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Ministra del Medio Ambiente: «Agrosuper fue la que cambió las reglas del juego»
María Ignacia Benítez asegura que la compañía, que esta semana anunció el cierre indefinido de su planta en Freirina, no cumplió con lo prometido. No informó a tiempo su problema de olores, y no consideró elementos de su proyecto original. «La empresa tuvo un manejo irresponsable en sus inicios», dice.
El lunes recién pasado la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, estaba reunida con los alcaldes de Huasco, Freirina y Vallenar, cuando le llegó el comunicado de Agrosuper, en el que la firma explicaba que suspendía su proyecto en la zona norte del país. Ni un indicio, ni una llamada de la empresa la alertó de esta decisión que, en palabras de la secretaria de Estado «puso fin a un trabajo intenso del ministerio», y que «no le hace bien a nadie».
Aclara, antes de entrar de lleno en las implicancias del polémico cierre de esta planta, que este caso es aislado: «En Chile se puede invertir, están dadas las condiciones. Pensemos en la cantidad de proyectos que se han desarrollado y no han tenido problemas».
Está molesta. No tanto por la decisión de la empresa, pero sí por las razones que dio el gerente general, José Guzmán, para ponerle candado a la planta.
Hacia él apunta sus dardos: que no informó a tiempo de los problemas de olores de la planta como lo exige la legislación ambiental; que no es efectivo que las nuevas condiciones ambientales impuestas no apuntaban a terminar con el problema de olores; en fin, que fue Agrosuper la que cambió las reglas del juego, no la autoridad.
En una reciente entrevista, Guzmán aseguró que en la revisión ambiental hecha al proyecto se le impusieron medidas que «no tenían una razón ambiental» como la instalación de una faenadora. Benítez rebate éste y otros puntos. Sobre el primero, señala que el proyecto siempre consideró una planta faenadora y una planta de rendering (para desechos) y que no es una condición que haya puesto la autoridad. Lo grafica con el hecho de que en 2011, el gerente general de la planta de Freirina ingresó una solicitud al Sistema Regional de Evaluación Ambiental, diciendo que todavía no había comenzado la construcción de la planta faenadora y de rendering.
-¿Cómo recibió la decisión de Agrosuper de cerrar indefinidamente su planta en el norte?
«Es una decisión de la empresa. Es una mala noticia, todos perdemos. La revisión que la autoridad ambiental hizo de la resolución de calificación ambiental establecía condiciones ambientales que permiten que la planta opere adecuadamente, considerando que se trata de un lugar donde vive gente y donde se debe tratar de compatibilizar el desarrollo con la calidad de vida de las personas. Eso es lo que hace esta resolución, que es distinto a lo que dice el señor Guzmán y que leí en «El Mercurio» hace unos días, y que dice que debido a estas condiciones medioambientales exigentes la viabilidad de la planta se ve afectada y se le exigen cosas que no corresponden a variables ambientales. Ahí es donde yo creo que habría que hacer bastantes aclaraciones».
-¿Le molestó que la empresa no haya asumido la nueva exigencia medioambiental y haya cuestionado parte de ella?
«No estoy de acuerdo con sus declaraciones, porque cada vez que hay un problema, y esto es genérico, la culpa la tiene la institucionalidad medioambiental. Entonces no se asumen las propias responsabilidades».
«La revisión (que comenzó después del cierre temporal en mayor) se hizo conforme a lo que la legislación ambiental autoriza y entre las cosas que él (Guzmán) señala es que se redujo la capacidad de la planta. Le quiero decir que el informe de Wenck -la empresa estadounidense que asesoró en revisión- señala que la planta de tratamiento de purines está diseñada para 80 mil cerdos y no 150 mil. O sea no es que haya inversiones para 150 mil cerdos, eso para empezar a conversar. Además, cuando se produce el problema, a poco andar de la planta, el número de madres era de 40 mil y el de cerdos era de 600 mil y hubo problemas enormes. Por lo cual la operación misma es bastante más compleja que lo que ellos suponen.
En tercer lugar, él habla que se le piden inversiones que no tienen que ver con problemas ambientales como la planta faenadora. Y yo le digo al señor Guzmán que si uno revisa la cronología de los hechos (ver recuadro), el proyecto siempre consideró una planta faenadora y una planta de rendering (de desechos), como un global (…). Cuando haces un estudio de impacto ambiental, presentas un proyecto y lo presentas como todas estas unidades juntas, la evaluación se hace con todas esas unidades operando. No es lo mismo no tenerlas que tenerlas. Por lo tanto, es una exigencia que tiene mucho que ver con el tema ambiental. Y, por lo demás, lo que se pide y se le dice en la revisión es: «usted en este momento tiene 20 mil madres, parta con 30 mil -porque necesitamos cerdos para que la planta de tratamiento funcione-, pero cada escalonamiento hasta 20 mil madres entregue un informe a la comisión de evaluación ambiental regional, dando cuenta que estas exigencias de estándar de olores se cumplió». Tampoco es como él lo plantea, que estas exigencias le hacen imposible escalar».
-Entonces, ¿José Guzmán mintió?
«Él lo que dice es que el Gobierno le cambió las condiciones. El Gobierno no ha cambiado las condiciones, el que cambió la reglas del juego fue él, fue Agrosuper, porque no consideró todo lo que tenía considerado en su proyecto original. Además dijo que no iba a tener olores y hubo olores».
-A la luz del informe Wenck, ¿nunca debió haberse autorizado la planta en 2005-2006 en los tamaños y términos que se hizo?, ¿no es viable?
«El proyecto original consideraba una capacidad total autorizada de 150 mil madres, pero escalonada cada 50 mil. Y previo al crecimiento, había una auditoría ambiental externa que decía sí o no. Esa condición fue la que se quitó en la resolución aclaratoria (en 2006). El problema ocurrió antes de las 50 mil igual, pero esa condición creo que fue grave haberla quitado, porque permitía ir viabilizando un proyecto de esta naturaleza por etapas».
-¿Fue un portazo de Agrosuper cerrar el proyecto, cuando el Gobierno estaba tratando de darle viabilidad?
«Las empresas tienen que entender que la viabilidad de proyectos en general, grandes, tiene que considerar la relación con la comunidad. Si me pregunta, ¿qué haría yo si fuera Agrosuper? Yo tengo mi gerente viviendo en Freirina, tengo una oficina en Freirina. No me encierro en una planta. Tengo que estar inserto en una comunidad. La gente necesita al actor relevante cerca».
-¿Cree que Agrosuper está justificando con la violencia y las exigencias ambientales el hecho de que ahora el proyecto le parezca menos rentable?
«El Gobierno mandó Fuerzas Especiales, hubo una preocupación especial. Hay una mezcla de hechos que se señalan en la declaración: dicen que hay violencia y por otro lado que es inviable lo que establece la revisión de la resolución. Yo la verdad, no sé cuál es la razón».
-¿Pero ninguna de las dos son válidas?
«Creo que no. Puede haber otras razones que desconozco. Pero lo concreto es que la institucionalidad ambiental revisó esta resolución, consideró cuáles son las medidas más adecuadas para viabilizar un proyecto como éste, en armonía con el medio ambiente y con la calidad de vida de las personas. Las reglas del juego no han cambiado. Las reglas del juego las cambió Agrosuper al no cumplir con todo lo que se establecía».
-¿Quién es el principal responsable del candado que hoy tiene el proyecto?
«Hay una multiplicidad de actores».
-Y en una escala, ¿la empresa, un permiso ambiental que nunca se debió haber dado, un Gobierno que actuó de forma tardía?
«Se juntan varias cosas, pero en general, creo que aquí la empresa tuvo un manejo irresponsable en sus inicios. No supo informar adecuadamente cuándo se generó el problema y a lo mejor la cosa podría haber sido totalmente distinta, no lo sé. Las cosas tienen una manera de verse distinta cuando uno lo sabe inmediatamente».
-¿Qué van a exigir y monitorear en el plan de cierre?
«A raíz del anuncio que hizo la empresa, al día siguiente el Servicio de Evaluación Ambiental Regional de Atacama ofició a la firma solicitando cuál va a ser el plan de cierre. Y se dio un plazo de 10 días hábiles para que lo presentaran. Ellos han anunciado febrero. Lo que hay que velar es que el cierre no implique olores, la variable más crítica. Y en eso hay que implementar una serie de medidas para que la planta de tratamiento que va a dejar de operar y cerrar progresivamente, no produzca los olores. Para eso tiene que implementar medidas como que la cantidad de bacterias que están ahí operando, sigan operando. Tendrán que detallar cómo lo quieren hacer y los plazos. Lo peor que puede pasar ahora es que el cierre se haga con candado, eso no puede ser».
«Tenemos que compatibilizar desarrollo y medio ambiente»
-Usted dijo que en el lugar de Agrosuper habría tenido un gerente en la planta. ¿Eso mismo corre para el Gobierno? ¿De parte del Gobierno falta esa conexión con la comunidad?
«Tanto la intendenta, el intendente posterior y el seremi de Medio Ambiente estuvieron en permanente contacto con la comunidad. Es más, el seremi estuvo incluso en mayo, en las primeras protestas. Estuvo ahí, en las fogatas conversando con la gente, preguntando a los dirigentes qué querían hacer. Yo después fui a Freirina y también estuvimos conversando y viendo qué es lo querían, pero la actitud fue siempre cerrada. Eso fue lo que se recibió en ese momento».
«En general, no había una voz que se levantara y dijera «no queremos cerrar». Ahora sí hay voces que dicen «me voy a quedar sin pega, tengo un empleo digno y ahora no lo voy a tener». Todos podemos aprender lecciones. Tenemos que encontrar la manera de compatibilizar el desarrollo, que todos queremos y necesitamos, y el cuidado del medioambiente con la calidad de vida de las personas. Parte de eso se inicia con encontrar puntos de encuentro que nos llamen al diálogo y no a la violencia».
-¿Cómo evalúa su gestión?
«Es re difícil autoevaluarse. Desde el primer momento yo estuve en el lugar. Comenzamos la revisión de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental), lo que la ley me permite hacer. Significó un trabajo intenso por parte de las autoridades del medioambiente allá. Somos un ministerio nuevo. Nuestra «seremía» es bastante pequeña. Designamos a una persona especialmente dedicada para que se instalara en el lugar, pudiera aportar con soluciones y ayudara. Y estuvimos quizás más en las sombras probablemente, pero trabajando intensamente para poder llegar a puerto con una revisión que permitiera la viabilidad de la planta».
«A lo mejor me habrá evaluado de otra manera la opinión pública, pero la verdad es que estuve intensamente abocada a este tema. Incluso revisé todo lo que había para atrás. Requirió un trabajo significativo, no sólo de parte mía sino de todos los funcionarios que trabajaron en esta revisión».
-¿Puede ser viable la planta si Agrosuper revierte su decisión?
«Lo veo viable con las condiciones que se impusieron, siempre entendiendo que las contingencias pueden ocurrir. No puedo garantizar que nunca más habrá olor. Esto es como la ley de alcoholes, siempre habrá gente que tomó y va a manejar».
Fuente:www.economiaynegocios.cl
Desarrollo Sostenible
Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Conversación
Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos
Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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Conversación
Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .
La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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