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“AVANZAR EN LA PROTECCIÓN DE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS AMBIENTALES ES UN DEBER DE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO DE ESCAZÚ”, CONSTANCE NALEGACH

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La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, Constance Nalegach, es una reconocida impulsora y negociadora del “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, cuya segunda conferencia de las partes se realizará esta semana en Buenos Aires. Antes de partir a la capital trasandina para participar del encuentro, la destacada abogada conversó con País Circular sobre los desafíos que impone este tratado y los esfuerzos para su implementación en Chile, entre otros temas.


Mañana se inicia en Buenos Aires, Argentina, la segunda Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, al que Chile adhiere de manera plena hace siete meses, en lo que ha sido destacado como demostración del compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el medioambiente y los derechos humanos.

La abogada chilena Constance Nalegach Romero fue una de las principales impulsoras y negociadoras de este acuerdo regional desde el inicio de su discusión (en 2012) y es reconocida internacionalmente por su aporte en la concreción del pacto, el único a nivel mundial con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.

Nalegach ocupa actualmente la jefatura de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde donde impulsa la puesta en funcionamiento del Acuerdo de Escazú. Entre los esfuerzos que van en ese dirección, este año destaca la realización de un proceso participativo para elaborar un plan de implementación.

Este pacto regional entró en vigor hace un año (22 de abril de 2021) y es conocido con el nombre de la ciudad costarricense donde fue adoptado en 2018, Escazú, pero su nombre oficial es “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Es un tratado que “tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones”, subraya Nalegach, quien formará parte de la delegación chilena en la COP 2 de Escazú, que estará encabezada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

Durante la cita de los 15 Estados parte se revisarán diversos temas relacionados con la aplicación del pacto, y uno de los hitos será la elección de los primeros siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De las postulaciones recibidas para integrar dicho comité, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía- realizó una preselección de diez personas, entre las cuales se encuentra el abogado chileno-argentino Guillermo Eduardo Acuña, quien posee una amplia trayectoria en derecho ambiental a nivel nacional e internacional.

Sobre este y otros temas, como la necesidad de avanzar en la protección de las personas que defienden los derechos ambientales, conversa en esta entrevista con País Circular Constance Nalegach, quien es magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister © en Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, de Argentina.

-Una de las primeras medidas del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia medioambiental fue la firma del Acuerdo de Escazú ¿Qué señal se entregó con esa premura? ¿Por qué era tan importante esa firma y la posterior ratificación por el Congreso? ¿Cuál es su reflexión más personal como promotora y participante de la redacción del Acuerdo?

La primera medida del gobierno del presidente Boric ante el Congreso fue enviar el proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazú y así lograr ser Estado parte. Con ello se buscó contar con una herramienta internacional para enfrentar democráticamente desafíos ambientales, tanto nacionales como internacionales. Esto, porque Escazú busca la implementación plena y efectiva de los denominados “derechos de acceso”, esto es el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

De esta manera, el envío de este proyecto la primera semana de la actual administración demostró el compromiso con el medioambiente y los derechos humanos, con reforzar la democracia y una debida gobernanza. También es una apuesta al multilateralismo y la cooperación entre países ante los desafíos que impone la triple crisis planetaria, que no es solo de cambio climático, sino también de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. El amplio y transversal apoyo, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, permitió que desde el 11 de septiembre de 2022 Chile sea el decimotercer Estado parte.

Es importante saber que estos derechos de acceso son derechos humanos que los Estados deben promover, respetar y garantizar, y que además este Acuerdo tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones. Además, este es el único tratado del mundo con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.

Para vivir en sociedades seguras necesitamos que la democracia sea fuerte, y ello incluye el canalizar pacíficamente las legítimas diferencias. En particular fortalecer la democracia ambiental permite una mejor toma de decisiones y con ello se busca lograr una mayor protección al medioambiente y, en consecuencia, de todos los derechos humanos, ya que todos ellos requieren de un entorno sano para su realización.

Es cierto que al Estado le compete la principal responsabilidad y obligación de aplicar progresivamente el Acuerdo, pero personalmente confío en el impacto positivo que Escazú puede causar en otros actores y sectores, basta sólo observar cómo cada día más es un instrumento con vida propia que ha sido debatido de buena fe, comprendido y apropiado por tantos grupos y personas.

-¿Qué otras metas y desafíos tiene el gobierno en cuanto a asuntos internacionales relacionados con el medioambiente?

El Ministerio del Medio Ambiente es responsable de velar por el cumplimiento de convenciones internacionales y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile participa en alianzas internacionales para proteger el 30% de la tierra y el océano al 2030 y busca soluciones conjuntas a la triple crisis planetaria.

La Oficina de Asuntos Internacionales tiene tres ejes principales: negociaciones, implementación y relaciones internacionales, enmarcados en una política exterior feminista y turquesa. Estamos presidiendo el grupo de trabajo sobre género y medioambiente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, así como co-facilitando el grupo sobre personas defensoras de los derechos humanos junto a Ecuador y Saint Kitts and Nevis en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú. También se realizará una tercera revisión del desempeño ambiental por parte de la OCDE y se llevarán a cabo negociaciones bajo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París, y para un acuerdo mundial jurídicamente vinculante sobre plásticos.

-Está programado que en la COP 2 de Escazú se elija a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, ¿cuál es la relevancia de este comité?, ¿hay candidatos/as chilenos/as con opciones?

El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento es un órgano clave dentro del Acuerdo de Escazú, que se encarga de promover su aplicación y apoyar a las partes en su implementación.

Este comité es consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, y examina cómo se están cumpliendo las disposiciones del tratado, asegurando la participación del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales. Está compuesto por siete integrantes de gran integridad moral y reconocidas competencias, que deben ser nacionales o residentes de Latinoamérica y el Caribe, e independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de dichos países.

En la próxima COP 2 de Escazú se elegirán a los integrantes del Comité, entre los cuales hay un candidato chileno, Guillermo Eduardo Acuña. De las casi cincuenta postulaciones, la lista se redujo a diez candidatos, de los cuales tres son de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. Se espera una distribución geográfica equitativa y la paridad de género en la conformación del Comité.

-¿Qué otros hitos o avances se pueden esperar de esta COP 2?

La COP de Escazú se celebra al menos cada dos años y su primera versión fue en Chile en 2022. En la próxima reunión en Argentina, se elegirán los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se discutirán los avances en la implementación nacional del tratado. También se presentará una guía para orientar su aplicación. Chile estará representado por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, además de profesionales del MMA y Cancillería, y por miembros del Servicio de Evaluación Ambiental.

Otras sesiones relevantes incluyen el seguimiento de la decisión de la COP 1 [realizada en Santiago en abril de 2022] sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y el diálogo sobre arreglos financieros y contribuciones voluntarias. La transmisión en vivo estará disponible debido al gran interés público y la participación significativa del público se considera en las reglas de procedimiento de Escazú.

-En virtud de este acuerdo, ¿es posible avanzar en Chile -y en la región- hacia una protección de los defensores de los derechos ambientales (considerando las alarmantes cifras de ataques en su contra)?

El Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que garantiza la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es entonces un deber de los Estados parte avanzar en esta materia, un imperativo moral, y además por la importante labor que realizan para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales están entre los más expuestos a sufrir violaciones de sus derechos fundamentales. El Acuerdo de Escazú destaca el trabajo que desempeñan estas personas y exige a los Estados parte que salvaguarden sus derechos y eviten violaciones, a través de obligaciones estructurales o sistémicas y de medidas de prevención y respuesta ante ataques, amenazas e intimidaciones.

En Chile se está elaborando un “Protocolo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Medioambiente, Comunicadores y Operadores del sistema de justicia” liderado por el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para ello, el MMA realizó un focus group para reflexionar y dialogar sobre la situación en Chile.

Además, existe un “Circuito de Coordinación y Alerta para Personas Defensoras Ambientales” que se activará si se identifican o reciben casos de amenaza y/o vulneración. También esperamos recibir contribuciones de cómo avanzar en este tema en el proceso participativo que se realizará este año para elaborar un plan de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile.

-¿Qué cambios se requieren en el país (normativos, legales, culturales, educacionales, etc.) para mejorar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, por ejemplo, incluyendo a las comunidades en la gobernanza del agua y en general de los bienes naturales comunes?

Ningún país está exento de desafíos ambientales ni goza de una democracia perfecta, por lo que es importante trabajar en la identificación de brechas y desafíos para lograr una implementación progresiva del tratado de acuerdo con las posibilidades y prioridades nacionales.

En el caso de Chile, la evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE en 2016 destacó la insuficiente participación de los actores locales en la aplicación de planes de prevención y descontaminación del aire, y recomendó medidas para mejorar la participación en la evaluación de impacto ambiental y en la resolución de conflictos relacionados con el agua, entre otros aspectos.

Como Estado parte, Chile ha recibido asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el análisis de nuestra situación recomendándonos también aspectos para mejorar la participación pública

Chile ha trabajado en tres ejes principales desde su adhesión a Escazú: difusión y capacitación, identificación de medidas de gestión y la elaboración de un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). Este proceso participativo iniciará este año con el fin que contribuya a la evaluación de brechas y oportunidades y a definir las medidas prioritarias para la incorporación plena y efectiva de Escazú en Chile.

-En cuanto a acceso a la información y a acceso a la justica ambiental en Chile existen algunos avances -ley de transparencia, tribunales ambientales-, ¿cómo se pueden mejorar esos aspectos?

Aunque existen instituciones y regulaciones para el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, aún hay áreas de mejora. La evaluación de la OCDE en 2016 destacó problemas, por ejemplo, en la disponibilidad y completitud de información y en el costo de la asesoría jurídica para acceder a la justicia.  Entre las recomendaciones del PNUMA figura la asistencia jurídica gratuita y atención a las necesidades de personas o grupos vulnerables. También el proceso participativo se enfocará en estos derechos esperando aporte con más ideas.


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Desarrollo Sostenible

Día Mundial de los Humedales: Guardianes olvidados de nuestro planeta

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Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.


Imagina un mundo sin ríos que fluyan limpios, sin aves migratorias surcando el cielo ni costas protegidas de tormentas furiosas. Eso es lo que nos espera si ignoramos los humedales. Cada 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales, un recordatorio urgente de estos ecosistemas subestimados: pantanos, manglares, turberas y lagunas que cubren solo el 6% de la superficie terrestre, pero sostienen el 40% de la biodiversidad global.

Su historia: De un tratado visionario a una llamada global
Todo comenzó en 1971 con la Convención de Ramsar, firmada en la ciudad iraní de Ramsar por 18 naciones. Preocupados por la pérdida acelerada de estos hábitats —el 35% ya ha desaparecido desde 1970—, crearon el primer tratado ambiental moderno. En 1997, la Conferencia de la COP3 lo declaró Día Mundial, impulsado por la UNESCO. Hoy, 172 países protegen 2.500 sitios Ramsar, cubriendo 256 millones de hectáreas. En Chile, humedales como el Salar de Atacama o el estero de Ñipas son joyas nacionales, vitales para nuestra megadiversidad andina.

Importancia y beneficios ambientales: Los superhéroes invisibles
Los humedales son filtros naturales: purifican el agua absorbiendo contaminantes como nitratos y metales pesados, reduciendo en un 50-90% la polución de ríos. Almacenan carbono —las turberas guardan el doble que todos los bosques juntos—, combatiendo el cambio climático. Protegen costas de erosión y tsunamis (los manglares atenúan olas en un 66%), recargan acuíferos y albergan especies clave: el 75% de peces comerciales dependen de ellos. Para nosotros, humanos, significan agua potable, alimentos y turismo sostenible —en América Latina, generan millones en economías locales.

Ventajas y oportunidades: Un futuro verde al alcance
Pros: Alta resiliencia climática, bajo costo de restauración (hasta 10 veces más barata que infraestructuras grises), multifuncionales (biodiversidad + mitigación de desastres) y potencial económico (pesca, ecoturismo). Oportunidades abundan: restaurar 350 millones de hectáreas globales podría secuestrar 200 gigatoneladas de CO2 para 2050, según la ONU. En Chile, proyectos como la recuperación del humedal El Yali crean empleos verdes y fortalecen la resiliencia ante sequías.

Desventajas y contras: No todo es idílico
Contras: Emisiones de metano en turberas anegadas (hasta 100 veces más potentes que el CO2, aunque neto positivo), riesgo de enfermedades como malaria en zonas tropicales, y conflictos de uso: agricultura y urbanismo los drenan por su suelo fértil. La salinidad complica la explotación, y su fragilidad ante sequías (como en Chile por el cambio climático) los hace vulnerables. Gestionarlos requiere inversión continua, y la pérdida anual del 1% global urge acción inmediata.

En resumen, este día no es solo conmemoración: es una invitación a actuar. Proteger humedales es invertir en nuestro futuro —barato, efectivo y vital. ¿Y tú? Visita un humedal cercano, apoya políticas locales o restaura uno en tu comunidad.

El planeta te lo agradecerá.
 

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Conversación

Tratado de Alta Mar: Una noticia esperanzadora para la salud de los océanos

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Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.


El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.

El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.

Ratificación y entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas previamente, el 17 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo acuerdo, denominado Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.

El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.

Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.

Preocupación en el sector pesquero

En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.

No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar. Asimismo, pretende que estén conectadas formando una red, una meta importante para poder alcanzar la protección del 30 % de los océanos (objetivo “30×30”) antes del año 2030. Actualmente, solo el 0,9 % de las aguas de alta mar está totalmente protegida.

 

Implicaciones jurídicas

Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.

Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.

Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.

81 países lo incorporarán a su legislación

Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.

El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.

Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.

 

Fuente/The Conversation/ Licencia Creative Commons
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Desarrollo Sostenible

Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén: El llamado es a donar para sostener la emergencia

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Equipos de la ONG ya se encuentran en terreno entregando kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua y comida a las familias damnificadas.

La organización hace un llamado urgente a la sociedad civil y empresas para sumarse a la campaña y permitir que la ayuda llegue a más zonas del Biobío.


“Hay que ponerse la mano en el corazón, ponerse en el lugar de nosotros, solo eso pedimos. Los meses pasan volando y necesitamos ayuda inmediata para que podamos levantarnos, no dejemos que pase el tiempo”, dice Manuel, damnificado del sector de Punta de Parra.

Los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en Penco y Lirquén identificando niveles de daño y prioridades de ayuda para las cientos de familias afectadas. El foco de la ONG está puesto hoy en la entrega de kits de remoción de escombros, además de artículos de primera necesidad. Además, gracias a los aportes de CCU y Soprole, se han podido confeccionar kits con agua y leche.Otra alianzas estratégicas, se han habilitado puentes aéreos con SKY y terrestres con PDQ y Hualpén.

Llamado a la acción #HoyaLaEmergenciaSonLosIncendios.

La magnitud de los incendios requiere un esfuerzo masivo para llegar a todas las comunidades que hoy están bajo alerta. Por ello, la organización refuerza su campaña de donaciones para financiar la compra de insumos y próximas etapas de apoyo y reconstrucción. 

“Hoy la emergencia nos exige ser más rápidos que nunca. Estamos en Penco y Lirquén viendo el dolor de las familias, pero también su fuerza. El panorama es realmente desolador, necesitamos que todos se sumen a esta campaña; cada donación es un kit de herramientas, es comida para una familia o agua para un brigadista”, señaló el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.

El modelo de la ONG se basa en transformar la ayuda en soluciones concretas a través de una colaboración público-privada, junto al empoderamiento de la sociedad civil. Al igual que en reconstrucciones emblemáticas como Canal Chacao o Canal Beagle, cada peso donado se gestiona con eficiencia y transparencia. 

“Para nosotros la transparencia es uno de los pilares fundamentales como organziación. Es por esto que en nuestra página web tenemos publicadas nuestras cuentas públicas de las distintas emergencias en las que hemos trabajado; donde todos pueden conocer hacia dónde hemos destinado los recursos y los proyectos que hemos realizado. En esta ocasión no será diferente”, indicó Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile. 

¿Cómo ayudar?

Para sostener este despliegue, la organización lanzó la campaña  #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios. El llamado urgente es a realizar donaciones de manera oficial a través de su página web o cuenta corriente del Banco de Chile, ya que las donaciones en dinero permiten una gestión más rápida y adaptada a la realidad de cada comuna.

Sitio web: www.desafiolevantemoschile.cl
Donaciones:
Banco de Chile – Desafío Levantemos Chile
Cuenta Corriente: 98027 -07
Rut: 65.943.320.-6
Mail: [email protected]

 

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Conversación

Francisca Toledo, será la futura ministra de Medio Ambiente .

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La ingeniera civil industrial de 40 años está desde 2022 en Libertad y Desarrollo, donde se especializó en recursos naturales y cambio climático. En el último tiempo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz.


Francisca Toledo Echegaray (40) será la próxima ministra del Medio Ambiente. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a la ingeniería civil industrial con mención eléctrica de la Universidad Católica como la sucesora de Maisa Rojas.

La futura secretaria de Estado participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, Toledo fue asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con Cristián Larroulet, en temas como educación y telecomunicaciones.

Y en la segunda administración tuvo dos posiciones. Entre marzo del 2018 y junio del 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia de la República, desde donde le tocaba interactuar con carteras como Obras Públicas y Medio Ambiente, recuerda un integrante de ese gabinete. Desde 2020 a 2022 fue jefa de división de evaluación social de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, según detalla en su cuenta LinkedIn.

Entre ambos gobiernos, tuvo un paso por el sector privado: desde 2014 a 2017 fue primero ingeniera de estudios por tres años y luego, gerente de estrategia en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport).

Tras el término de la segunda administración de Piñera, en 2022, Francisca Toledo entró como investigadora a Libertad y Desarrollo (LyD). La también magíster en derecho regulatorio de la UC se enfocó en temas de tramitación ambiental y el centro de estudios declara en sus áreas de estudios los recursos naturales y cambio climático.

Según consigna la página de LyD, Francisca Toledo fue uno de los editores del libro de “30 años de política ambiental: ¿hacia dónde vamos?”, donde se habla de “un progresivo debilitamiento de la gestión ambiental, ofreciendo un diagnóstico sobre las posibles causas o factores que han incidido y algunas propuestas de cara a fortalecer la gestión ambiental en los próximos años”.

Toledo, en nombre de LyD, ha ido a exponer al Congreso en materias relacionadas con la tramitación ambiental, la ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En este contexto, Toledo, junto con la coordinadora del programa legislativo de LyD, Pilar Hazbun, propuso fijar mínimos de desempeños en los plazos de tramitación y alertó sobre las atribuciones de la SMA, que le entregan muchas veces el rol de “juez y parte”.

La cartera de Medio Ambiente ha sido considerada clave por las nuevas autoridades en su tarea de destrabar proyectos de inversión. Toledo ha trabajado estrechamente con Jorge Quiroz en el último tiempo y fue una de las economistas que participaron en la reunión del futuro ministro de Hacienda con economistas que habían apoyado a Evelyn Matthei tras la primera vuelta, como los expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.

 

Fuente/Pulso/LaTercera
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Conversación

H2 Chile conmemora ocho años en un momento decisivo para la industria del hidrógeno verde

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En un contexto de ajustes en el despliegue global del sector, el gremio reunió a autoridades y actores clave para analizar los desafíos de ejecución del hidrógeno verde en Chile, una industria que concentra 83 proyectos anunciados, una cartera estimada en US$170 mil millones y un potencial exportador de más de US$13.000 millones anuales, pero que enfrenta brechas críticas para avanzar hacia la escala comercial.


En un escenario marcado por un despliegue más selectivo de la industria del hidrógeno verde a nivel global, y un foco creciente en viabilidad económica y demanda, H2 Chile conmemoró su octavo aniversario con un encuentro que puso en el centro del debate la necesidad deacelerar la ejecución de proyectos y cerrar la brecha entre anuncios e implementación.

 
La actividad contó con la participación delSubsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, junto a representantes del sector público y privado, en un momento en que Chile mantiene una de las carteras de proyectos de hidrógeno verde más relevantes de la región, con 83 iniciativas anunciadas a diciembre de 2025, de las cuales 17 se encuentran en operación, mayoritariamente en fase piloto o demostrativa.
 
 
Durante el encuentro se destacó que la cartera nacional asociada al hidrógeno verde y sus derivados alcanza una magnitud estimada de US$170.000 millones, equivalente a más del 50% del PIB nacional, con alrededor de US$40.000 millones actualmente en evaluación ambiental, lo que evidencia tanto el interés inversionista como los desafíos para materializar estas iniciativas en plazos competitivos.
 
Asimismo, se relevó que, de concretarse los proyectos anunciados, el hidrógeno verde podría generar un potencial exportador del orden de US$13.355 millones anuales, equivalente a cerca del 13,4% de las exportaciones actuales del país, junto con una estimación de entre 35.000 y más de 100.000 empleos, dependiendo del nivel de avance efectivo de las iniciativas.
Durante su presentación, el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, destacó que, en nuestro país, “se ha avanzado en atraer una enorme cantidad de proyectos de inversión a Chile. 40 mil millones de dólares en tramitación ambiental es una cifra gigante y hace de este sector un potencial de crecimiento para Chile muy grande”.
 
En la misma línea, la autoridad relevó la importancia del proyecto de ley que incentiva la demanda de hidrógeno verde en nuestro país que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Esta iniciativa es indispensable para que esta industria inicie operaciones en Chile. Es muy importante que el gobierno entrante tome este trabajo en curso y lo impulse”.
Por su parte la Presidenta de H2 Chile, Rebeca Poleo, señaló que el octavo aniversario encuentra al sector en una etapa de mayor madurez, donde resulta clave reconocer los avances concretos alcanzados en 2025, pero también asumir con realismo los desafíos pendientes en materia de permisos, financiamiento, infraestructura estratégica y generación de demanda. “A ocho años de su creación, la asociación ha sido clave en articular al ecosistema público-privado del hidrógeno verde en Chile, impulsando una industria que hoy comienza a transitar desde la visión hacia la ejecución”, aseveró.
 
En tanto, el Director Ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, presentó el balance gremial del año, destacando que 2025 marcó un punto de inflexión conla aprobación ambiental de proyectos industriales relevantes, como la planta de amoníaco verde Volta de MAE en Antofagasta y las iniciativas de e-fuels en Magallanes, junto con avances en aplicaciones concretas en minería, transporte, energía y manufactura. El ejecutivo señaló que “Chile está construyendo una industria con impacto de largo plazo, en un momento clave para el hidrógeno verde a nivel global. No es una promesa fácil ni un camino inmediato, pero sí una apuesta estratégica que el país decidió asumir.
 
 
Hoy el desafío no es la visión, sino la ejecución: que los proyectos correctos avancen con certeza, demanda y viabilidad. Lo que estamos construyendo no es solo una industria, sino generando empleo en regiones, inversión productiva de largo plazo y una nueva ventaja competitiva país. En ese proceso, el rol gremial es clave para articular al sector público-privado y sostener el rumbo de una transición que no será lineal, pero sí real”.
 
Del diseño a la ejecución: habilitar el hidrógeno verde en Chile
 
El encuentro incluyó además un conversatorio moderado por la Vicepresidenta de H2 Chile, Grace Keller, y que contó con la participación de Gonzalo Moyano, CEO de MAE, y  Mauricio Ramírez, Gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Marval, sobre la ejecución del hidrógeno verde en Chile, donde abordaron la necesidad de avanzar hacia proyectos a escala comercial, consolidar polos industriales en regiones como Antofagasta, Magallanes y Biobío, y fortalecer la coordinación público-privada para competir en un escenario internacional cada vez más exigente.
 
Finalmente, se destacó que los avances regulatorios registrados durante 2025 —como la tramitación del proyecto de Ley de Fomento al Hidrógeno Verde y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales— representan señales relevantes, pero insuficientes por sí solas si no se traducen enmayor velocidad y certeza para la ejecución de proyectos.
 
A cargo del cierre de la Jornada, el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó que “en un país donde el sector público históricamente no ha estado acostumbrado a desarrollar iniciativas de manera conjunta con el mundo privado, el esfuerzo que hemos realizado como administración para habilitar una industria desde cero no es evidente ni trivial. Estamos convencidos de que el hidrógeno verde se va a desarrollar y representa una oportunidad estratégica para Chile”.
 
Añadió, que “como gobierno, tenemos la satisfacción de haber impulsado una agenda robusta para su habilitación, con instrumentos concretos como el Comité Interministerial de Hidrógeno Verde —que articula el trabajo de siete ministerios— y el Programa Transforma de Hidrógeno Verde en Magallanes, entre otras iniciativas. Lo relevante ahora es sostener esta visión de mediano y largo plazo, clave para consolidar el desarrollo de esta industria en el país”.
 
Desde H2 Chile señalaron que la conmemoración de sus ocho años buscó instalar una conversación estratégica y honesta, alineada con el momento que vive la industria, donde la capacidad de ejecución será tan determinante como las ventajas naturales del país.
 
 

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