Conversación
Blanlot y Punta Alcalde: «Estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país»
La ex secretaria ejecutiva de la CNE, Vivianne Blanlot, asegura que la decisión de la Corte de Apelaciones de invalidar la aprobación de la central a carbón de Endesa, deja en evidencia las falencias de la institucionalidad. Afirma que no hay aumento del bienestar sin energía a precios razonables.
La necesidad de tramitaciones ambientales más rigurosas, el perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental y la necesidad de una actitud más presente del Estado en temas energéticos. Eso dejó en evidencia, según la ex secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el jueves invalidó el pronunciamiento con que el Comité de Ministros aprobó en diciembre el proyecto de carbón impulsado por Endesa Chile, Punta Alcalde. Ahora queda en la misma situación que otras iniciativas eléctricas, entre ellas Central Castilla, que han sido paralizadas judicialmente.
¿Qué le parece el fallo de la Corte de Apelaciones por Punta Alcalde?
Lo que pasó con Punta Alcalde tiene varias lecturas. El fallo plantea que la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama mostró que habían impactos ambientales y que se está amenazando el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, y por lo tanto valida la relevancia de la evaluación realizada por la instancia regional. También arguye que el Comité de Ministros no se refirió a los aspectos que estaban en disputa en la reclamación, es decir, hace un llamado a sujetarse estrictamente a la normativa que rige el Comité de Ministros. Finalmente, dice que no se puede introducir una forma de compensación de emisiones en forma ajena a todo el procedimiento reglado anterior. Por lo tanto, por un lado está el serio problema que tenemos en el sector energético, pero también la necesidad de que se respete la institucionalidad. Ha habido una judicialización que ha trabado el desarrollo eléctrico, pero eso no se corrige con salidas de la institucionalidad que entorpecen y se constituyen en nuevas barreras. La intervención del Comité de Ministros no ayudó. Eso es un llamado de atención relevante. La Corte de Apelaciones cuestionó el método o funcionamiento más que el fondo. Dijo: no pueden introducir compensaciones que no se hayan visto en el procedimiento de evaluación.
¿Se desprestigió el procedimiento de la institucionalidad ambiental?
Dos errores no hacen una decisión correcta, incluso si uno piensa que la Corema se equivocó al rechazar Punta Alcalde. Aprobarlo de esa manera en el Comité de Ministros no ayuda. Desprestigia al modelo. Además, quienes están en contra tienen más argumentos para decir que las cosas se hacen por secretaría.
¿El proceso de evaluación ambiental debe mejorarse?
Absolutamente. Se requiere mirar en profundidad dónde están fallando las cosas. Este caso tuvo cinco adendas y recién en la tercera se introdujeron las objeciones que después dieron pie al rechazo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que después de cerca de casi dos años de procesamiento se ingresen exigencias no consideradas antes?
¿Qué se debe perfeccionar?
Deben aclararse los parámetros con los cuales se medirán los proyectos. Debe haber un trabajo previo desde el punto de vista de las instituciones técnicas que participan, en el que se definan los criterios de evaluación. El sistema se ha tornado impredecible, sin que desde el punto de vista medioambiental sea más riguroso.
¿Este tipo de actuación es de este gobierno o siempre ha sido así?
Ha sido cada vez peor. Los criterios de los servicios cambian de región a región, y de un proceso a otro. Y, además, con el sistema actual el agente privado hace lo que a él le parece que sería más atingente. Debe avanzarse hacia líneas de base elaboradas por el Estado, y a metodologías e incluso guías de evaluación por tipo de proyecto. Necesitamos procesos técnicamente definidos, con rigurosidad, en que efectivamente el tema ambiental sea lo relevante para las autoridades locales y no la prioridad económica del empleo en la región.
¿Qué fallas tienen las evaluaciones desde el punto de vista técnico?
Hay fallas cuando los servicios fluctúan en sus exigencias y cambian los criterios sobre la marcha en una evaluación, a veces sin explicación clara. El criterio técnico ambiental se puede pasar a llevar por prioridades económicas, pero también por agendas políticas regionales. Puede haber presión política para que un proyecto no se apruebe. Cada vez que priman las consideraciones políticas sobre la rigurosidad técnica se abona el camino a una mayor judicialización. Estos no son fenómenos asociados al gobierno de turno, han venido aumentando desde años atrás. Lo nuevo es cómo se manejó el Comité de Ministros.
¿En qué sentido?
El Comité de Ministros se ha venido manejando sin suficiente respeto por las normas y plazos legales. Se ven los proyectos según le parece al Ejecutivo, lo cual ya es un nivel de discrecionalidad que raya en la arbitrariedad y esto también desprestigia al sistema. Antes el énfasis estaba en contestar a las objeciones y reclamaciones estrictamente. Aquí (con Punta Alcalde), no se dio respuesta a los temas de fondo, sino que se introdujo una modificación a las compensaciones, no considerada antes en el proceso.
¿Esto se lo ha planteado al Presidente Sebastián Piñera?
Si bien en su momento tuve la oportunidad de conversar con el Presidente Piñera sobre el tema eléctrico, no hablamos sobre el tema ambiental, aunque sí en alguna reunión se comentó la judicialización. Diría que ha faltado en este gobierno una discusión centrada en cómo evitarla. Existe una falta de acción respecto a entender el fenómeno que lleva a la judicialización para evitarla. El 70% de la judicialización de proyectos no tiene que ver con medioambiente, sino con demandas sociales de las comunidades. Hay que hacer un trabajo en esta área.
¿Qué tipo de trabajo?
La forma en cómo se manejan las compensaciones no es adecuada. Muchas veces responde a prioridades de dirigentes, que en ocasiones no son suficientemente representativos. Por eso, pueden haber negociaciones inconducentes, y que no llevan a compensaciones eficaces.
¿Se está pagando a la vocería?
En cierta forma se paga de acuerdo con la vocería. Cómo se compensan social y ambientalmente los costos de un proyecto tiene que ser parte de un proceso más reglado. Podría existir un monto definido de los proyectos que van a mitigación, y a compensación social y ambiental. Se necesita alguna especie de unidad especializada, quizás con el Ministerio de Desarrollo Social, que analice en profundidad a las áreas dónde hay un impacto ambiental y social. No para compensar el daño, sino para mejorar el hábitat social y ambiental en la zona.
¿Así se puede ganar la confianza de las comunidades?
Existe una percepción de que los proyectos resultan sólo en beneficio para las empresas y no para beneficio de la sociedad. La sociedad tiene que recuperar la confianza en las instituciones en este sector. Se requiere el liderazgo del Estado como garante de que el desarrollo eléctrico es para beneficio de la sociedad.
¿Cómo se beneficia la ciudadanía con el desarrollo energético?
No hay crecimiento ni aumento del bienestar sin energía a precios razonables. En estos momentos las licitaciones de suministro para las distribuidoras que abastecen a los hogares consideran un precio techo de US$ 130 MWh y a esos precios seguramente no habrá ofertas suficientes. Para despejar las licitaciones, la única opción es que se indexen al costo marginal (precio spot).
Esta semana el gobierno se abrió a indexar al costo marginal…
No existe ninguna otra posibilidad económica y políticamente viable en el corto plazo, más que reflejar el costo marginal en la indexación, pero se requiere un procedimiento de aplicación como el de la Ley Corta II del 2005.
¿Qué pasa si los proyectos eléctricos siguen siendo trabados?
Si no se resuelve el problema del desarrollo eléctrico en forma eficiente, y a menores costos, la pérdida de competitividad es una grave amenaza. Países como Perú tienen costos de energía de US$ 60/MWh. Para la ciudadanía una economía no competitiva, con una energía cara, tiene un costo altísimo.
¿Afecta el crecimiento?
Por supuesto. De hecho, estamos perdiendo la batalla del desarrollo energético del país. Esto del tema eléctrico no es un problema de tarifas un poco mayores o menores, que eran las discusiones del pasado, dentro de rangos aceptables. No, hoy nos estamos jugando el desarrollo industrial, minero y de las áreas donde queremos una economía con mayor valor agregado. Debemos encontrar estrategias para un desarrollo eléctrico que evolucione hacia menores costos. Es muy difícil, porque no tenemos recursos baratos. No tenemos hidroelectricidad a las puertas de Santiago y no tenemos carbón. No tenemos gas propio sin grandes costos de transporte. Todas nuestras opciones tienen un costo más alto.
¿Qué se puede hacer?
Además de un mejor manejo de la dimensión ambiental y social, es necesario asegurar que no se cometan errores regulatorios o en la planificación que agraven el problema. Por ejemplo, los atrasos que hoy existen en la transmisión troncal, que eran evitables. Son varios los frentes en que se debe actuar: mejorar el ordenamiento del uso del territorio para centrales térmicas, y estimular el aprovechamiento de economías de alcance en el desarrollo de infraestructura; eliminar trabas a un uso más intensivo de GNL en la medida en que sea competitivo; facilitar la conectividad de los proyectos de ERNC y pequeños proyectos al sistema troncal, entre muchas otras áreas de acción. Pero tal vez lo más importante es no cometer errores regulatorios, identificar tempranamente los conflictos ambientales y sociales asociados a diversos tipos de proyectos, e introducir un sistema de planificación potente de largo plazo.
¿Cómo ve la crítica del sector respecto a que ninguno de los candidatos a la presidencia ha expresado propuestas energéticas?
Ambas candidaturas (las con mayor opción) deberán tener un programa energético analizado muy cuidadosamente. El próximo gobierno enfrentará cuatro años difíciles. En términos concretos, y según lo que está en construcción en materia de generación, en el 2013 entrarán aproximadamente 1.000 MW, cerca de 300 MW el 2014, y prácticamente nada en 2015, ni 2016. Eso, frente una demanda que requiere cerca de 500MW anuales adicionales. Es decir serán cuatro años con sequía de desarrollo. En 2017 y 2018 la situación no cambiará si no se actúa desde ahora sobre los factores que han llevado a esta situación. En los próximos cuatro años se requerirá una gestión final para sobrellevar el período y permitir que a partir de 2017 y 2018, las perspectivas mejoren. La discusión de los temas energéticos está recién en pañales, no sólo en las candidaturas, sino también en la sociedad.
¿Cómo evalúa el “no” a HidroAysén y la propuesta 30/30 de Michelle Bachelet?
No le veo mayor problema a lo que dijo. Al 2030 sí podemos llegar a un 30% de Energías Renovables, dependiendo de lo que entendamos por renovables. Si bien no más del 20% puede ser de energías no firmes (eólica y solar), sí podemos llegar a mayores niveles con geotermia e hidroelectricidad.
Dada nuestra situación, no podemos negarnos a priori al desarrollar ningún tipo de energía. Tampoco a la energía de Aysén, ni nuclear. Sin embargo, si la oposición social a alguna energía es muy generalizada, se convierte en inviable.
Como sociedad debemos cambiar la mirada sobre el sector energético. Para que la energía hidroeléctrica de Aysén, y eventualmente la energía nuclear sean viables, se requiere demostrar que tienen beneficios para toda la sociedad y que sus costos ambientales y riesgos son manejables y menores a los beneficios. Mientras no se den esas condiciones, es decir garantía de rentabilidad social y distribución adecuada de los beneficios, es difícil que se viabilicen socialmente proyectos de gran envergadura.
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El objetivo marcado por la UE para evitar el declive de los polinizadores no es suficiente, advierte estudio.
														Un nuevo estudio internacional muestra que los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para evitar la desaparición de los polinizadores no bastan para detener la pérdida de estos insectos, que son claves, no solo en mantener la biodiversidad, sino también en sostener la producción agrícola.
El trabajo, que aparece publicado en la revista Science y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.
La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, “urge que al menos el 10 % de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad”.
Aquí se incluyen, entre otros, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques.
Este compromiso del 10 %, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de distintos polinizadores.
El estudio, basado en 59 investigaciones en 19 países, muestra que las abejas solitarias necesitan un 16 % de hábitat natural en zonas agrícolas, los abejorros un 18 % y las mariposas un 37 % para lograr una protección efectiva.
El estudio confirma una regla sencilla: cuanto más hábitat natural hay en zonas agrícolas, mayor es la presencia de polinizadores. Los resultados revelaron también que los hábitats con mayor abundancia de plantas con flores también albergan más polinizadores de todos los grupos.
Sin embargo, la calidad del hábitat no siempre compensa la falta de espacio disponible. “Hemos visto que, aunque la calidad de estas áreas sea alta, si no se alcanza el mínimo de hábitat natural resulta imposible mantener poblaciones de polinizadores sanas”, explica Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la EBD-CSIC.
En este sentido, el equipo científico insiste en que lo esencial es ampliar primero la extensión de los hábitats naturales. “Es mejor concentrarse primero en aumentar el área de los hábitats naturales, en lugar de gestionar pequeños hábitats, incluso cuando tienen muchas flores”, afirma Gabriella Bishop, primera autora del estudio e investigadora de la Universidad de Wageningen.
Calidad y permanencia de los hábitats
El trabajo también advierte de que aumentar significativamente la extensión de los hábitats naturales no basta si no se asegura la calidad y permanencia de los nuevos hábitats a largo plazo.
La conservación de polinizadores en Europa se centra en gran medida en medidas temporales en pequeñas áreas de tierras productivas, como la creación de franjas de flores silvestres junto a los cultivos. Investigaciones anteriores han demostrado que esto sí genera un aumento temporal de insectos y polinizadores, pero no ofrecen una solución duradera.
“Hay cultivos, como muchos frutales, en los que conservar la biodiversidad dentro de las fincas es compatible con una alta producción agrícola, pero en otros cultivos más intensivos, como el girasol, se necesitan compensaciones económicas por destinar tierras cultivables a mantener la biodiversidad”, explica Bartomeus.
De ahí que el equipo científico insista en la necesidad de mecanismos de apoyo estables para el sector agrícola. José Luis González Andújar, del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) y también firmante del artículo, señala que “para que se produzca una transformación real, es necesario reconocer económicamente a los agricultores que destinen parte de sus tierras a generar y conservar espacios naturales. Este esfuerzo debe mantenerse durante, al menos, dos décadas; de lo contrario, la falta de estabilidad generaría inseguridad en el sector agrícola y los polinizadores apenas obtendrían ventajas”.
“Hacer una transición a una agricultura más sostenible requiere pensar qué paisajes queremos tener, y eso involucra tener en cuenta tanto la parte ecológica, económica y social del paisaje”, concluye el investigador de la EBD-CSIC Ignasi Bartomeus.
La investigación se ha realizado en el marco del proyecto europeo SHOWCASE, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que busca crear sinergias para integrar la conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas.
Referencia:
Gabriella A. Bishop, David Kleijn, Matthias Albrecht, Ignasi Bartomeus et al. «Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes». Science.
Fuente/CSIC/ SINC/Derechos: Creative Commons.
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¿Hemos superado realmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento marcado por el Acuerdo de París?
														El informe sobre el estado del clima de 2024 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que la temperatura media anual global en 2024 fue 1,55 °C superior al promedio del periodo 1850-1900, que se toma como referencia para medir el calentamiento del planeta.
La temperatura media global superó los 1,5 °C brevemente durante un mes o más en 2016, 2017, 2019, 2020 y 2023. Sin embargo, el año pasado fue el más cálido en los 175 de los que se tienen registro. ¿Pero significa todo esto que ya hemos sobrepasado los 1,5 ºC que establece como umbral el Acuerdo de París?
Las ambigüedades del Acuerdo de París
El Acuerdo de París, aprobado en la conferencia sobre cambio climático de la ONU de 2015 (la COP21), hace ya más de diez años, determina que se debe “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
Se trata de un acuerdo político-diplomático entre los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
No obstante, su redacción contiene ambigüedades y genera dos preguntas fundamentales:
- ¿Qué significa “respecto a los niveles preindustriales”? Pues este período define la temperatura base de referencia para poder delimitar sus incrementos, sus variaciones, sin ambigüedad.
 - ¿Cuándo se considerará que la temperatura ha superado los 1,5 ºC de aumento? Es decir, ¿durante cuánto tiempo debe sobrepasarse ese umbral?
 

¿Qué se considera “periodo preindustrial”?
El nivel preindustrial se refiere a la temperatura media global antes de la Revolución Industrial, que se utiliza como referencia para los efectos del calentamiento global. El CMNUCC encargó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que definiera qué se consideraría como niveles preindustriales: la respuesta fue el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 °C.
El periodo escogido fue del año 1850 al 1900, cincuenta años. Su selección se debe a que representa el tiempo durante el que se dispone de observaciones con suficiente calidad de las temperaturas superficiales de la tierra y el océano, lo que permite una comparación precisa. Además, la temperatura del aire global fue relativamente estable, con una media aproximada de 13.84 °C.
Con una influencia humana en el clima todavía relativamente pequeña antes del uso progresivo e intensivo de los combustibles fósiles, se consideró como una buena referencia para poder valorar el efecto de las actividades humanas.
Este período aumenta en 20 años el período clásico de 30 años definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que resulta de los datos promediados y denominados normales climatológicas estándar de la OMM, que habían sido definidos ya en el año 1872.
Un aumento de la temperatura sostenido durante 20 años
Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que hemos superado el umbral de los 1,5 °C tal y como establece el Acuerdo de París.
Las temperaturas globales no aumentan de forma gradual. Debemos considerar la diferencia entre la variabilidad natural del clima –por los fenómenos de El Niño y por la actividad volcánica– y la variabilidad que define su tendencia en el tiempo –el actual proceso de calentamiento–. El sistema climático oscila en diferentes escalas de tiempo con frecuencias temporales a corto y largo plazo.
Por tanto, la cifra de 1,5 °C se refiere a un calentamiento planetario promedio sostenido, no solo al valor de un solo año, que por sí solo podría ser anómalamente más cálido o más frío que el promedio a largo plazo. Pero ¿por cuánto tiempo debe mantenerse ese aumento de la temperatura para considerarlo una tendencia?
La Segunda Revisión Periódica del objetivo global a largo plazo de la Convención aclaró que “el objetivo se evalúa a lo largo de décadas” (COP22 de Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022). El IPCC, en su informe sobre las bases físicas del cambio climático, define el momento de superación como “el punto medio del primer período de 20 años en el que la temperatura global del aire en superficie promedia más que la temperatura umbral”. El uso de este promedio ayuda a garantizar que las tendencias del calentamiento se deban a la intervención humana y no a variaciones naturales.
Así, habrá que esperar 20 años para confirmar si superar el umbral de 1,5 °C se mantiene como una tendencia. La humanidad solo sabrá con certeza si hemos alcanzado el límite del Acuerdo de París en retrospectiva. Lo que implica el riesgo de retrasar su reconocimiento y la correspondiente reacción.
Hace falta consenso.
El calentamiento se está acelerando. En el informe de 2021 del IPCC se indicaba, en casi todos los escenarios de emisiones, un alcance de los 1,5 °C “a principios de la década de 2030”. Y, el reciente informe de la OMM Actualización Climática Anual Decenal Global 2025-2029 indica que es probable (con un 70 % de probabilidad) que la media quinquenal de 2025-2029 supere los 1,5 °C.
Abordar la cuestión de cuándo entraremos en un período de 20 años con un calentamiento promedio de 1,5 °C no es, por lo tanto, solo un ejercicio de seguimiento del registro de temperatura global. Tiene una relevancia fundamental para la gestión de riesgos climáticos y la planificación de la adaptación.
Evaluar el aumento de la temperatura media global utilizando el calentamiento promedio de las últimas décadas retrasará el reconocimiento formal de cuándo la Tierra supera el límite de 1,5 °C. Esto probablemente genere distracciones y retrasos justo cuando la acción climática es más urgente.
Se necesita definir y acordar una métrica única y consensuada que describa claramente la superación del umbral de 1,5 °C –ya existen algunas alternativas– y anticipar los acontecimientos que lo precederán. Los impactos asociados serán graves. Tal aumento podría parecer una realidad lejana, pero podríamos estar alcanzándolo antes de lo que imaginamos de acuerdo a las observaciones ya disponibles.
La ocurrencia del primer año con un calentamiento de 1,5 °C implicaría que el período de 20 años que alcanza el objetivo inferior del Acuerdo de París ya ha comenzado y que los impactos esperados con este nivel de calentamiento ya se están manifestando.
Fuente/The Conversation (Creative Commons)
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Nuevas reglas para fomentar la captura de carbono y alcanzar el objetivo de cero emisiones
														El reto de combatir el cambio climático ha evidenciado la necesidad de promover diversas medidas para alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero.
En los últimos meses, tanto en España como en Europa se han aprobado distintas normativas encaminadas a fomentar la certificación de absorciones obtenidas a través de proyectos de captura de carbono en una amplia diversidad de ecosistemas. Esto ha abierto un arcoíris de colores para el carbono en función del lugar donde es capturado: verde en ecosistemas terrestres; azul en ecosistemas marinos; verdeazulado en humedales de agua dulce; púrpura a través de captura directa del aire o en industrias; y blanco y rosa según si es capturado en salinas o en ecosistemas de algas calcáreas.
Sin embargo, ¿qué requisitos deberían cumplir esos estándares de certificación que fomentan la venta de absorciones en el llamado mercado voluntario de carbono para ser realmente útiles y evitar el “ecopostureo? Este mercado voluntario permite a promotores privados y públicos compensar sus emisiones de dióxido de carbono (su huella de carbono) con la compra de créditos de carbono generados a través de proyectos de absorción certificados.
¿Cómo afrontamos el cambio climático?
La reducción drástica a nivel global en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la principal medida si queremos mantener el incremento en la temperatura por debajo de los niveles fijados desde el Acuerdo de París. Aunque aún estamos lejos de dicho objetivo, Europa ha liderado en los últimos años el camino a través de diversas normativas dirigidas a lograr la neutralidad climática para el año 2050.
Sin embargo, como advierten desde la Unión Europea y desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para poder obtener cero emisiones netas de CO₂ será necesario incrementar de forma significativa las absorciones de CO₂ de la atmósfera en reservorios a largo plazo. El objetivo es contrarrestar tanto las emisiones difusas –aquellas liberadas a la atmósfera desde fuentes que no están concentradas en un solo punto, como chimeneas, sino que se dispersan en un área más amplia– como las residuales, que persisten incluso después de implementar las mejores tecnologías y prácticas disponibles para reducir la contaminación.
¿Cómo lograr la neutralidad climática?
Para lograrlo, cualquier empresa o administración pública debería poder medir su huella de carbono a través de protocolos estandarizados. Posteriormente, debería diseñar planes de reducción de dichas emisiones tanto a corto como a medio plazo.
Una vez reducidas al mínimo, el siguiente paso es compensar las mismas a través del fomento de actividades que conlleven una captura de gases de efecto invernadero a largo plazo. Estas suelen expresarse en forma de capturas en toneladas de CO₂-equivalente, tras la conversión del poder calorífico en la atmósfera de los distintos gases de efecto invernadero a unidades de CO₂.
A nivel europeo, la tipología de proyectos y actividades que se podían incluir dependía de la normativa de cada país, ya que, hasta la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2024/3012, no existía un marco regulatorio común. Este documento recoge proyectos y actividades que mejoran el almacenamiento de CO₂ a largo plazo en depósitos geológicos, terrestres y marinos.
Integra, además, aquellas actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como las derivadas del cambio en el uso del suelo, gestión de turberas o mejoras en las prácticas agrícolas. También incluye actividades que fomenten la captura de CO₂ en productos con una vida larga.
Marco o estándar de certificación de absorciones de carbono
Para que cualquiera de estas actividades sea considerada, debe someterse a un marco de certificación o a un estándar que defina de forma clara su tipología. También debe determinar los actores que intervienen en el proceso, los plazos y documentación requeridos en los distintos procedimientos, las metodologías utilizadas para estimar y verificar las capturas obtenidas, dónde quedarán registradas esas absorciones y cómo pueden utilizarse, etcétera.
Al fin y al cabo, un estándar no es más que un conjunto de reglas que pretende dar una garantía y seguridad jurídica tanto a quien promueve la actividad, como a quien adquiere esas absorciones para compensar sus emisiones. Además, también debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos que toman decisiones en función de las políticas de responsabilidad ambiental de las empresas.
Entre los puntos más importantes que deben incorporar estos estándares destacan el establecimiento de los criterios que aseguren la adicionalidad de la actividad. Es decir, deben asegurar que el proyecto genera un incremento neto en capturas de carbono, que no se desarrolla por una obligación legal y que sin la financiación proveniente de los créditos de carbono generados no se llevaría a cabo el mismo.
También es importante que definan claramente el periodo durante el cual las absorciones de CO₂ atmosférico son atribuibles al proyecto (periodo de crédito) y el tiempo en el que el promotor del proyecto se compromete a velar por la integridad de las absorciones de carbono capturadas (periodo de permanencia). Además, deben incluir las metodologías necesarias para llevar a cabo la verificación y certificación de las absorciones conseguidas, así como su seguimiento, y evitar la doble contabilidad de las absorciones certificadas.
Sin un establecimiento claro de estos aspectos podrían desarrollarse actividades que generaran absorciones fantasmas o con nula utilidad climática. Es decir, proyectos de absorción donde no existe adicionalidad, y por lo tanto, no se logra una reducción neta de las emisiones y/o se certifican absorciones inexistentes.
Las novedades del reglamento europeo
La mayoría de estos aspectos son tratados en el nuevo Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo. No obstante, existen muchas incertidumbres sobre distintos aspectos que deberán irse solventando en próximas fechas. A pesar de ello, esta nueva normativa tiene aspectos novedosos al incluir por primera vez a nivel europeo las capturas producidas en ecosistemas marinos y costeros, responsables de más del 50 % del enterramiento de carbono a nivel global. Algo que, replicado recientemente a nivel nacional a través del Real Decreto 214/2025, ya fue abordado de un modo pionero por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años, con la publicación del Estándar andaluz de carbono para la certificación de créditos de carbono azul. Esta iniciativa ha permitido poner en marcha el primer proyecto de absorción de carbono azul en Europa certificado por una administración pública.
Sin perder de vista un objetivo: la sostenibilidad
El reglamento europeo incluye, además, una salvaguarda para evitar el ecoposturero y fomenta la obtención de beneficios secundarios en la ejecución de este tipo de actividades en relación con los objetivos de sostenibilidad. Por ejemplo, se fomenta que los proyectos incrementen los beneficios directos e indirectos que recibe el ser humano de los ecosistemas (las funciones y servicios ecosistémicos), así como la obtención de mejoras tangibles en las comunidades locales donde se desarrolle el proyecto.
Tengamos en cuenta que el foco de atención está actualmente en el carbono, y debe utilizarse como paraguas para mejorar la gestión y conservación de nuestros ecosistemas, permitiendo una entrada de financiación privada para desarrollar conservación pública. Sin embargo, hay que evitar que se convierta en una herramienta vacía o especulativa porque, como ya decía el refrán, «no es carbono todo lo que reluce”.
Fuente/The Conversation
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COP15 Ramsar: Chile postula red de ecosistemas costeros de la Región de Atacama como humedales de importancia internacional
														La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas se encuentra participando de la 15° Conferencia de las partes de Ramsar, en Zimbabue, donde lidera una agenda que incluye la presentación de los avances de nuestro país en la protección de ecosistemas acuáticos y el trabajo realizado en el marco de la red de salares protegidos impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En el marco de su intervención en el plenario de la 15° Conferencia de las Partes Ramsar que se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció este jueves la postulación de una red de 4 humedales costeros de la Región de Atacama para que sean reconocidos como humedales de importancia internacional (sitios Ramsar).
Se trata de Desembocadura del Río Copiapó, el Humedal Costero Totoral, la Desembocadura Río Huasco y el Humedal Carrizal Bajo que en total suman al menos 127 hectáreas. Estos se ubican en una zona semiárida al sur del Desierto de Atacama, que destaca por estar dentro de las 25 zonas hot spots con mayor diversidad biológica del mundo por su gran gama de especies de flora y fauna y su alto endemismo.
«Nuestro planeta enfrenta una triple crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación que afecta a todos nuestros ecosistemas, entre ellos, a los humedales costeros, urbanos y turberas. Estos ecosistemas cumplen múltiples funciones como reservas estratégicas de carbono, barreras naturales ante inundaciones y fuentes de agua limpia para nuestras comunidades, pero se encuentran gravemente amenazados”, expresó la autoridad en el plenario de este evento internacional.
La ministra explicó que “el reconocimiento de esta red de humedales como sitios Ramsar permitirá a nuestro país preservar estos frágiles ecosistemas a través de nuevas y eficaces herramientas que mantengan sus características ecológicas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad biológica y las fuentes de agua, lo que es clave en la mitigación al cambio climático y el futuro de la humanidad”.
En concreto, esta red de humedales costeros de la Región de Atacama propuesto por Chile “aportará a la ruta de aves migratorias, humedales, flora y fauna endémica de Atacama, especies en problemas de conservación, la recarga de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos como turismo, y la conservación de valiosos sitios paleontológicos”, dijo la autoridad.
La Seremi del Medio Ambiente de Atacama, Natalia Penroz, indicó que “esta es una muy buena noticia para la región, poder contar con un segundo Sitio Ramsar, reconociendo el valioso patrimonio natural que tenemos, los humedales costeros, donde en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para poder dar algún grado de protección a todos ellos y este anuncio viene a respaldar y potenciar este trabajo”.

COP15 Convención Ramsar
La ministra Rojas también destacó el carácter diverso y representativo de la delegación chilena que participa en esta COP15, la que “refleja el compromiso de nuestro país con la protección de los humedales”. Esta incluye al senador Alfonso de Urresti, a la alcaldesa de Valdivia Carla Antmann, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Medio Ambiente, como también de la organización Comunidad Humedal, de la Fundación Kennedy, del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral y del Centro de Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Cabe recordar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional de carácter multilateral que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Actualmente, se erige como el único tratado a nivel mundial que se centra en un “único ecosistema” y constituye una instancia en la que los países se comprometen a avanzar en ciertos objetivos generales como la designación de sitios para incluirlos en la Lista Ramsar de “humedales de importancia internacional”. Esto último coincide con el anuncio dado a conocer esta jornada por la ministra Rojas.
Chile es parte de este instrumento internacional desde 1981 y hasta ahora tiene 16 sitios Ramsar designados a nivel nacional, que suman 363.927 ha.
Fotos (créditos: Francisco Morey)
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Sistema frontal aliviará los menores niveles de los embalses para generación eléctrica acumulados a mayo
														El último estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la seguridad del abastecimiento para los próximos 12 meses, descartó riesgos para el suministro de energía en el país. Sin embargo, sólo tres de los nueve embalses destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
El sistema frontal que está afectando a la zona central permitirá elevar no sólo la disponibilidad de agua, sino que también mejorar la capacidad de generación hidroeléctrica en el país. Y es que si bien los embalses destinados a la producción de energía hidráulica no enfrentan una situación crítica, ni tampoco existen riesgos para el suministro de energía de acuerdo a los modelos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), lo cierto es que la cantidad de energía embalsada exhibe un descenso en comparación al registro de hace un año.
De esta forma, el nivel de la energía gestionable que consideran los embalses destinados a la generación eléctrica acumulaba un total de 1.130,1 GWh hasta este martes. A la misma fecha de 2024 ese valor alcanzaba los 1.372,8 GWh, lo que constituye un 18% menos entre un año y otro. Sin embargo, ello no implica que existan riesgos para el suministro de energía eléctrica, ya que según el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento -un informe mensual que elabora el mismo Coordinador-, para el período entre mayo 2025 y abril 2026 no existen déficits de energía en el horizonte de proyección.
El informe, que modela ocho escenarios distintos -entre ellos condiciones hidrológicas desfavorables, indisponibilidades en unidades generadoras de mayor tamaño en ubicaciones relevantes y la indisponibilidad de un tramo del sistema de transmisión importante para el Sistema Eléctrico Nacional-, sostiene que “para las condiciones y escenarios considerados en el presente estudio, no se obtiene déficit de energía durante el horizonte analizado”.
Eso sí, el nivel de energía embalsada que se consideró para la confección de dicho informe era mayor al existente previo al sistema frontal. El documento detalla que sus supuestos se realizaron considerando los 1.616,6 GWh de energía acumulada en embalses al 22 de mayo. Ello reflejaba una diferencia negativa de sólo 2% frente a los 1.650,2 GWh registrados en 2024 a igual fecha.
Con todo, según las últimas estadísticas del Coordinador sobre las cotas de los embalses, sólo tres de los nueve destinados a generación se encuentran en niveles sobre el 50% de sus cotas mínimas.
En concreto, hasta las 08:OO horas de este miércoles, la situación de los embalses y sus centrales hidroeléctricas era la siguiente: Lago Chapo (Canutillar), se encuentra con un nivel del 48% respecto a su cota mínima; Embalse Rapel (Rapel), con el 1%; Laguna La Invernada (Cipreses), con 57%; Embalse Melado (Pehuenche), con 9%, Embalse Colbún (Colbún), con 41%; Laguna Laja (El Toro), con 41%; Embalse Ralco (Ralco), con 0%; Embalse Pangue (Pangue), con 62%, y Laguna del Maule, con 53%.
Todo lo anterior arroja que, previo a la llegada del sistema frontal, los embalses registraban un nivel de excedencia del 82%. Ello quiere decir que, del total de la estadística desde el año 1960 a la fecha, el 82% fue igual o más húmedo -o lluvioso- que lo registrado al presente año.
Gabriel Olmedo, coordinador de Riesgo de Evol Services, refrenda esto señalando que “durante el año hidrológico 2023-2024 tuvimos un repunte importante en los niveles de embalse por una mayor presencia del fenómeno del niño. Hoy esa situación ha cambiado”.
“Pese a que la energía embalsada este año no tiene muchas diferencias respecto al 2024, nos encontramos en un punto de inflexión de cara al segundo semestre de este año”, enfatiza.
En el análisis de Olmedo, el promedio de las precipitaciones anotó una disminución de un 32,16% en lo que va del año. Ello, detalla, repercute en los costos del SEN.
“La disponibilidad del recurso hídrico repercute principalmente en el costo del agua en los embalses que asigna el Coordinador Eléctrico Nacional en sus programas de operación del sistema eléctrico. Si es que la expectativa de un año seco aumenta, entonces el precio del agua también lo hará, y viceversa”, afirma.
No obstante, Olmedo remarca que si bien los costos marginales de la energía se encuentran más altos en comparación al año anterior, ello se debe “principalmente por razones operacionales relativas a los sistemas de transmisión”.
“Si bien febrero y marzo estuvieron marcados por una mayor generación térmica, el apagón del 25 de febrero llevó al Coordinador a imponer restricciones operacionales por motivos de seguridad que redujeron las inyecciones de fuentes renovables, lo que encareció la operación del sistema. Con todo, el costo marginal de la energía ha aumentado cerca de un 34% si uno mira los meses que han marcado mayores diferencias, como febrero, marzo y abril”, agrega.
Otro factor que incide, según el experto, es la evolución de precios de los combustibles, marcada por la volatilidad asociada a la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, especialmente en el gas natural.
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