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Proyectos afectados por Convenio 169 superan US$9.000 millones en primer año de Bachelet
El nuevo reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte de Contraloría tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa, destaca el Ministerio del Medio Ambiente.
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El desarrollo de grandes proyectos de inversión privada es una de los objetivos del Gobierno para levantar la alicaída economía nacional. Pero, como ha dicho la Presidenta Bachelet, la idea es que toda nueva obra cumpla al pie de la letra la legislación. Y aquí se entra a un terreno que ha sido calificado por algunos como hostil, y que ha entrampado el inicio de iniciativas millonarias, que generan cientos de empleos: el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los Estados que lo ratifiquen, como Chile, a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, entre otras cosas, por lo tanto les da voz a las comunidades indígenas en el desarrollo de un proyecto que los involucre de alguna manera.
A través de una solicitud de información pública realizada por PULSO, el Ministerio de Medio Ambiente accedió a entregar las cifras respecto a los proyectos que mantienen procesos de consulta indígena.
Así es como durante el periodo 2014 y 2015 se abrieron 10 Procesos de Consulta Indígena (PCI) a nivel nacional y se finalizaron siete. Actualmente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se encuentra desarrollando quince PCI, distribuidos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos.
Las comunidades que han participado en estos procesos pertenecen a los pueblos Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Aimara, y Mapuche.
“De esto podemos señalar que el monto para los proyectos con procesos de consulta indígena en desarrollo es de US$9.024 millones; para los proyectos con procesos de consulta indígena proyectada es de US$1.806 millones y para los proyectos con procesos de consulta indígena concluida fue de US$10.223 millones”, destaca el Ministerio de Medio Ambiente.
Pautas a seguir
Casi 20 años tomó al Estado de Chile ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Chile fue el último país en Latinoamérica en respaldar la normativa que alude a los derechos de los pueblos indígenas.
El convenio obliga a Chile a realizar un proceso de consulta previo a los proyectos de inversión, pero el problema es la ambigüedad de la reglamentación.
Conceptos como afectación directa y a quién se le pregunta se han convertido en verdaderos dolores de cabeza para inversionistas y abogados.
El espíritu del Convenio 169 es que exista un acuerdo de buena fe entre las empresas que busquen desarrollar una iniciativa con las comunidades indígenas aledañas a la misma. Eso significa que para hacer un proyecto de inversión debe existir un entendimiento o consentimiento de las agrupaciones ancestrales.
El Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que fue elaborado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y que Contraloría tomó razón, no fue publicado por decisión del Ministro del Medio Ambiente actual, básicamente por las debilidades técnicas del mismo en la evaluación ambiental aplicada a políticas y planes, cuestión que se pretende resolver con una propuesta más robusta, destaca la secretaría de Estado liderada por Pablo Badenier.
“En la actualidad, la versión de Reglamento que se ha trabajado en esta administración, 2014-2018, está en revisión por Contraloría General de la República, con quien el Ministerio del Medio Ambiente ha trabajado arduamente para lograr tomar acuerdos”, destaca la actual autoridad, la cual hace hincapié en la nueva estrategia que se busca desarrollar para la aplicación en territorio nacional del Convenio 169. “El reglamento que hoy se encuentra en revisión por parte del órgano contralor tiene una visión de evaluación estratégica y no de proyecto, lo que permite poner énfasis en una evaluación integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa”, señala el ministro Pablo Badenier. Con esto, y otros aspectos más técnicos de la EAE, añade el secretario de Estado, se quiere potenciar la incorporación de los temas ambientales en las tomas de decisión de instrumentos tan importantes como las Políticas Públicas y los Instrumentos de Planificación Territorial.
La visión de los expertos
Mientras no se dicta el nuevo reglamento, la relación entre inversionistas privados y comunidades indígenas se torna aún más compleja. Frente a esto, los abogados vinculados a esta área, plantean las mejoras que podrían introducirse a la normativa vigente con el fin de armonizar de mejor manera los intereses de todos los involucrados.
“Los liderazgos son muy difusos y eso complejiza cualquier consulta indígena. Si no sabes a quién consultarle o quién es la voz autorizada dificulta todo proceso”, destaca Eugenio Evans, abogado socio de Cubillos & Evans. Y agrega: “Dado que los procesos de consulta indígena se les ha dado una gran relevancia en la tramitación de los proyectos en Chile, hoy asomar como indígena o sostener una pretensión indígena es gratis aun cuando no se tenga. Esto se transforma en una traba, porque se centra exclusivamente en la medida que hayan pagos destinados a mitigar o a compensar daños que no están claros que efectivamente se produzcan. En buen chileno han aparecido más indígenas de los que hay”.
Frente a esto, el experto propone generar una instancia en que se defina con claridad las comunidades afectadas por un proyecto. “Es difícil adelantarse, pero sí se debe buscar algún tipo de instancia administrativa que con eficacia defina -para siempre- si un proyecto se puede desarrollar en una zona indígena y cuáles son las mitigaciones que tienen que entregarse permanentemente a los indígenas”, sostiene Evans.
Paulina Riquelme, socia fundadora de EeLaw Medio Ambiente y Energía Asesorías Legales Ltda., sostiene que el SEA no cuenta con el personal y la infraestructura para hacerse cargo de la consulta indígena. “Si uno analiza el tema, los profesionales que se dedican a esto son los mismos los que se dedican a la consulta ciudadana.
En general, el tema indígena es un tema bastante forzado porque el Estado no se hace cargo de su obligación (…). El Estado no ha asumido íntegramente sus obligaciones. Aquellas regiones con más presencia indígena debieran contar con personal acorde a este requerimiento”, afirma la abogada.
Para Mario Galindo, socio de Vergara, Galindo y Correa Abogados, la solución pasa por sacar la consulta indígena del Sistema de Evaluación Ambiental. “No me parece que esos dos procesos sean conciliables. La consulta tiene tiempos y requerimientos propios; en el SEIA se generan tiempos estrechos y acotados. Creo que eso ha sido muy difícil de manejar”, explica el abogado, quien no comparte la visión de que exista un aprovechamiento de personas o comunidades en la aplicación del Convenio 169. “No me atrevería a decir que en el tema de la consulta hay un aprovechamiento de las comunidades ni nada semejante; es un instrumento nuevo que hay que aplicar”, afirma.
Pese a todo, el experto dice que aún hay muchas cosas por mejorar y aplicar en los procesos de consulta, lo que -afirma- tornaría todavía más la compleja situación actual.
“El convenio tiene muchas y múltiples regulaciones que por ahora no se han aplicado en Chile, salvo algunas cosas en materia penal. Si se aplicaran en su integridad, ahí sí que otro gallo nos cantaría y no para bien. En el Convenio 169 hay reglas sobre participación de los beneficios, tierras, relocalizaciones, educación, idioma y otros temas”, recuerda Mario Galindo.
Alvaro Toro, abogado de la junta de vecinos de Totoral y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, plantea la compleja relación que existe entre la aplicación del Convenio 169 y otras leyes del país. “Tendría que haber un cambio radical y en general de nuestra normativa, desde la Constitución para abajo, porque en realidad lo que dice el Convenio claramente es que los pueblos originarios tienen ciertos derechos. Esos derechos se contraponen a algunas garantías privadas que establece nuestra normativa en el Código Minero, Código de Aguas la Constitución con su artículo 19 N° 24. Por eso, permanentemente, hay un tira y afloja”, afirma el experto. Y remata: “La gran discusión es cuál norma predomina y cuál prevalece o tiene mayor relevancia. Esa es la discusión que les encanta a los abogados de las empresas poner en el tapete. Aquí en Chile, varios jueces ya han ido resolviendo y han establecido una categoría de pueblos sociales que tienen otro estándar”.
Fuente:Pulso www.chiledesarrollosustentable.cl
Desarrollo Sostenible
Los microplásticos que no llegan al océano se acumulan en el suelo
Todavía recuerdo cuando iba a la playa, la arena era blanquecina y solo las partículas que procedían de rocas más calcáreas brillaban con la luz. Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.
Pero el plástico que acaba en las playas procede de algún lado. Se ha estimado que aproximadamente el 80 % del que se encuentra en los océanos proviene de fuentes terrestres, y los ríos son su principal vía de transporte. Al final, la mayoría de los plásticos se producen, consumen y desechan en tierra firme.
De hecho, algunos modelos han determinado que, además de las emisiones anuales de plástico al océano, la mayor parte de los residuos plásticos (98,5 %) permanecen atrapados en entornos terrestres, donde se acumulan y contaminan progresivamente los ecosistemas continentales acuáticos.
Por tanto, las soluciones para abordar la contaminación global por plásticos residen en comprender mejor las fuentes y los procesos que conducen a la liberación y al transporte de plásticos en el medio ambiente terrestre.
¿De dónde viene el plástico que acaba en el océano?
Los plásticos alcanzan los ríos a través de múltiples vías. Algunas fuentes, como las actividades agrícolas y domésticas, aportan residuos al terreno que se mueven con el agua que circula procedente de las precipitaciones.
En entornos urbanos, los plásticos llegan a los sistemas fluviales principalmente por descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales, por desbordamientos del sistema de drenaje durante episodios de lluvia intensa y el transporte por el viento.
Únase y apueste por información basada en la evidencia.
Entre las fuentes puntuales, las aguas residuales se han identificado como una de las principales, a pesar de la acción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
Las EDAR que disponen de un tratamiento primario –eliminación física de sólidos grandes y sedimentables– y secundario –eliminación de materia orgánica– son capaces de limpiar del agua el 75-95 % de los microplásticos identificados a la entrada. La mayor parte queda retenida en los lodos de depuradora, formados por una mezcla de agua y materia orgánica, principalmente.
Del agua al suelo
Los lodos de depuradora se reutilizan comúnmente como fertilizante en el suelo agrícola. Teniendo en cuenta que las aguas residuales contienen gran cantidad de microplásticos y que la mayor parte queda retenida en ese lodo que posteriormente se aplica al terreno, es probable que se introduzca un mayor volumen de microplásticos en el suelo que en el agua.
Concretamente, se estima que esta práctica conlleva un aporte anual total de entre 63 000 y 430 000 toneladas de microplásticos a los suelos agrícolas europeos.
Pero no solo los lodos de depuradora introducen estos contaminantes en el suelo. El compost, un abono procedente de la descomposición de materia orgánica, también es una fuente importante durante la fertilización del suelo.
Los plásticos empleados en agricultura
Además, el plástico es un material muy útil en el entorno agrícola, por lo que también hay una entrada directa a través de su fragmentación. Un ejemplo claro son los acolchados, que cubren el suelo con el fin de protegerlo de las condiciones atmosféricas, conservar la humedad, etc. Su utilización ha conllevado una mejora en la producción (minimizando la pérdida por evaporación del agua) y una reducción del uso de herbicidas químicos (evitando la entrada de luz y el crecimiento de especies competidoras).
Sin embargo, debido a la dificultad que entraña retirarlo, entre cultivo y cultivo en el suelo se acumulan restos del material empleado. De hecho, algunos estudios demuestran que aumenta el número de microplásticos en el suelo con las sucesivas aplicaciones.
El plástico también se utiliza en los invernaderos, en el material de tuberías, en los envases de productos químicos, en los fertilizantes encapsulados y en otras piezas de uso habitual. Se estima que cada año se emplean aproximadamente 15 600 000 toneladas de plásticos agrícolas en el suelo europeo.
Por último, hay que tener en cuenta también la entrada de microplásticos por deposición atmosférica en el terreno, sobre todo en el caso de suelos desnudos. La presencia de vegetación que intercepta esas partículas puede ser la razón por la que esta fuente no se ha identificado como la más dominante.
¿Cuántos microplásticos hay en el suelo?
A día de hoy, se estima que a nivel global la contaminación del suelo agrícola por plásticos oscila entre uno y 4,3 millones de toneladas para los aportes procedentes de aguas residuales y entre 5 y 2,3 millones de toneladas para los relacionados con el acolchado plástico. Esto supone la presencia de una media de 3,6 millones de toneladas.
Diversos aspectos ambientales condicionan la movilidad de los plásticos presentes en el suelo, como la cantidad e intensidad de las precipitaciones, la pendiente del terreno, el uso y propiedades del suelo y la distancia al cauce de los ríos. Esto dificulta que se haga una estimación precisa de la cantidad de microplasticos que llega al sistema fluvial y posteriormente al océano.
Sin embargo, recientemente se están llevando a cabo estudios que tratan de estimar cuál es el rol de los suelos en la movilidad de estas partículas. Los resultados parecen indicar que, una vez llegan al suelo, la mayor parte permanece. A esto se suma la baja capacidad de biodegradación de los polímeros más comunes y su entrada constante.
Lo anterior implica que los microplásticos se acumulen en el suelo año tras año aumentando su concentración, a pesar de que una pequeña parte se movilice. Esta es la principal razón por la cual se están desarrollando materiales alternativos al plástico que sean biodegradables y que reduzcan su presencia en suelos en el corto-medio plazo.
Las implicaciones
Uno de los principales problemas de que los microplásticos permanezcan en el suelo es su impacto ambiental. Se ha demostrado que la presencia de estas partículas en el suelo tiene efectos negativos en su estructura, cambia la actividad y funcionalidad de los microorganismos, tiene una influencia en los organismos del suelo y afecta al crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, el consumo de alimentos cultivados eleva el grado de preocupación por sus efectos en la salud humana.
Y ya no es solo que los microplásticos puedan dañar nuestra salud y la de los ecosistemas. Cuanto más pequeñas son las partículas, mayor superficie tienen conjuntamente y, por tanto, mayor capacidad de atrapar contaminantes ambientales y de liberar aditivos.
Los aditivos del plástico son las moléculas que le confieren ciertas propiedades adecuadas para su uso. Cuando el plástico se convierte en desecho y está expuesto a condiciones ambientales, se fragmenta, y estos aditivos se liberan a través de su superficie.
Los aditivos del plástico engloban numerosas categorías de compuestos químicos, algunos de ellos identificados como potencialmente tóxicos, persistentes y móviles, que acentúan las consecuencias de su presencia masiva en los suelos.
A pesar de que hay avances en entender los potenciales efectos de los microplásticos, los aditivos y otros contaminantes para la salud humana, todavía existe un enorme vacío de información al respecto.
Fuente/The Conversation
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Desarrollo Sostenible
Fundación Rewilding Chile abre el primer Centro de Rescate y Rehabilitación exclusivo para huemules
Concebido como un verdadero “hospital de huemules” y diseñado con los más altos estándares internacionales, esta iniciativa es la primera de su tipo en una zona estratégica para este ciervo austral.
Se ubica en un predio aledaño al Parque Nacional Cerro Castillo, hogar de aproximadamente el 10% de los últimos huemules que sobreviven entre Chile y Argentina.
El centro viene a complementar todas las acciones que se realizan en el marco del Corredor del Huemul, iniciativa público-privada que busca restablecer los corredores biológicos para esta especie en peligro de extinción.
En el sector de Las Horquetas, junto al Parque Nacional Cerro Castillo, se inauguró el primer Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul, una iniciativa única en el país por su enfoque colaborativo y multisectorial. El centro está dedicado exclusivamente a la recuperación del ciervo más austral del mundo, especie en peligro de extinción de la que quedan apenas unos 1.500 individuos, distribuidos en poblaciones fragmentadas entre Chile y Argentina, lo que representa aproximadamente el 1% de su población original.
Este centro de rescate y rehabilitación forma parte del “Corredor del Huemul”, una estrategia de conservación a gran escala que busca conectar poblaciones y reforzar la recuperación de esta especie a lo largo de los Andes, y que Fundación Rewilding Chile junto al Ministerio de Agricultura, CONAF y el SAG impulsan desde 2023.
El recinto está emplazado en un predio donde por varias décadas y hasta el año 2019 se desarrolló la ganadería extensiva, y que luego fue adquirido por Rewilding Chile, para poder resguardar el hábitat del huemul, y brindar conectividad para los grupos de la especie. En un acotado sector de 4,9 hectáreas, este verdadero “hospital del huemules” cuenta con instalaciones para la mantención y manejo de este ciervo. Incluye un módulo con espacio para el equipo de guardafaunas y un área para intervenciones médico veterinarias. Además, cuenta con distintos recintos para el abordaje de las diferentes afecciones o patologías que podrían presentar los huemules.
Todo el perímetro de casi 1 kilómetro está protegido por un cerco electrificado en 2 niveles, uno en la parte baja y otro que alcanza los casi 5 metros de altura, diseñado para evitar el ingreso de predadores y garantizar un entorno seguro para los huemules que se encuentren en rehabilitación. El funcionamiento estará a cargo de personal técnico y profesional especializado de Fundación Rewilding Chile junto a asesores y colaboradores, asegurando así una gestión conjunta que combina experiencia técnica, conocimiento científico y resguardo de la fauna silvestre.
“Estamos contentos y orgullosos de inaugurar este centro, la primera infraestructura dedicada íntegramente a la salud del huemul y que viene a fortalecer y complementar las diferentes acciones colaborativas entre nuestra Fundación, el SAG y CONAF para la protección de esta especie y la consolidación del Corredor del Huemul. Además, se emplaza en un área clave, donde existen condiciones ideales para la recuperación de huemules”, explica Cristián Saucedo, director de Vida Silvestre de Rewilding Chile.
Los huemules en el Parque Nacional Cerro Castillo y en otras áreas donde aún se mantienen poblaciones, se ven frecuentemente afectados por cuatro amenazas principales: perros de libre deambular y asilvestrados que los persiguen y atacan, ganado doméstico que les transmite enfermedades, vehículos que los atropellan y especies invasoras (jabalí y ciervo rojo) que compiten por el mismo hábitat e incluso predan sobre él. Algunas de las afecciones y enfermedades provocadas por estas amenazas podrán ser atendidas hoy en este centro.
Región de Aysén y Parque Nacional Cerro Castillo, un área clave
El centro de rehabilitación emplazado en Las Horquetas en la región de Aysén surge como respuesta a una necesidad histórica: contar con un lugar especializado para recibir y tratar a huemules enfermos o heridos, brindándoles atención médico-veterinaria, tratamientos para avanzar en su rehabilitación y devolverlos a su hábitat natural. Incluso podrán ser derivados a este centro huemules que sean rescatados de otras regiones del país.
Está emplazado en un área donde por más de 100 años se desarrolló actividad ganadera, con el pastoreo de miles de cabezas de ganado ovino y bovino, sumado a la fragmentación del hábitat a través de la instalación de cercos y caminos, generaron una fuerte presión sobre la fauna silvestre, propiciando también la transmisión de agentes infecciosos desde el ganado al huemul, como el Corynebacterium pseudotuberculosis, agente causal de la Linfoadenitis Caseosa (LAC).
Trabajo colaborativo e interinstitucional
Esta iniciativa está emplazada en un lugar y región estratégica, la zona de Cerro Castillo en la región de Aysén. Es preciso señalar que el Parque Nacional Cerro Castillo alberga a casi el 10% de la población total de esta especie, un núcleo importante con un mínimo estimado de 118 huemules de distintas edades. Pero, a pesar de ser un punto clave para la conservación, los huemules de Cerro Castillo enfrentan graves amenazas, como atropellos en la Carretera Austral, que cruza 25 km. del parque nacional, pérdida de hábitat, ataques de perros, enfermedades como la LAC y la competencia y desplazamiento por animales exóticos como el ciervo rojo y el jabalí.
De hecho las estadísticas indican que más de la mitad de las atenciones que han recibido los huemules de este parque nacional, son atribuibles a las principales amenazas que enfrenta la especie.
De acuerdo a información compartida por el SAG al interior de la Comisión Intersectorial del Huemul referente a 143 capturas y/o atenciones realizadas a huemules entre los años 2011 y 2022, en un 52,5% de los casos se abordaron cuadros clínicos, ataques o mordeduras por perros, lesiones o la presentación de abscesos. Es interesante notar que el 44% del esfuerzo de capturas y atenciones estuvo orientado a generar información sanitaria y de línea base sobre la especie por parte del SAG.
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Desarrollo Sostenible
La escalada inédita del CO2 atmosférico: Alarma global antes de la COP30
El planeta ha cruzado un nuevo umbral climático, según revela el último Boletín de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El informe, publicado recientemente, subraya que la concentración media mundial de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera registró un aumento de 3,5 partes por millón (ppm) entre 2023 y 2024. Este incremento no es solo un dato más; se trata del mayor salto anual desde que comenzaron las mediciones modernas en 1957.
La OMM advierte con severidad las consecuencias de este récord, indicando que «las temperaturas del planeta proseguirán con su escalada durante más tiempo». Esta nueva edición del boletín tiene como objetivo principal proporcionar información científica irrefutable a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará el próximo noviembre en Belém, Brasil.
El organismo internacional explica que, históricamente, cerca de la mitad del volumen total de CO2 emitido anualmente es absorbido por los ecosistemas terrestres y los océanos. Sin embargo, esta capacidad natural de mitigación está comprometida. A medida que la temperatura global aumenta, la capacidad de los océanos para capturar el CO2 se reduce, dado que una mayor temperatura disminuye la solubilidad de este gas. A esto se suman otros factores que debilitan los sumideros terrestres, como la creciente frecuencia de sequías prolongadas. La OMM detalla que las tasas de incremento de CO2 se han triplicado desde la década de 1960, pasando de un ritmo de 0,8 ppm al año a 2,4 ppm anuales entre 2011 y 2020.
La Influencia del año más cálido
El récord de 2024 se explica por una confluencia de factores. La organización apunta a una combinación de cuantiosas emisiones derivadas de los incendios forestales y una menor absorción de CO2 por parte de la tierra y los océanos. Este dramático aumento coincidió, además, con el año más cálido jamás registrado en un contexto marcado por un intenso episodio del fenómeno de El Niño. Durante estos periodos, las concentraciones de CO2 tienden a dispararse debido a que los sumideros terrestres pierden eficiencia, exacerbado por la mayor sequedad de la vegetación y la proliferación de incendios.
La OMM insiste en que las repercusiones de las emisiones actuales de CO2 irán mucho más allá del clima que se experimenta hoy en el planeta. La prolongada persistencia de este gas en la atmósfera asegura que sus efectos se dejarán sentir durante siglos. Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM, subrayó que el calor retenido por el CO2 y otros gases de efecto invernadero actúa como un «sobrealimentador» del clima, multiplicando la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. «En consecuencia, reducir las emisiones es esencial, no solo para nuestro clima, sino también para la seguridad de las economías y el bienestar de las comunidades», urgió.
Metano y óxido nitroso: un desafío múltiple
El informe no se limita al dióxido de carbono. También destaca que la concentración media mundial de metano (CH4) en 2024 alcanzó las 1.942 ppm, lo que supone un alarmante aumento del 166% respecto al nivel preindustrial (anterior a 1750). En cuanto al óxido nitroso (N2O), su concentración llegó a 338 ppm el año pasado, un incremento del 25% respecto a los niveles preindustriales.
Oksana Tarasova, funcionaria científica principal de la OMM, transmitió su profunda inquietud ante el hecho de que los sumideros naturales de carbono, tanto terrestres como oceánicos, están mostrando una eficacia decreciente. Esta pérdida de capacidad de absorción implicará inevitablemente que una mayor cantidad de CO2 permanezca en la atmósfera, acelerando el calentamiento global. «El monitoreo sistemático y reforzado de los gases de efecto invernadero es fundamental para comprender estas retroalimentaciones», concluyó la experta, señalando el camino para una respuesta científica urgente.
Fuente/Ambientum
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Desarrollo Sostenible
Hito ambiental para Chile: Publican la primera norma de calidad del aire para arsénico
La regulación establece una concentración máxima de arsénico de 23 nanogramos por metro cúbico como concentración anual. Esto beneficiará a las ciudades donde operan las fundiciones de cobre, ya que estas instalaciones -de acuerdo al inventario de emisiones de fuentes puntuales- representan el 99% de las emisiones de arsénico en el país.
El 10 de octubre el Ministerio del Medio Ambiente publicó la nueva norma primaria de calidad del aire para arsénico, que fijará un máximo de presencia de este elemento como concentración anual, beneficiando a varias ciudades del país. Este compuesto químico puede tener graves impactos en la salud y, hasta ahora, no estaba regulado en Chile.
La normativa establece un límite de concentración de arsénico en el aire de 23 nanogramos por metro cúbico (ng/m3), en línea con las recomendaciones de la agencia medioambiental de Estados Unidos (EPA), que es más exigente que la establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para calcular la superación de la norma se considerará un promedio de la concentración anual de tres años sucesivos. De todas maneras, si el valor promedio de un año supera el valor de 46 ng/m3, se entiende de inmediato por superada.
En caso de estar cerca de superar la norma o al constatar que fue sobrepasada, se debe declarar la zona como latente o saturada, con lo que se da inicio a la elaboración de un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica específico para arsénico. Estos planes incluirían medidas para reducir la contaminación por arsénico, las que sumarían acciones que impactarían en las fundiciones como fuentes puntuales y otras fuentes presentes en la zona.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que «la publicación de esta norma, la primera específica para el arsénico, protegerá la salud de las personas. La regulación permitirá el desarrollo de planes de prevención o descontaminación en los territorios donde se acerque o supere el umbral establecido. Los planes incluirán medidas concretas para reducir el arsénico presente en el aire”. Además, destacó que esta normativa responde a un proceso participativo con comunidades, el sector regulado y expertos, reforzando la transparencia y legitimidad del proceso regulatorio, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú.
En Chile el 99% de las emisiones de arsénico generadas por fuentes puntuales corresponde a las fundiciones de cobre, por lo que la futura aplicación de la norma tendría impacto en las comunas en las que se ubican estas instalaciones. Con esta medida, el país avanza hacia una mayor protección de la salud pública y la justicia ambiental en territorios históricamente expuestos a este contaminante.
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Desarrollo Sostenible
¡15 humedales urbanos en la RM!: Ministerio del Medio Ambiente protege Estero del Arrayán y sus afluentes
Con el reconocimiento de este ecosistema acuático ubicado en la comuna de Lo Barnechea, la Región Metropolitana suma la mayor superficie protegida de esta categoría en el país llegando a las 6.000 hectáreas.
Tras su publicación en el Diario Oficial, Estero del Arrayán y sus afluentes se convirtió en el décimo quinto Humedal Urbano declarado en la Región Metropolitana, en el marco de la Ley 21.202.
Así lo dio a conocer este miércoles el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien valoró la protección de las 254 hectáreas de este ecosistema acuático ubicado en la comuna de Lo Barnechea. “Nuestro Gobierno sigue trabajando decididamente en resguardar nuestro patrimonio natural. Con este reconocimiento, la Región Metropolitana se convierte en la región de Chile con mayor superficie protegida-bajo esta categoría- en el país, sumando 6.000 hectáreas. Quiero destacar que este es un Humedal Urbano clave para la protección de nuestra biodiversidad al ser hogar de importantes especies como el puma (Puma concolor), el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) o el cóndor andino (Vultur gryphus)”, sostuvo la autoridad ambiental.
La seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sonia Reyes, en tanto valoró que “con la declaratoria del Estero del Arrayán, la Región Metropolitana suma a la fecha 15 Humedales Urbanos reconocidos, lo que nos llena de orgullo porque muestra lo mucho que hemos avanzado en la protección de estos valiosos ecosistemas. En esta tarea hemos estado acompañados por los municipios y la comunidad. Destacamos el trabajo y compromiso de la Municipalidad de Lo Barnechea, que nos permite brindar un nuevo espacio recreativo y de esparcimiento para las y los vecinos de la comuna y también de la región”.
En tanto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, expresó que “en la comuna hemos avanzado hacia un modelo de gestión que pone en el centro el cuidado de nuestro patrimonio natural hídrico y la gran biodiversidad que caracteriza a la comuna. Nuestro propósito es que los vecinos lo sientan parte de su vida en comunidad: que las familias los visiten, los valoren y se comprometan con su preservación. El desafío es que estos ecosistemas sigan siendo verdaderas aulas al aire libre para las próximas generaciones”.
Sobre Estero del Arrayán y sus afluentes
Con el reconocimiento de Estero del Arrayán y sus afluentes, Chile suma 136 humedales urbanos protegidos a nivel nacional; 15 de ellos en la Región Metropolitana; de los cuales 8 se ubican en Lo Barnechea.
Cabe precisar que este ecosistema acuático alberga también especies como el arrayán (Luma apiculata) y el espino (Vachellia caven). Además, contribuye al bienestar de la comunidad al proveer servicios ecosistémicos como agua potable a vecinos de la comuna, regulación del ciclo hidrológico; control de inundaciones y brindar un espacio para la educación formal y profesional que permita la recreación y esparcimiento de los habitantes de la Región Metropolitana.
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