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MINISTRO PARDOW DEFIENDE PROYECTO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, REFUTA IMPACTO EN CUENTAS DE LUZ Y DICE QUE INCLUSO EVITARÍA ALZAS POR $ 3.500
Desde Londres, donde prepara su participación en un Chile Day enfocado en temas eléctricos, el secretario de Estado aseguró que los análisis que advertían aumentos en las cuentas no son correctos. La cartera propuso someter a una revisión por parte de un externo independiente a los cálculos, que fueron confeccionados con el apoyo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).
Las dudas sobre el impacto tarifario del proyecto de transición energética que el Ejecutivo ingresó a tramitación a principios de julio sigue entrampando su discusión. El ministro de Energía, Diego Pardow, realizó una nueva exposición ante la comisión de Minería y Energía del Senado, donde se encuentra radicada la iniciativa y presentó la posición de la cartera sobre el impacto que tendrían en las tarifas eléctricas los cuatro pilares del proyecto: reasignación de ingresos tarifarios, licitación de almacenamiento, obras necesarias y urgentes, y la revisión del valor de inversión.
En primer término, Pardow -quien expuso desde Londres, donde está participando en el Chile Day- remarcó que la propuesta de reasignar los ingresos tarifarios apunta a repartir los fondos que se acumulan a raíz de los desacoples entre los precios de inyección y los valores de retiro de energía que realizan las generadoras, y que se reparten posteriormente a clientes, pero sólo en aquellos períodos donde su acumulación sea extraordinaria. La propuesta contempla establecer un umbral vía reglamento, que permita al Coordinador Eléctrico reasignar dichos ingresos a las generadoras que hayan presentado mayores desbalances.
En esa línea, Pardow presentó un caso de un cliente tipo cuyo consumo promedia los 180 KW/h al mes, ubicado en la comuna de Puente Alto. El ejercicio calcula que en 2020, cuando los ingresos tarifarios fueron normales, la devolución a clientes generó un descuento en su cargo de transmisión de $40. En cambio, al proyectar lo que ocurriría en un año extraordinario, como 2022, el efecto en clientes de no incluir el mecanismo propuesto para reasignar los ingresos tarifarios sería de una devolución en boleta de $560. Al aplicar la propuesta, dicha devolución se reduciría a $160. Es decir, una diferencia de $400 por boleta.
El diseño, sostuvo Pardow, evita dos tipos de efectos que sí tienen efectos permanentes: que los contratos más económicos puedan quedar sin efecto, en caso de quiebras de empresas o similares; y que dichos riesgos sean internalizados en los futuros contratos de licitación de suministro, elevando los precios de la energía.
Al respecto, mencionó el caso de Acciona Energía Chile, dado a conocer por Pulso, que solicitó a la Comisión Nacional de Energía elevar el precio de la energía establecido en la licitación de 2015/01 en casi 40%. “Ese tipo de cosas son lo que se evitan con esto. (…) Obviamente, los contratos más económicos son los más expuestos a terminar, porque están más expuestos al impacto económico del desbalance entre inyección y retiro, a terminar por quiebras”, remarcó.
Los cálculos presentados por Pardow, y que fueron realizados con el apoyo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), arrojan que el impacto a clientes del término de los contratos más económicos para los clientes tipo sería cercano a los $5/kWh, lo que se traduce en incremento de $1.000 en la boleta.
“Eso, en una cuenta tipo, es un aumento permanente. No sólo en años extraordinarios, sino siempre, hasta que consiguiéramos reemplazar esos contratos con nuevos contratos económicos”, advirtió Pardow.
Respecto de las nuevas licitaciones, las estimaciones de internalizar los riesgos aumentarían el precio de la energía en $11/kWh, lo que se traduce en un alza de $2.500 en una cuenta tipo.
“Entonces, una disminución del descuento del orden de $400, a cambio genera evitar un aumento en tarifas, producto de quiebras de contratos o empeoramiento de las condiciones de subasta, del orden de $3.500″, enfatizó Pardow.
El cálculo difiere, al menos en parte, con lo presentado por el propio ministro Pardow en la sesión del pasado 12 de julio. Entonces, al menos en la modificación de los ingresos tarifarios se estimaba una menor devolución de $1/kWh en años extraordinarios. El sobreprecio evitado en las futuras licitaciones, en cambio, se mantuvo.
Almacenamiento
En cuanto a la licitación de sistemas de almacenamiento, Pardow reconoció que el texto ingresado explicaba la propuesta “de manera muy genérica”, lo que será corregido en futuras indicaciones. Con todo, dijo que la licitación será dual, replicando la fórmula para las subastas de generación eléctrica, donde se licitan infraestructuras y prestaciones de servicio, y se determinará un umbral mínimo de adjudicación. “La diferencia entre ambas, ese residual, es lo que es financiado por el cliente”, detalló.
Sin embargo, al presentar un ejemplo de licitación, con una inversión de 500 MW en un umbral mínimo de 80%, Pardow aseguró que las estimaciones arrojan que la diferencia para un cliente tipo sería de más menos $11 en total. “Podría ser un abono, un descuento o un cargo de $11. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando, de nuevo, algo muy pequeño en cuenta tipo para la importancia de este tipo de inversión”, remarcó Pardow.
En tanto, sobre el mecanismo establecido para las obras urgentes, así como para la revisión del Valor de Inversión, aseguró que la propuesta no genera costos adicionales.
El ministro apuntó a la presentación realizada por la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), el 19 de julio en el Senado, donde la entidad advirtió que el proyecto de transición energética incrementaría en $11/kWh la cuenta de los clientes residenciales.
“Estas son obras que propiamente tal no tienen un costo, Y aquí quiero ser bien directo, en que lo que presentó Acenor no es correcto, porque esto son obras que están igual dentro de la planificación de la transmisión, entonces no es correcto decir que al apurarlas, se genere el costo”. dijo sobre las obras urgentes, y agregó respecto a la revisión de los valores de inversión que “pasa un poco lo mismo, ya que son obras que ya están mandatadas, pero que se relicitan, entonces tampoco es correcto considerar que esto tiene un efecto en tarifas, porque simplemente lo que se está haciendo es generar otro mecanismo más rápido”.
Revisión de un tercero independiente
Al término de la sesión, la asesora legislativa de la cartera y exministra de la Secretaría General de Gobierno, Ana Lya Uriarte, propuso a nombre del Ejecutivo que un tercero independiente revise los cálculos realizados por el ISCI.
“Nosotros quisiéramos poner a disposición, en un nombre a concordar, un análisis independiente de sinceramiento de tarifas de lo que significa el proyecto”, dijo, y detalló que esto podría ser acordado en la próxima reunión que sostendrán los equipos del Ministerio con los senadores de la comisión, el lunes 25 de septiembre, y donde esperan conocer la propuesta encargada a la consultora Valgesta para la estabilización de tarifas en el sector eléctrico.
Fuente/Pulso Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente, #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.
Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.
Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.
Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.
Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.
En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.
El planeta te lo agradecerá.
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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Ratificación y entrada en vigor
Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
Preocupación en el sector pesquero
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible
Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia
Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.
La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.
“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.
Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.
Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.
La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción.
“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.
El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia.
“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
¿Cómo ayudar?
Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.
Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]
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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.
Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.
La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.
Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.
Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).
Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.
Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.
Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.
La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación
H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde
En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.
En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.
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