay algunos indicios. Todos los años la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) levanta estadísticas sobre limpieza de playas. El año pasado la Directemar convocó a 14.106 voluntarios, limpió 123 playas y recolectó 171.840 kilos de desechos. Los tres residuos que encabezan el listado son:72.255 kilos de colillas, 24.186 kilos de trozos de plásticos —donde están incluidas, sin desagregar, las bolsas— y 23.422 trozos de vidrio.

“Es una ley ampliamente valorada por la ciudadanía y que posiciona a Chile como el primer país de América Latina en materializarla”, dice la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien agrega que con esto se “permitió generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medioambiente”.

El gobierno estima, basado en cifras de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), que antes de la ley Chile producía 3.400 millones de bolsas al año. El Centro de Envases y Embalaje de Chile (Cenem) dice que esa cifra correspondía solo a supermercados y que al agregar las tiendas del retail el total subía a 5.500 millones de bolsas al año.

Schmidt calcula que gracias a la ley, desde agosto del año pasado “se ha reducido la entrega de bolsas en más de 2.000 millones”. El Cenem aporta otras cifras que ilustran el beneficio del cambio: las bolsas camiseta han bajado de 32.300 toneladas a 5.000 toneladas al año, cifra que en 2020 tenderá a cero.

“Lo más positivo es que cambió el switch de mirar la bolsa como un desecho, como algo que pasa y se va, a algo que tiene valor y que se va a cuidar más. El problema de la contaminación y el excesivo uso de recursos es que uno no ve esos problemas. Con esto, ya se tiene una conciencia de que produce efectos nocivos para el medio ambiente”, dice el ingeniero Luis Cifuentes.

Los otros efectos

Sacar las bolsas plásticas del comercio provocó varios reajustes en el mercado. Las cadenas de supermercados prefieren no detallar los efectos en su negocio, pero admiten en privado que las ventas promedio ha bajado -los clientes adquieren lo que pueden transportar, han migrado al comercio electrónico y redujeron las compras impulsivas-, pero también disminuyeron sus costos en bolsas que tenían un valor promedio cercano a $ 10.

El mayor efecto se ha situado en los fabricantes de sustitutos. Varios productores de bolsas plásticas cerraron o se reconvirtieron y los productores de bolsas de basura han visto crecer su negocio entre 30% y 40%.. También entraron con fuerza al mercado las bolsas de papel.

Los efectos medioambientales de los sustitutos ha dado lugar a otra discusión.

Por ejemplo, el ingeniero del Dictuc César Sáez plantea que “en términos medios, es peor una bolsa de papel que una bolsa de plástico”. Sáez ha analizado químicamente varias de estas bolsas y explica el fenómeno: “El papel, al reciclarse, acumula metales y hemos encontrado altas concentraciones de magnesio y de otros metales que son perjudiciales en cierta forma de disposición inadecuada en el ambiente”. El ingeniero ha encontrado bolsas de papel con “muy baja degradabilidad” e incluso con “biotoxicidad”.

Con la ley en marcha, aparecieron los primeros vacíos. La norma prohíbe las bolsas plásticas que contienen como “componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo”. Walmart comenzó a vender bolsas reutilizables de plástico en base a polietileno que se obtiene de caña de azúcar. Desde la organización ambientalista Océana comentan que estos “bioplásticos se comportan como un plástico convencional” y dicen que, por motivos como este, “existe gran confusión y desconocimiento por parte de los consumidores sobre qué alternativas son realmente más favorables que los plásticos convencionales”.

Hace algunos meses, Walmart defendió su opción asegurando que estaban cumpliendo con “todos los requisitos legales” y que se trata de un plástico “fabricado de fuentes renovables”.

Sáez trató de alertar este punto en la tramitación legislativa. “Advertimos que por la ausencia de estas bolsas que son derivadas del petróleo iban a entrar materiales que podían ser más perjudiciales todavía y crear un efecto negativo”, concluye.

El otro sustituto son las bolsas importadas de TNT (textil no tejido). Pese a que su diseño permite utilizarlas muchas veces, “no cuenta con el flujo de vida cerrado”. Si se rompen, no hay nada que hacer con ellas, ya que no se reciclan en Chile.

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¿Se cambió un tipo de bolsa por otras peores? No hay manera de responder con certeza esa pregunta. La única forma es hacer un análisis de ciclo de vida para cada uno de los productos, midiendo la huella de carbono que se genera en la producción, distribución, comercialización, uso del producto y el fin de vida. En el gobierno responden que no se han hecho estos análisis para las bolsas que entraron al mercado tras la ley, que son mediciones caras y que les corresponde a los privados elaborarlas.

Otra de las dificultades es que en Chile no existen certificaciones que permitan dar garantías de que se trata de productos con baja huella de carbono o con manejo sustentable de recursos. En Medio Ambiente detallan que no hay “laboratorios ni entes certificadores” con la capacidad para asumir esta labor. Todas las certificaciones internacionales “no son homologables” y no tienen validez en las normas chilenas que fija el Instituto Nacional de Normalización. El ministerio lo sabe y ya está trabajando en un Acuerdo de Producción Limpia para crear un ecoetiquetado que siga la misma lógica que los sellos negros de los alimentos.

Pese a que el gobierno está consciente de que se trata de una ley que es perfectible, y la industria del plástico espera ajustes, por el momento no tiene contemplado corregir sus puntos débiles. Ante las críticas, aseguran que sería un error evaluar la ley de bolsas plásticas de forma aislada, ya que es el primer paso de una política más grande para “instalar la economía circular”.

En paralelo, están trabajando en el reglamento de envases y embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP). Esta iniciativa reglamenta seis materiales, entre ellos los envases y embalajes, que abarcan los plásticos. La idea de la ley es entregarle la responsabilidad a las grandes marcas de hacerse cargo de organizar y financiar la gestión de todos sus productos de envases después de que hayan terminado su vida útil. Esto significa que estarán obligados a recolectar y valorizar según metas progresivas que incluyen altas multas en caso de que no se cumplan.

La ministra Schmidt explica que las metas “permitirán al país pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios a un 60% al 2030, equivalente a los niveles alcanzados por países desarrollados”. El anteproyecto del decreto establece metas específicas para cada material: Cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos de envases y embalajes industriales, la obligación será de un 70%.

La idea es que las marcas se agrupen en sistemas de gestión y todo con costo para el privado. La ley marco se publicó en junio de 2016, cada material se regulariza vía reglamento y el de los envases y embalajes se encuentra en etapa de consulta pública.

A esta ley, se suma la Estrategia del plástico que pretende concientizar en los plásticos de un solo uso (como bombillas, cubiertos, etc.), un Acuerdo de Producción Limpia para crear un ecoetiquetado y la Hoja de Ruta de Economía Circular que el MMA lanzará en la COP25.

“Si bien nos encontramos en pleno proceso de desarrollo, nos pusimos metas desafiantes: que al menos el 65% de los residuos domiciliarios que se generan en el país sean reciclados al 2040 y que, para ese mismo año, sólo el 10% de los residuos vaya a un relleno sanitario”, cierra la ministra.

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Fuente/LaTercera
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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.

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Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.


El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.

La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.

Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.

Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.

El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.

El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.

Imagen de Photorama en Pixabay

Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.

En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.

Calidad y permanencia de los hábitats

El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.

La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.

“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.

De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.

“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.

Referencia:

Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.

 



Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?

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El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.


La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?

Las ambigüedades del Acuerdo de París

El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:

  • ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
  • ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
Gráfica que muestra un aumento de la temperatura entre 1850 y 2024
 
Anomalías anuales de la temperatura media mundial en relación con los niveles preindustriales (1850-1900) desde 1850 hasta 2024. Datos de las fuentes que indica la leyenda/Estado Global del Clima 2024, CC BY-SA

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?

El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.

El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.

Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.

Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.

Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años

Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.

Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.

Imagen-de-Gerd-Altmann-en-Pixabay.

Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?

La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.

Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.

Hace falta consenso.

El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029  indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.

Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.

Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.

Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.

La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.

 




Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones

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El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.


En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.

Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.

¿Cómo afrontamos el cambio climático?

La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.

Imagen de GreenCardShow en Pixabay

Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.

¿Cómo lograr la neutralidad climática?

Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.

Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.

A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.

Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.

Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono

Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar  y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.

Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.

Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.

Imagen de nosita en Pixabay

También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.

Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.

Las novedades del reglamento europeo

La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.

Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad

El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.

Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.

 



Fuente/The Conversation
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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric  


En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar). 

Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.  

«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.   

La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.  

En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.  

La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

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La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.   

Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.  

Fotos (créditos: Francisco Morey)



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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo

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El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.


El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.

De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.

El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.

Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.

Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.

En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.

Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.

Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.

“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.

En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.

“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.

No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.

“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.

Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.


Fuente/Pulso
Chile Desarrollo Sustentable 
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