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Derechos de Agua: ROYALTY Y CADUCIDAD, LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO
En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará al Congreso las indicaciones al Código de Aguas. Además, trabaja en cinco proyectos de ley adicionales, que limitarán a 30 años los otorgamientos futuros, fijarán el pago de un royalty por uso y las causales de caducidad.
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La austeridad de la oficina de calle Amunátegui que ocupa Reinaldo Ruiz, no revela la trascendencia de la labor que el delegado presidencial para los recursos hídricos viene realizando desde hace varios meses. En el tercer piso de un antiguo edificio céntrico -en cuya puerta un papel escrito a máquina da cuenta de la oficina de la autoridad- Ruiz lidera un equipo técnico que está diseñando la que será la mayor reforma al Código de Aguas que está vigente desde 1981.
Se trata de uno de los proyectos prioritarios anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta anual del 21 de mayo y que toca de manera directa a los sectores agrícola, minero y energético.
Si bien en 2005 el Código de Aguas fue modificado, lo que está impulsando la administración Bachelet está lejos de ser una reformulación cosmética; se trata, más bien, de un cambio profundo, estructural y sustantivo a la gestión del agua. Entre otros aspectos, la propuesta que trabaja el gobierno considera el establecimiento de un royalty por el uso del agua, la limitación a 30 años para los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen y la determinación de causales para caducar los derechos otorgados que no se utilicen.
“No estamos planteando medidas de expropiación. Nunca hemos hablado de estatizar. Sí es una reforma profunda, que no sólo va a modificar el otorgamiento de los derechos futuros de agua, también va a tener un efecto retroactivo respecto de causales de extinción, limitaciones y de restricción de los derechos”, explica Ruiz.
Según el economista, lo que busca el Ejecutivo es promover el uso efectivo de los derechos de agua. “Hoy, el Código de Aguas favorece y fomenta la concentración y la especulación. Está inspirado en que el mercado es un buen asignador del recurso. Eso significa que quien pone las lucas se lo lleva y nos parece que respecto de este factor, eso no puede seguir”, puntualiza.
También -agrega- se dará prioridad al consumo humano por sobre el derecho de propiedad del recurso que tienen personas naturales y el sector privado. Para ello, se requiere asegurar la prevalencia del agua como un bien nacional de uso público, por lo que se deberá recurrir a un cambio constitucional.
Aunque no hay cifras oficiales, Ruiz menciona que se calcula que, actualmente, existen en Chile “50 mil derechos otorgados en aguas superficiales, otros 50 mil derechos concedidos en aguas subterráneas, entre 200 mil y 400 mil derechos que se han otorgado por resoluciones judiciales y distintas vías, y unas 800 mil transacciones”. Y lo que resta por entregar, dice, algunas estimaciones lo cifran en torno al 10%, aunque, aclara, “yo creo que debe ser un poco más que eso”.
Los próximos días serán claves para avanzar en las transformaciones que se planean poner en marcha. En la semana que comienza, el Ejecutivo ingresará las indicaciones a la moción parlamentaria que desde hace más de dos años está en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.
Esta será una de las vías que usará la actual administración para perfeccionar el sistema de otorgamiento de los permisos hídricos. En paralelo a la discusión de las indicaciones, el gobierno trabaja en cinco proyectos de ley adicionales relacionados con fiscalización y sanciones, el régimen concesional, una ley especial de glaciares, el régimen económico tarifario y la gestión integrada de cuencas.
* Royalty al agua
El Ejecutivo quiere introducir tres principios fundamentales en el marco jurídico: que el propietario de un derecho de agua pague por su uso, que la autoridad tenga la facultad de caducar el derecho de aprovechamiento otorgado en caso de no se usado y que los nuevos derechos otorgados tengan un plazo determinado.
“La gente va a tener que pagar por usar este recurso del cual obtiene un beneficio productivo, recurso que el Estado se lo otorga gratuitamente, pero que le pertenece a toda la nación. Es como un royalty, lo mismo que se hizo con la minería”, precisa Ruiz. Hoy, al contrario, el titular de un derecho de agua paga una patente únicamente en caso de no uso, indica.
¿Cómo se calculará el pago? Es un tema aún por definir. “Hemos pensado que debería cobrarse por el volumen utilizado. Y naturalmente que no todos deberían pagarlo, entre ellos, los programas de agua potable rural y los pequeños productores o agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua superficiales de unos 10 litros por segundo”, detalla.
Los recursos recaudados irán a mejorar el sistema de información. “Hay que tener un sistema de información completo y lo más actualizado posible, donde sepamos quién usa el agua, dónde la está usando, cuánta agua se está transando, quién no la está usando, qué personas tienen derechos de aprovechamientos y cómo se están transando estos derechos. Hoy no tenemos claridad respecto de eso”, sostiene.
* Derechos por 30 años
La duración de los futuros derechos de agua que se otorguen también forma parte de la propuesta del gobierno. Hoy, los derechos se entregan a perpetuidad. “Se está estableciendo un plazo máximo de 30 años para los derechos consuntivos y no consuntivos, que serán renovables, pero sujetos a una evaluación y a una auditoría de la misma institución que los otorga, que podrá ser la Dirección General de Aguas (DGA) o la entidad que surja de este reordenamiento institucional”, adelanta Ruiz y menciona ejemplos de países vecinos. “En Brasil se otorgan por un plazo de entre tres y 35 años, y en México, entre cinco y 30 años”.
Los derechos otorgados previo a la entrada en vigencia de la norma no serán modificados y quedarán a perpetuidad, aunque sí estarán sujetos a causales de extinción. “El código actual protege mucho el derecho de propiedad del titular y si no lo usa, no podemos hacer nada, aparte de que pague una patente”, indica la autoridad. El diseño del Ejecutivo apunta a establecer un plazo para caducar el derecho en caso de no uso. “Para los derechos nuevos, el plazo será de cuatro años y para los antiguos, entre 12 y 14 años”, señala.
Con los cambios que se quieren implementar, para el gobierno no tendría sentido mantener el pago de patente por no uso. “Si se establece un pago por uso y sanciones a los que no lo usan, no tiene ningún sentido seguir con el pago de patentes”, subraya. Y agrega que también se trabaja en una propuesta para eliminar los remates que hace la DGA, subastas que se producen cuando hay más de un interesado en solicitar un derecho de agua.
El cronograma para introducir los cambios no está del todo definido, aunque en el gobierno aseguran que será un proceso gradual. “No creo que vayan a entrar todos los proyectos de ley juntos, primero nos vamos a concentrar en la reforma al código, con las indicaciones que se van a presentar referidas a los usos de los derechos, el orden de prelación del uso, las limitaciones al derecho de aprovechamiento, causales de extinción, en qué consisten los derechos provisionales, cuando se extinguen, cuando pasan a ser derechos permanentes”, etc. No obstante, la aspiración es que, a mediados de 2015, todas las iniciativas estén ingresadas al Parlamento y la reforma al código aprobada. “Me gustaría que esto avanzara mucho más rápido, pero hay que compatibilizarlo con la agenda del propio Parlamento. Es más realista pensar los cambios al código deberán estar aprobados el próximo año”, señala Ruiz.
De más largo aliento, cree, es darle forma a una nueva institucionalidad que esté sólo abocada al tema del agua, que podría ser una subsecretaria o un comité interministerial. “Es necesaria, pero también se podría avanzar en un período de transición. No estoy convencido de que se tenga que crear una institución inmediatamente”, afirma.
* Las dudas de los privados
En el sector privado no esconden su preocupación por la reforma que prepara el gobierno. “Esperamos que más allá de las modificaciones necesarias de hacer, no se genere incertidumbre en la titularidad de los derechos de agua y se afecte el desarrollo de proyectos futuros”, sostiene René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras.
Y explica. “Los proyectos hidroeléctricos requieren años de maduración y planificación hasta ejecutarse, es difícil asignarle un período estándar al derecho de agua”.
En el gobierno, por su parte, entregan un mensaje de tranquilidad. “No debería producir ningún tipo de incertidumbre ni incerteza jurídica. Va a ocurrir todo lo contrario, lo que queremos es promover la certeza de la disponibilidad del recurso. El que usa bien el agua no tiene nada que temer”, señala Ruiz.
En el sector privado existe una crítica transversal respecto del funcionamiento de la regulación vigente. En la industria agrícola indican que no es necesario realizar cambios tan profundos, sino que focalizar el esfuerzo del Ejecutivo en hacer que la legislación vigente opere mejor. “Hay que comenzar a administrar los recursos con la legislación vigente, que no ha sido utilizada. Hay mucho más acuerdo en que se haga operar la ley que hoy existe”, plantea el presidente de la SNA, Patricio Crespo.
Esta visión es compartida por el ex director de la Odepa y académico de la Universidad Católica, Gustavo Rojas. “El Estado no ha tomado su rol para proteger el recurso con la institucionalidad vigente, entonces hagamos eso primero”, dice.
Para Crespo, lo que más inquieta al rubro agrícola es la modificación al estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento, al quitarle la protección jurídica que le brinda el ser propietario titular. “Se abre la puerta para todas las demás restricciones al ejercicio del derecho”, critica. A su juicio, lo que quiere el gobierno es “extinguir derechos sin tener que pagar la correspondiente indemnización -que es el pago del valor comercial del bien si es expropiado- y para ello se requiere dar el rango constitucional al agua como un bien nacional de uso público, luego cambiar el estatuto jurídico del derecho de aprovechamiento de agua, quitándole la protección que le brinda la Constitución, al considerarlo un derecho de propiedad del titular”.
* Prioridades
En opinión de Gustavo Rojas, con los cambios que quiere impulsar la autoridad, el sector agrícola, que consume el 84% del agua, podría frenar su crecimiento. “No deberíamos tener modificaciones en los procesos de producción y exportación con los cambios que se están conociendo; en lo que sí podríamos tener un impacto es en las futuras inversiones. ¿Quién se atreverá a poner un parrón que le sale entre US$ 25 a US$ 35 mil por hectárea, si no tiene la seguridad de agua para los próximos 20 años?”, advierte y agrega que si se concreta la medida propuesta de especificar el uso que tiene el derecho de agua, todo el proceso será más engorroso. “Hoy, si se pide un derecho, éste se da por predio y dentro de él, el dueño del derecho hace lo que quiere con el agua, pero con los cambios, si tengo un derecho para regar un parrón y quiero ser eficiente y regar también cerezas, tendré que informarlo al gobierno y también pagarlo, y si no lo informo, eso puede ser una causal de caducidad, ya que no lo uso para el fin que lo solicité”, apunta.
Para la industria minera, que ocupa el 5% del agua fresca del país, el impacto de la reforma podría ser más acotado, ya que el sector está promoviendo el uso de agua de mar en las operaciones mineras, sostienen en la Sonami.
En el Consejo Minero comparten la intención del gobierno de priorizar el consumo humano, pero tienen dudas respecto de “si junto con ese “primer lugar” se está pensando en “segundas y terceras” prioridades de uso, en cuyo caso habría un serio riesgo de caer en discriminaciones entre sectores productivos”, sostiene el presidente ejecutivo Joaquín Villarino.
En el gremio también ven con inquietud si esa priorización no sólo se aplicara en situaciones o momentos calificados de escasez, “sino como un criterio permanente para la asignación o reasignación de derechos de aprovechamiento, porque se abriría un espacio de arbitrariedad que debemos evitar”.
Fuente: latercera.com
Desarrollo Sostenible
Subsecretario de Medio Ambiente presenta: PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LA COP3
Durante la segunda jornada de la conferencia de las partes del acuerdo, Maximiliano Proaño presentó el instrumento que guiará la puesta en marcha de Escazú en Chile.
En el salón Raúl Prebisch de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), frente a los 16 Estados parte, los nueve estados observadores y los miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, presentó en la COP3 de Escazú el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), considerada la hoja de ruta para avanzar en la puesta en marcha del acuerdo en Chile.
En su presentación, Proaño explicó los principales detalles que contiene este instrumento, destacando que fue creado de forma participativa, recogiendo para su materialización las voces de la sociedad civil de todas las regiones del país. “Con este Plan buscamos implementar progresivamente los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, señaló.
Con un aplauso al unísono, los presentes en la sesión valoraron el proceso de implementación que Chile está realizando, especialmente porque, pese a que es Estado parte desde el 11 de septiembre de 2022, ya es el cuarto país que presenta un plan de implementación, siento antecedido solo por Ecuador y Argentina. A esto se suma también el nuevo plan de Santa Lucía, presentado en la conferencia.
“Como país, hemos trabajado fuertemente para avanzar en la implementación de Escazú. El más reciente avance, y uno especialmente importante para nuestro Ministerio, ya que debimos coordinar a 34 instituciones públicas, fue la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativo de Escazú, que fue construido de manera colaborativa y coordinada entre instituciones estatales, sociedad civil, el sector privado y la academia”, señaló el Subsecretario del Medio Ambiente.
Además, detalló que “en este plan se establecieron 56 acciones generales y se identificaron más de 236 medidas específicas que las concretizan, que ayudarán en la implementación de Escazú entre 2024 y 2030. Esto es muy valioso y demuestra nuestro compromiso con el acuerdo, ya que pese a ser Estado parte hace menos de dos años, somos el tercer país en la región en presentar un plan de implementación”.
Sobre el PIPE
El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Puntos que coinciden con los principales pilares del propio Acuerdo de Escazú.
El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.
La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos de participación pública temprana, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso de toma de decisiones ambientales o fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones ambientales.
En tanto, el acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas de acceso a la justicia ambiental y faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales. Así, aparecen medidas como difundir y educar sobre las herramientas y normativa ambiental para el acceso a la justicia y disminuir las asimetrías para acceder a la justicia y avanzar hacia la protección de datos personales.
Sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, se plantea elaborar un diagnóstico sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales o reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.
Finalmente, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.
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Desarrollo Sostenible
El Día de la Madre Tierra: CELEBRANDO LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL
El Día de la Madre Tierra, es celebrado el 22 de abril de cada año, es un recordatorio global de la importancia de nuestro entorno natural y la necesidad urgente de protegerlo.
Esta fecha emblemática surgió en 1970, cuando millones de personas salieron a las calles para protestar contra la contaminación y la degradación ambiental, marcando así el nacimiento del movimiento moderno de conservación.
Importancia y Relevancia:
Este día no solo nos recuerda la belleza y la fragilidad de nuestro planeta, sino que también resalta la interconexión entre los seres humanos y el medio ambiente. La salud y el bienestar de la Madre Tierra son fundamentales para nuestra supervivencia y calidad de vida. Cada acción que tomamos, ya sea pequeña o grande, tiene un impacto en el mundo que nos rodea.
Hitos Importantes:
A lo largo de las décadas, el Día de la Madre Tierra ha sido testigo de importantes hitos en la lucha por la sostenibilidad. Desde la firma del Acuerdo de París en 2015 hasta el surgimiento de movimientos como Fridays for Future, impulsado por jóvenes activistas como Greta Thunberg, la conciencia ambiental ha crecido exponencialmente.
Sostenibilidad a Corto y Largo Plazo:
La sostenibilidad es el núcleo del Día de la Madre Tierra. A corto plazo, esta celebración nos motiva a adoptar prácticas más respetuosas con el medio ambiente en nuestra vida diaria, como reducir el consumo de plástico, reciclar y optar por energías renovables. A largo plazo, promueve cambios sistémicos en políticas, economía y cultura para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
Proyecciones y Beneficios:
El Día de la Madre Tierra ofrece numerosos beneficios para el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y el bienestar del planeta en su conjunto. Al promover la conservación de recursos naturales, la reducción de emisiones de carbono y la protección de la biodiversidad, contribuye directamente a la salud de los ecosistemas y al equilibrio climático.
Beneficios para el Medio Ambiente:
- Fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, el suelo y la flora y fauna.
- Impulsa la restauración de ecosistemas degradados y la protección de hábitats clave.
- Promueve prácticas agrícolas sostenibles y la preservación de la biodiversidad.
Beneficios para el Desarrollo Sostenible:
- Estimula la adopción de políticas y prácticas empresariales responsables.
- Apoya la equidad social y económica al promover un desarrollo inclusivo y justo.
- Fomenta la educación ambiental y la conciencia pública sobre temas cruciales.
Beneficios para la Lucha contra el Cambio Climático:
- Contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la promoción de energías renovables y la eficiencia energética.
- Apoya la adaptación y resiliencia frente a los impactos del cambio climático, como eventos climáticos extremos y la elevación del nivel del mar.
Beneficios para el Planeta:
- Fortalece la conexión entre las comunidades humanas y la naturaleza, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida hacia la Madre Tierra.
- Inspira la colaboración global en la búsqueda de soluciones para los desafíos ambientales más apremiantes.
- Sienta las bases para un futuro más próspero y armonioso para todas las formas de vida en nuestro planeta.
En esta celebración, el Día de la Madre Tierra es mucho más que una fecha en el calendario; es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de proteger y preservar el único hogar que tenemos. A medida que enfrentamos desafíos ambientales cada vez más urgentes, esta celebración nos insta a trabajar juntos hacia un futuro sostenible y equitativo para todos.
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Desarrollo Sostenible
PRESIDENTE BORIC DESTACA COMPROMISO DE ENGIE CON LA DESCARBONIZACIÓN EN INAUGURACIÓN DE BESS COYA
En la instancia -en la que participaron la CEO del Grupo ENGIE, Catherine MacGregor; y la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien- el Mandatario destacó el compromiso de la empresa con la descarbonización y la importancia de este tipo de tecnología para la transición energética del país.
BESS Coya, propiedad de ENGIE Chile, cuenta con una capacidad instalada de 139 MW/638 MWh y se encuentra ubicado en la comuna de María Elena, región de Antofagasta.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó esta tarde la ceremonia de inauguración del Parque de Baterías de Almacenamiento BESS Coya, ubicado en la comuna de María Elena y propiedad de la empresa ENGIE.
En la oportunidad, el Mandatario destacó que: “El camino en particular hacia un Chile libre de carbón es nuestro compromiso con el planeta. Y es una tarea que como gobierno hemos asumido con muchísima convicción. Pero esta meta va a ser solo posible si logramos trabajar en conjunto sector público y sector privado. Y en esa lógica agradezco mucho a un grupo como ENGIE que es aliado en este esfuerzo”,
La instancia fue liderada por la CEO de ENGIE Group, Catherine MacGregor; y la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien; y contó con la presencia de los ministros de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos; la delegada presidencial, Karen Behrens; la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza; Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla; autoridades regionales y locales, representantes de los gremios y colaboradores de la compañía.
“Chile es un país prioritario para el Grupo ENGIE. Chile tiene la ambición de ser un actor clave en la industria de la energía verde en los próximos años, y ENGIE está decidido a apoyar al país en su viaje de descarbonización mediante una gran inversión en la generación de energía renovable y flexible, como la que estamos inaugurando hoy”, expresó la líder mundial de ENGIE, Catherine MacGregor.
Por su parte, la CEO de ENGIE Chile, Rosaline Corinthien, comentó que: “BESS Coya viene a reforzar nuestro compromiso con la región de Antofagasta, donde junto con salir del carbón, hemos desarrollado un contundente portafolio de proyectos renovables. Un ejemplo de esto es que a BESS Coya también se sumarán otros dos proyectos de baterías en Parques Solares, ambos ubicados en la región de Antofagasta y actualmente en construcción”.
Características de BESS Coya
BESS Coya, ubicado en la comuna de María Elena, región de Antofagasta; tiene una capacidad de almacenamiento de 638 MWh, con 139 MW de capacidad instalada. Su tecnología es en base a Battery Energy Storage System (BESS) y utiliza baterías de litio para almacenar la energía renovable generada por el Parque Fotovoltaico PV Coya (180 MWac), también propiedad de ENGIE Chile.
A través de 232 contenedores que se reparten uniformemente en los 58 inversores de la planta solar, permite suministrar energía durante 5 horas, lo que equivale en una entrega de 200 GWh en promedio al año. Además, cumple un rol fundamental en el medio ambiente, dado que permite suministrar a alrededor de 100 mil hogares de energía verde, evitando emitir 65.642 toneladas de CO2 al año.
BESS: Los avances de ENGIE en Chile
Actualmente, la compañía cuenta con dos sistemas de almacenamiento en operación: BESS Coya (139 MW/638 MWh), la iniciativa con mayor capacidad de América Latina; y BESS Arica, que sirvió como proyecto piloto. A esto se suman BESS Tamaya (68 MW/418 MWh) y BESS Capricornio (48 MW/264 MWh), ambos ubicados en la región de Antofagasta y actualmente en construcción.
Además, la semana pasada anunció su quinto proyecto con esta tecnología. La compañía reconvertirá el antiguo Complejo Térmico de Tocopilla, donde operaban las unidades a carbón, en una planta de almacenamiento. La iniciativa denominada BESS Tocopilla tendrá una capacidad instalada de 116 MW/660 MWh y va en línea con uno los compromisos de ENGIE en su proceso de descarbonización: mantener su presencia en la comuna y darle una nueva vida al sitio.
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