Opinión
Casen 2024: La formación laboral como motor de la autonomía económica
Por Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC
Según los resultados de la Encuesta Casen 2024, 600 mil personas salieron de la pobreza. Miles de familias que disminuyeron las urgencias y angustia inmediata, gracias a un sistema de subsidios que representa el 69% de los ingresos del decil más vulnerable. Es un avance innegable en el corto plazo para esas familias, pero el desafío es que ese alivio se transforme en un proyecto de vida autónomo. El subsidio es una base necesaria. Pero formación laboral pertinente, que genere desarrollo de capacidades para el trabajo, es el trampolín definitivo hacia la seguridad y proyección de esas familias.
Y la urgencia es estructural. Chile es el penúltimo país de la OCDE en habilidades de su población adulta, una brecha crítica, pues un trabajador con mayores competencias recibe el doble de ingresos por hora y enfrenta una tasa de desempleo seis veces menor que uno menos calificado.
Con 750.000 trabajadores en riesgo inminente en sus empleos por la automatización, como reveló un reciente estudio publicado por el OTIC CChC y Comov, la empleabilidad debe ser una política de desarrollo y no una mera consecuencia. Necesitamos poner el foco con fuerza en la formación laboral. Formación pertinente y adaptada a las necesidades del mercado del trabajo. Un aumento considerable de la inversión en formación (en cantidad y en transversalidad). Ecosistemas con capacidad de generar iniciativas colaborativas, orquestando el impacto de cada uno de sus actores, para generar más valor que la suma de las partes. Son algunas de las fuerzas que podrían mejorar la precisión de un sistema que debe tener capacidades estructurales y musculatura, para generar el talento que las industrias y regiones del país vayan necesitando.
Desde quienes tenemos un rol intermediario en el sistema (como es el caso de la Corporación de Capacitación de la Construcción), urge una fuerza hacia la innovación de lo que nuestra industria puede ofrecer en materia de impacto social. Diagnósticos claros por industrias y regiones. Levantamiento de iniciativas colaborativas que resuelvan los desafíos priorizados, con acciones rápidas y claras, y objetivos a la vista. Conexión de puntos, exploración permanente de nuevas soluciones y generación de diálogo entre actores. Solo algunos de los ingredientes que permitirían generar verdaderos cambios en las reglas del juego.
Al iniciar este 2026 con un nuevo ciclo político, el desafío nacional es consolidar un modelo de desarrollo que ponga el talento al centro, especialmente porque superar la pobreza requiere que Estado y sector privado trabajen juntos para transformar la capacitación en una herramienta estratégica. Solo así la seguridad que hoy entrega el subsidio se convertirá mañana en la libertad que otorga el talento propio.
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Opinión
Agua para un Chile resiliente: Avances y desafíos de un año decisivo
Por Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso
Las altas temperaturas que hemos vuelto a registrar este verano no son un fenómeno aislado. Son una señal inequívoca del impacto del cambio climático sobre Chile y de la presión creciente sobre fuentes continentales de agua que ya no logran responder a las necesidades de las personas, las ciudades y la actividad productiva. La seguridad hídrica es una meta a la que todas las empresas deben plegarse hoy.
Y para alcanzarla, las fuentes no convencionales como el agua de mar y las aguas residuales se han constituido como alternativas seguras y competitivas para el abastecimiento de distintas ciudades e industrias del país. Un hito lo ilustra con claridad: durante 2025, Antofagasta se convirtió en la primera gran ciudad de América Latina en abastecerse en un 100% con agua desalada para consumo humano.
Chile se ha embarcado decididamente en este camino. Hoy existe una industria de fuentes hídricas no convencionales en plena expansión, con proyectos que permiten generar, transportar y distribuir agua, llueva o no. Nuestro país cuenta con 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial, esto es con una capacidad producción de agua superior a 20 litros por segundo que, en total, suman una capacidad instalada de 14.227 L/s.
A ello se suma una cartera robusta de proyectos en desarrollo. A diciembre de 2025 se registran 64 proyectos en etapas de ingeniería o construcción relacionados con el tratamiento de aguas servidas y la desalación, extracción y transporte de agua de mar, entre otros, que representan una inversión total estimada de USD 25.613 MM.
En este portafolio, destaca la licitación de la planta desaladora multipropósito para la Región de Coquimbo que, en tiempo récord, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, logró concretar, marcando un precedente en la incorporación de nuevos modelos de infraestructura hídrica.
Sin embargo, estos avances conviven con desafíos que no podemos ignorar. Uno de los más relevantes sigue siendo la regulación. El proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para la desalación todavía presenta algunas disposiciones que podrían afectar la continuidad operacional de los futuros proyectos y obstaculizar la operación de plantas existentes, por lo que esperamos sean corregidas en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.
También esperamos que se concreten importantes proyectos durante 2026: la puesta en marcha de C20+ de Collahuasi en Tarapacá; la desaladora de Aguas Pacífico en Valparaíso; la nueva conducción de agua de mar de Minera Centinela y la Planta Desaladora de Codelco en Antofagasta.
Para acelerar su crecimiento, Chile necesita desplegar la infraestructura crítica que le permita proveer un suministro competitivo de agua a las industrias en las que nuestra economía tiene ventajas comparativas. Pero esa seguridad hídrica solo se construye con una institucionalidad que permita volver a invertir en condiciones predecibles para el largo plazo.
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Opinión
Salvar Vichuquén: Una urgencia público-privada
José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental
El cierre del Lago Vichuquén hasta el año 2026 debe interpretarse inequívocamente como una señal de alarma ambiental de máxima prioridad que ya no podemos ignorar. Si bien se ha descrito esta crisis como una «tormenta perfecta» derivada de la sequía y la falta de ordenamiento, resulta desalentador ver cómo el debate se ha estancado en disputas donde vecinos, autoridades y privados se acusan mutuamente, mientras el deterioro del lago persiste.
La experiencia internacional nos dicta que la recuperación de estos desastres no se logra a través de procesos litigiosos ni recriminaciones cruzadas sobre la barra del estero, sino mediante la implementación de planes de emergencia y remediación adecuados al sitio. Por consiguiente, es imperativo cambiar el foco: la autoridad debe asumir el liderazgo para convocar a una mesa de trabajo colaborativa público-privada.
En esta alianza, los roles son claros y complementarios. El sector público cuenta con la capacidad esencial de ordenamiento territorial. Por su parte, el sector privado posee la ingeniería y las tecnologías de saneamiento avanzadas necesarias para recuperar el recurso hídrico. No se trata solo de diagnósticos, sino de aplicar soluciones técnicamente comprobadas que hoy están disponibles, como los sistemas de Bombeo y Tratamiento (Pump & Treat) o la Ozonización, capaces de remover contaminantes y restaurar el equilibrio.
A diferencia de los lagos profundos del sur, la geografía de Vichuquén (30 metros de profundidad) permite que, si actuamos con decisión, la recuperación sea relativamente rápida. Pero para ello, debemos dejar de gastar energía en buscar culpables y enfocarla totalmente en la remoción del contaminante. Si logramos alinear la capacidad de ordenamiento estatal con la tecnología privada, la recuperación del ecosistema de Vichuquén podrá materializarse antes de que el daño sea irreversible. Es hora de actuar.
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Opinión
Inteligencia artificial, ética y sostenibilidad
Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la vida cotidiana de muchas personas, convirtiéndose en una herramienta de uso frecuente para múltiples actividades.
Su aplicación en ámbitos laborales, académicos y personales se orienta a potenciar la eficiencia, favorecer la colaboración y apoyar el bienestar en el desempeño cotidiano con acciones que van desde la revisión de un texto, la creación de una imagen, la organización de tareas, como apoyo en proceso administrativos, la elaboración de presentaciones y reportes, y el análisis de datos, entre muchos otros.
En este contexto, estas tecnologías se configuran como un recurso que puede contribuir a optimizar el tiempo, la organización del trabajo y fortalecer habilidades de gestión, tanto a nivel individual como colectivo.
Sin embargo, detrás estas gestiones que parecen simples e inmediatas, existe una infraestructura tecnológica que consume energía, requiere servidores activos de manera permanente y deja una huella ambiental que suele pasar inadvertida.
Cuando se habla de uso sostenible de la IA, no se trata solo de grandes decisiones empresariales o políticas públicas. También tiene relación con la forma en que las personas utilizan estas herramientas en su día a día.
El uso repetitivo o innecesario de sistemas de alta demanda computacional incrementa el consumo energético y, con ello, el impacto sobre el entorno. La sostenibilidad, en este contexto, implica tomar conciencia de que cada interacción digital tiene un costo ambiental.
Promover un uso más responsable de estos recursos supone cambiar ciertas prácticas cotidianas. Usar estas herramientas con un propósito claro, evitar generar contenidos de manera automática sin necesidad real, priorizar soluciones tecnológicas eficientes, un empleo correcto de la instrucción (prompt), de bancos de imágenes y videos ya realizados por otros usuarios y comprender que no todo problema requiere una respuesta basada en IA, son acciones concretas que contribuyen a reducir su impacto.
La ética se expresa aquí en decisiones individuales que, acumuladas, tienen efectos colectivos, porque cada elección de uso refleja una forma de relacionarse con la tecnología y con el entorno, de ser conscientes de la manera en que se consume tecnología y se valora su impacto ambiental.
La inteligencia artificial continuará expandiéndose y su uso se volverá cada vez más accesible. Por eso, conocer bien las herramientas, pensar cómo, cuándo y para qué se utiliza es parte de una responsabilidad compartida que no recae solo en quienes desarrollan estas herramientas, sino también en quienes las integran a su vida diaria.
Columna de Opinión/Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
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COP30, un paso más al statu quo
Dr. Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
Desde el Acuerdo de París en 2015, las Cumbres Climáticas (COP) han creado una arquitectura climática global con normas, mercados de carbono y un fondo de pérdidas y daños ante desastres climáticos extremos, pero su efectividad real sigue siendo limitada para asegurar la meta de limitar el calentamiento global a 1,5°C.
La COP30 ratificó este patrón de ambición declarada versus implementación insuficiente tras el Balance Global. Entre los logros, se cuenta el acuerdo político para triplicar la ayuda para la adaptación y el lanzamiento del Fondo de Nueva Generación para la Protección de Bosques. El financiamiento sigue siendo una promesa con desembolso incierto. La cifra de $125.000 millones para el fondo forestal es una meta a largo plazo, no una garantía inmediata.
El punto más débil y crítico para la mitigación es el manejo de los combustibles fósiles. La COP30 evitó establecer un mandato vinculante, sectorial y con una agenda definida para la eliminación progresiva de petróleo, gas y carbón. La resistencia de los grandes emisores impidió detener la expansión de nuevos proyectos fósiles, un imperativo científico. Con ello, la COP30 solo aborda soluciones paliativas para la adaptación y deforestación.
La ciencia es clara: sin una reducción drástica e inmediata de las emisiones de GEI provenientes de la quema de fósiles, la trayectoria hacia un calentamiento peligroso se mantiene. La COP30 fue un paso lateral en la emergencia climática.
Ahora, el peso recae en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) revisadas que los países presentarán, demostrando si esta cumbre fue el preludio de una acción real o simplemente un hito más en la inercia del statu quo. Hoy el desafío es pasar de las promesas a la acción, con el sentido de urgencia y liderazgo requerido.
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Descentralizar la IA: El desafío de Tarapacá que no puede esperar
Por Bárbara Veyl, Gerenta de Vinculación e Innovación Social OTIC CChC
La discusión sobre la Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo suele cometer un error: se habla en tiempo futuro y con un fuerte centralismo. Ambas ideas son incorrectas. La transformación ya está aquí -el 50% de los trabajadores a nivel global necesitará reentrenarse en el transcurso de un año- y esas estrategias no se pueden diseñar en Santiago, sino desde la realidad concreta de las empresas de Arica a Magallanes.
El riesgo es que esta revolución tecnológica profundice las brechas territoriales. Es más, vemos los síntomas en las cifras locales: Tarapacá registra un 8% de desocupación y una tasa de informalidad del 29.7%. No podemos permitir un “centralismo digital”, donde las habilidades avanzadas se concentren en la capital, mientras las regiones lidian con la obsolescencia.
Este jueves 6 de noviembre quisimos pasar de la preocupación a la acción. En alianza con la Asociación de Industriales de Iquique (AII), trajimos la «Ruta del Talento Pyme» a Iquique. El foco fue concreto: democratizar el acceso.
Junto a expertos como Tadashi Takaoka, realizamos un taller para que los líderes y emprendedores locales pudieran aplicar herramientas de IA en sus negocios. Presentamos alianzas con Coursera y Desafío Latam, y nuestra plataforma «Talento Pyme», un ecosistema digital para guiar el proceso de capacitación de diagnóstico y acompañamiento.
Nuestra convicción es que el talento no puede ser un problema más; debe ser la solución. Pero para eso, la innovación debe llegar a quienes generan el 40% del empleo en Chile: las Pymes. Si bien el 90% de ellas reconoce la importancia de digitalizarse, solo un 22% ha logrado avances reales.
El gran desafío es que la innovación no está llegando a la base. A nivel nacional, solo un 20,4% de las empresas declara haber innovado en colaboración, y en las Pymes el número es aún más bajo. Esta brecha es preocupante, pero también es una oportunidad. Creemos que la colaboración activa es el único motor para romper el estancamiento. Por eso, nuestra alianza con la Asociación de Industriales de Iquique (AII) no es un detalle: es el modelo de trabajo que estamos impulsando para que las buenas ideas dejen de quedarse en el papel.
El futuro del trabajo no es inevitable. Se diseña, y requiere colaboración activa entre todos los actores. Lo que hicimos en Iquique es una muestra de nuestro compromiso por diseñar un futuro donde el talento, en todo Chile, sea el verdadero motor del desarrollo.
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