Conversación
Programa Energía 2014-2018
Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios razonables, que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante.
En la percepción ciudadana el desarrollo eléctrico ha sido crecientemente asociado con deterioro ambiental y costos sociales para algunas comunidades. Esta percepción es potenciada tanto por errores en la gestión ambiental gubernamental, como por la existencia de algunos episodios ambientales que generan preocupación en la opinión pública, lo que afecta la legitimidad de nuestro sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También influye en la oposición a los proyectos el hecho de que en diversas ocasiones estos generan costos económicos locales inevitables, siendo los beneficios de carácter nacional. La falta de una participación local adecuada en los beneficios implica una falta de equidad geográfica, además de generar oposiciones esperables al desarrollo de la inversión. Lo anterior afecta tanto a las energías convencionales como a las Energías Renovables no Convencionales (ERNC).
Los análisis de los expertos indican que el sector eléctrico se aproxima a una situación crítica, no existiendo claridad sobre las fuentes de energía en que se basará la oferta eléctrica en el mediano plazo, pues no existen proyectos en construcción que permitan asegurar los requerimientos energéticos.
La seria restricción de energía ha elevado los precios significativamente en el Sistema Interconectado Central (SIC) y ya está teniendo efectos adversos.
También existe un elevado riesgo de que se sigan declarando sucesivamente desiertas las licitaciones de energía de las distribuidoras que abastecen a los hogares y las PYMES, debido a que en el corto plazo no existen nuevos proyectos capaces de hacer frente a la demanda. Si bien en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) existen precios inferiores y ciertas holguras de capacidad, ellas actualmente no pueden aprovecharse en el SIC por la inexistencia de una conexión entre sistemas.
Esta situación, podría impactar los precios de los ENERGÍA clientes regulados en los próximos años. Frente a esta disyuntiva actuaremos con decisión para enfrentar los desafíos de corto plazo y con un rol más activo del Estado para definir la estrategia de largo plazo, de modo de generar las condiciones de un desarrollo energético eficiente y sustentable. Para ello será necesario fortalecer la institucionalidad para que este a la altura de los desafíos que enfrenta el país en energía. El respeto a la institucionalidad fortalecida será el factor fundamental para generar la confianza de los ciudadanos, las comunidades locales y los inversionistas en el proceso de inversión y aprobación ambiental de los desarrollos energéticos que requiere el país.
Propuestas de corto plazo
En 2014, el Ministerio de Energía desarrollará una Política Nacional de Energía, que estará en el marco de la Agenda de Energía que se establecerá en los 100 primeros días de Gobierno.
Ante la situación descrita, entre 2014 y 2018 el principal instrumento disponible será la buena gestión de la autoridad política y regulatoria. Es imprescindible establecer tempranamente un plan de acción dirigido a concordar con todos los actores del sector medidas inmediatas que reduzcan los efectos de las restricciones de capacidad, así como identificar opciones para acelerar la entrada en operación de proyectos en marcha y/o proveer abastecimiento de gas a centrales de ciclo combinado, que quedaron sin abastecimiento por la crisis de abastecimiento de Argentina, incluyendo la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores ofertas de precios de GNL, con el objeto de reducir la potencial escasez de energía en el período 2016-2018.
Adicionalmente deben tomarse medidas para realizar mejoras en eficiencia y ahorro energéticos, que impliquen ahorros en el corto plazo, ya sea mediante medidas ligadas al funcionamiento del sector público, sistemas de reducción compensada de consumo, campañas informativas sobre el uso energético domiciliario, programas de eficiencia energética industrial, entre otras.
El plan de corto plazo incluye también la implementación de la Ley de Fomento de las ERNC y la de Fomento de la Energía Distribuida y extender la de incentivo a la instalación de paneles termo solares en vivienda. Además, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los proyectos de transmisión eléctrica implementaremos a la brevedad la Ley de Concesiones y Servidumbres Eléctricas, introduciendo mecanismos expeditos que garanticen los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente.
Asimismo, impulsaremos la aprobación de una norma que facilite la implementación de la interconexión de los sistemas SIC y SING, como troncal de transmisión, en el menor de los plazos, en tanto se cumplan los requisitos técnicos, ambientales y económicos correspondientes.
Finalmente, identificaremos las posibilidades de ampliación de la capacidad en el corto plazo, con empresas nuevas y actuales con capacidad instalada y/o proyectos de ejecución inmediata en el SING y el SIC, y las medidas regulatorias y administrativas requeridas para su materialización.
Propuestas de mediano y largo plazo
En el sector energía es fundamental una visión de largo plazo, debido a los largos períodos de gestación de los proyectos, no podemos repetir la falta de perspectiva de los últimos años. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del sector energía para los próximos 15 a 20 años. Para ello, promoveremos cambios institucionales respecto al rol del Estado en el sector. Con este propósito los elementos esenciales a trabajar son los siguientes:
Planificación participativa. Se plantea un proceso participativo de estudio y discusión de la política eléctrica, similar a lo aplicado en diversos países de la OECD, en que sobre la base de los objetivos de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo, se analice el desarrollo eléctrico. Se considerará el crecimiento de la demanda futura, los requisitos técnicos para la estabilidad de los sistemas, los efectos ambientales, los costos actuales y previstos de las diversas fuentes y tecnologías convencionales y no convencionales, que están disponibles para el país entre otros aspectos necesarios para una adecuada comparación entre alternativas. Los planteamientos tanto de las autoridades así como de los diversos grupos deben estar a disposición de toda la ciudadanía, en formas que faciliten su comprensión y participación respecto de las opciones que el país tiene.
El gobierno deberá resolver considerando y dando respuesta a todas las materias tratadas, planteadas y consultadas en el proceso, y entregar al país el plan estratégico de desarrollo de largo plazo, que aborde muy especialmente los aspectos ambientales y sociales ligados al desarrollo energético. Este ejercicio, permitirá dar orientaciones a los inversionistas, seguridades a la ciudadanía que el Estado vela por el interés común, orientar la planificación del troncal de transmisión y las propias decisiones del Ejecutivo en materia ambiental energética, a través de la institucionalidad correspondiente.
Mejor Regulación de la Transmisión Eléctrica. Realizaremos las modificaciones normativas necesarias para no desincentivar a empresas generadoras entrantes y promover la competencia que nos permita reducir los precios de la energía.
Promoción de las ERNC. Para la promoción de las ERNC se consideran diversas medidas de política:
i) Fortaleceremos y extenderemos el Troncal de Transmisión Eléctrica y Sistemas Adicionales de Interés Público: los proyectos de ERNC a menudo enfrentan altos costos de transacción para desarrollar en coordinación con otros proyectos líneas adicionales de transmisión eficientes para su conexión con el troncal;
ii) Licitaremos energía de ERNC para el suministro de las empresas distribuidoras: complementaremos la ley de fomento a las ERNC con un esquema de licitaciones de energía de las empresas distribuidoras para su consumo regulado que faciliten la participación de ERNC y se pueda cumplir con la meta de 20% en el 2025 rebajando los costos marginales en el corto plazo;
iii) Promoveremos la Geotermia: es una fuente de energía limpia no convencional que puede proveer energía estable, a diferencia de otros tipos de ERNC, por lo cual diseñaremos esquemas de riesgo compartido para su fomento;
iv) Fomentaremos la distribución de ERNC generada por pequeños consumidores, creando mecanismos para resolver restricciones de liquidez que inhiben la inversión inicial para su conexión a los sistemas;
v) incorporaremos en el subsidio habitacional un componente para sistemas que aprovechen la energía solar, ya sea para calentar agua o generación distribuida. Desde ya asumimos el compromiso de aumentar la participación de energías renovables no convencionales (ERNC), para que al año 2025 un 20% de las inyecciones de electricidad provengan de fuentes limpias y propias. Realizaremos todos los esfuerzos necesarios para sentar las bases para que el 30% de la generación de electricidad provenga de fuentes de ERNC.
Mayor Esfuerzo en Eficiencia Energética. En los últimos cuatro años se ha avanzado muy poco en materia de Eficiencia Energética (EE). En el próximo gobierno aspiramos a lograr cambios más estructurales en este ámbito y entrar a una fase de masificación de los proyectos de EE, generando un mercado de EE. Algunos elementos claves para hacer avances más significativos son los siguientes:
i) Implementar estándares mínimos de desempeño energético para iluminación, motores industriales y refrigeradores;
ii) Una campaña revitalizada del etiquetado de eficiencia energética;
iii) Fijar estándares y/o metas para toda nueva construcción pública;
iv) El desarrollo de políticas para que las empresas grandes consumidores de energía, incluyan sistemas de gestión de energía;
v) Trabajar el tema de un transporte eficiente (público y no motorizado), y;
vi) Fortalecer y profundizar el programa de ahorro en edificios públicos. A nivel de vivienda trabajaremos en estándares de habitabilidad y eficiencia energética en vivienda, considerando un subsidio a la incorporación de calentadores solares en vivienda social. Avanzaremos, evaluando alternativas de introducción de buses híbridos y a gas natural en el transporte público para generar las condiciones que las futuras renovaciones de flota se puedan establecer premios por la introducción de tecnologías más limpias.
Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). La Empresa Nacional del Petróleo, es un patrimonio de Chile que debemos resguardar. Hoy enfrenta una situación crítica que deberá ser solucionada en los próximos cuatro años. Avanzaremos en una estrategia que lleve a incorporar decididamente a ENAP en la estrategia energética de Chile, la que debe incluir la capitalización de la empresa, la reforma al gobierno corporativo, la revisión del modelo de negocio, y los cambios en la ley de ENAP necesarios para permitir estas reformas. Todo esto, con el objeto, entre otras materias, de que ENAP sea un actor importante en el acceso y fomento de la exploración de gas en nuestro país.
Innovación en Energía. Chile debe pasar a la etapa de desarrollo de tecnologías en aquellas áreas en las que puede crear ventajas competitivas, como en la energía solar, geotérmica, mareomotriz e hidratos de metano. Para ello se requiere de un esfuerzo a mediano y largo plazo, focalizado en el desarrollo de tecnologías sobre la base de construcción de prototipos, con la participación coordinada del Estado, las universidades y la industria. Impulsaremos consorcios tecnológicos universidad-empresa como herramienta para promover la investigación aplicada en estos ámbitos.
Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones. Las instituciones del Estado de mayor incidencia en el desarrollo energético presentan fuertes debilidades. En el sector eléctrico la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha ejercido un rol cada vez más débil en su papel de regulador. Es urgente fortalecer a la CNE, en especial, fortaleciendo su capacidad reguladora. También debe dotarse al Ministerio de Energía de capacidades para el diseño de política y la planificación energética, dentro de un marco en que el Estado asume un rol proactivo de orientación del desarrollo del sector.
Mayor competencia en generación. La generación eléctrica en Chile se encuentra concentrada. Tres empresas generan el 90% de la energía del SIC. Una estrategia clave para la entrada de nuevos actores al mercado es facilitar la obtención de contratos de largo plazo para el suministro de energía a clientes regulados, a través de empresas distribuidoras de energía. Sin embargo, el sistema actual de licitaciones no ha generado incentivos para la entrada de nuevos actores. Revisaremos el sistema de licitaciones a la luz de la experiencia desde su instauración, considerando especialmente los plazos, la división en bloques y la modificación de los mecanismos de integración de la oferta y su adaptación al perfil de demanda.
El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) es el órgano que coordina la operación de los sistemas y debe garantizar la operación segura y a mínimo costo y no discriminatoria con potenciales operadores. La evolución del sector eléctrico hacia una mayor complejidad implica mayores exigencias para este órgano coordinador del sistema respecto a los estándares de seguridad, confiabilidad y transparencia; por otra parte, la tensión entre la función pública que cumple el CDEC y los intereses individuales de las empresas es creciente, y hace conveniente que el organismo tenga capacidades e independencia efectiva para dictar instrucciones vinculantes para las empresas y para cumplir adecuadamente con un rol de supervisión sobre la forma en que éstas operan dentro de los sistemas. En este ámbito, daremos seguimiento estrecho a la implementación de las medidas de mayor autonomía y profesionalización de los CDEC, e implementaremos aquellos cambios adicionales que se requieran.
Planificación territorial. Como se indicará en el capítulo de Ciudad, Vivienda y Territorio, impulsaremos un Plan de Ordenamiento Territorial, con participación ciudadana, que permita establecer un nuevo equilibro entre los requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las comunidades y el respeto y cuidado por el medio ambiente. Los proyectos energéticos compiten por el uso territorial con variadas otras actividades económicas y acciones de conservación y desarrollo medioambiental y cultural. El Plan debe identificar aquellos lugares en donde se permitirán actividades productivas o de generación de energía sin afectar negativamente a las personas, y donde se podrán realizar los proyectos con la agilidad que Chile requiere.
El Plan deberá identificar las zonas donde estará permitida la instalación de proyectos para cada tipo de tecnología, bajo estrictas normas y estándares ambientales.
Como todo proyecto implica algún impacto económico local y beneficios nacionales tomaremos medidas para que las comunidades locales a través de sus municipalidades participen en mayor grado de los beneficios de los proyectos.
La energía a leña y las zonas aisladas. Desarrollaremos una Política Nacional de la energía obtenida a través de la leña, que mejore las condiciones de vida de cientos de miles de familias que usan este recurso, asegurando adecuados estándares de calefacción y mejorando las condiciones ambientales de ciudades que hoy se encuentran saturadas. Impulsaremos sistemas híbridos solar-eólico diesel en las islas que en la actualidad sólo se abastecen con generación diesel. También diseñaremos mecanismos para incentivar el uso de energías renovables de bajo costo en sistemas aislados, como los de la zona austral.
Fuente:www.minenergia.cl
Conversación
El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.
Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.
El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.
La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.
Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.
Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.
El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.
El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.
Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.
En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.
Calidad y permanencia de los hábitats
El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.
La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.
“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.
De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.
“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.
La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.
Referencia:
Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.
Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?
El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.
La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?
Las ambigüedades del Acuerdo de París
El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:
- ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
- ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?
El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.
El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.
Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.
Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.
Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años
Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.
Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.
Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?
La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.
Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.
Hace falta consenso.
El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029 indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.
Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.
Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.
Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.
La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.
Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones
El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.
En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.
Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.
¿Cómo afrontamos el cambio climático?
La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.
Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.
¿Cómo lograr la neutralidad climática?
Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.
Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.
A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.
Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.
Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono
Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.
Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.
Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.
También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.
Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.
Las novedades del reglamento europeo
La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.
Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad
El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.
Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.
Fuente/The Conversation
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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar).
Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.
«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.
La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.
En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.
La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

COP15 Convención Ramsar
La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.
Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.
Fotos (créditos: Francisco Morey)
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Conversación
Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo
El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.
De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.
El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.
Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.
Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.
Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.
Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.
“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.
En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.
“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.
No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.
“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.
Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.
Fuente/Pulso
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