Entre las costras de los salares de Chile yace una incógnita. El litio, eterna promesa que el gobierno espera licitar durante este año, se aloja en su salmueras esperando por un boom de los autos eléctricos. El Ejecutivo anunció hace un mes medidas para aumentar su explotación con nuevos actores. Sin embargo, el interés por este mineral contrasta con las dudas que siembra.

Por Juan Pablo Garnham y Jorge Isla

A fines de la década de los sesenta, el geólogo Guillermo Chong se adentró en un terreno que, hasta ese momento, permanecía virgen. El salar de Atacama y sus tres mil kilómetros cuadrados -más de cuatro veces la superficie del Gran Santiago- no tenían los caminos, las tuberías de agua y, lo más importante, las piscinas en distintos tonos de azul donde hoy el litio se procesa. Eran prácticamente sólo costras de sal, verdaderas espinas gigantes que se levantaban de la tierra y que los obligaban avanzar apenas seis kilómetros por día. «Dos semanas nos duraban los zapatos caminando por ahí», recuerda.

Pero el esfuerzo de Chong y otros tres geólogos valió la pena. «Encontramos que el contenido de litio no sólo era comercial, sino que era tan alto que superaba el de los lugares donde en esos momentos se explotaba el mineral», dice el investigador, desde su oficina en el Museo del Desierto de Atacama. Y no se equivocó: la cantidad y la calidad del litio encontrado serían tan buenas -y de tan bajo costo de producción-, que en los 80 terminarían haciendo quebrar a las empresas que extraían y comercializaban este mineral en Estados Unidos.

Hasta el día de hoy, ése es el descubrimiento que tiene a Chile como el mayor productor de litio a nivel mundial, con reservas totales que se estiman en 7.500.000 de toneladas, más de la mitad del total mundial.

El poblado de Peine, al sur del salar de Atacama, es uno de los que viven de esta industria. Originalmente una villa agrícola, hoy este pueblo de 400 habitantes depende en gran parte de la planta que la Sociedad Chilena de Litio tiene a 25 kilómetros. El 80% de los funcionarios de la empresa provienen de esa localidad, donde la compañía (filial de la multinacional Chemetall) instaló su campamento y construyó los sistemas de agua y electricidad con los que el pueblo hoy funciona. Sin embargo, la comunidad siente que no la han incluido en la discusión del desarrollo minero local. «El Estado chileno partió al revés en este tema: debería preguntarnos a las comunidades primero. Nosotros somos los que nos llevamos el impacto social de estos proyectos», dice Ramón Torres, dirigente atacameño de Peine.

Torres se refiere principalmente a los cambios que vienen en la industria. Hasta hoy, la regulación no ha hecho posible aumentar el número de yacimientos y los actores en este mercado. En 1979 se declaró al mineral como inconcesible debido a su uso en el proceso de creación de energía nuclear por fusión. Quienes hoy lo explotan -la Sociedad Chilena de Litio y SQM- arriendan las concesiones de propiedad de Corfo, que provienen de esa época.

Luego de los descubrimientos del equipo en el que participó Chong, se hicieron estudios de factibilidad y la Corfo se hizo de las propiedades mineras del salar. En 1975, poco antes de que se declarara el litio inconcesible, la estadounidense Foote Mineral firmó un convenio para explotar el mineral y nueve años después, a través de la Sociedad Chilena de Litio, comenzó a extraerlo. La empresa después sería vendida hasta llegar a manos de Chemetall, cuyos dueños son Rockwood Holdings, de Estados Unidos. A su vez, el gobierno de Pinochet vendió otra parte de los derechos mineros a la estadounidense Amax, quien terminaría vendiendo éstos a SQM, la que comenzaría a explotar el salar a principios de los 90. Los contratos de ambas empresas son limitados por cantidad de toneladas y en el caso de SQM también por el tiempo, ya que caducaría en 2030.

Este año, a principios de febrero, el gobierno anunció que reformaría este régimen a través de un sistema de contratos especiales de operación (CEOL), que entregarán derechos de explotación por cien mil toneladas durante veinte años. Las autorizaciones se darán sin una asignación geográfica y a quien haga la mejor oferta en términos de dinero. El fisco recibirá, además del pago del contrato y de los impuestos, el 7% de las ventas anuales. «Esto significaría recaudar cerca de US$350 millones por proyecto», dice Pablo Wagner, subsecretario de Minería, quien espera concretar la primera licitación durante este año. Sin embargo, la apertura a nuevos actores es sólo una de las interrogantes que quedan por resolver.

Contra el tiempo

Por décadas, la idea de ver a Chile como una futura «Arabia Saudita» en un mundo de autos eléctricos con baterías a litio se ha apoderado del imaginario de académicos, empresarios y políticos. Pero esto ha formado parte más del discurso que de la acción, según consideran algunos expertos. «A principios de los 80, después de hacer mi doctorado, estaba dedicado a investigar en litio. Pero ante el desinterés que vi a nivel general, me cambié de industria. Tuve toda la razón porque en 20 años no ha pasado absolutamente nada», enfatiza Gustavo Lagos, director del Centro de Minería UC.

Así y todo, Lagos comparte el diagnóstico dentro del ámbito minero: Chile está en un momento expectante, en el que arriesga perder su sitial como el mejor productor de bajo costo. «Australia nos va a pasar y puede que China también. Así, bajaremos a una posición secundaria, con reservas interesantes, pero sin desarrollos prácticos, mientras todos los grandes productores de autos tienen algún modelo eléctrico basado en baterías de litio», advierte.

Un cambio global que reflejan 90 proyectos nuevos a nivel mundial. «Diez de ellos tienen probabilidades concretas de ejecutarse compitiendo con nosotros», indica la gerente general de la consultora SignumBOX, Daniela Desormeaux. «Sólo en Argentina hay un par que ya están en fase final de desarrollo para iniciar producción en los próximos dos años, con lo que Chile perderá su primer puesto». Aunque esto aún no se refleja en la demanda actual -que llegó a 140.000 toneladas de carbonato de litio en 2011, 12% más que el ejercicio anterior-, Desormeaux anticipa que ésta se disparará fuertemente desde 2015 y para 2025 las expectativas de consumo serían de 498 mil toneladas del material.

Con este cuadro, el subsecretario Wagner refuerza sus argumentos: «El mundo se está moviendo y si no hacemos nada, nuestro actual 41% del mercado -que ya significó una pérdida de 10 puntos-implicará que bajemos a 20% en el 2020. O tomamos esta oportunidad o la toman otros».

Las críticas a la licitación

La apuesta del gobierno por los CEOL todavía tiene un largo camino. Tras el anuncio del mes pasado se levantaron múltiples críticas, no sólo en el frente político desde la Concertación -los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro han denunciado una «privatización encubierta»-, sino también reparos por parte de expertos y de profesionales que asesoran a la industria.

Mientras Gustavo Lagos pide una fórmula que logre convocar a la brevedad a «empresas con capacidad financiera, tecnológica y ambiental con reglas del juego parejas y transparentes», el gerente general de la consultora DMO Minerals, Felipe Valenzuela, resalta que la clave es que los equipos del gobierno a cargo «dispongan del tiempo necesario para evaluar y precisar todos los aspectos, como es gestionar la inclusión (o exclusión) de las concesiones mineras vigentes en los proyectos o zonas que se liciten de las fórmulas de selección de los postulantes».

Otros son más escépticos sobre la capacidad del Ejecutivo de evitar caer en situaciones de discrecionalidad en la negociación de las cláusulas de los contratos con las empresas. «Soluciones como los contratos de operación son más fáciles y rápidas, pero no cuentan con una regulación detallada», puntualiza el socio del estudio Vergara y compañía, Winston Alburquenque, quien asevera que los CEOL «no resuelven el problema de fondo en una industria nueva que requiere certezas, como la que aportaría la generación de títulos semejantes a los usados en otros recursos naturales».

Mientras crece el debate, las empresas e inversionistas ansiosos por irrumpir en el negocio del litio vía contratos toman posiciones. Con distintas pertenencias en salares del norte, entre los interesados figuran las canadienses Lomiko Metals y Salares Lithium (fusionada con la australiana Talison); las estadounidenses Pan American Lithium y Mammoth Energy Inc. y la chilena Minera Copiapó, ligada a Francisco Javier Errázuriz. En este grupo con alta presencia de mineras junior -que buscan financiamiento de terceros y ofrecen acciones a inversionistas de riesgo-, una de las más activas es Li3 Energy, que recientemente se asoció al grupo coreano Posco. «En este proyecto de litio y potasio con un horizonte de inversiones por US$ 250 millones, en Maricunga ya hemos gastado más de US$ 50 millones. Y en las próximas semanas vamos a anunciar nuevas inversiones, entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, destinadas en su mayoría al litio para una planta piloto y estudios para producir en 2014», informa el CEO de la firma, Luis Sáenz. Y agrega que tienen previsto comprar más terrenos en Maricunga «para consolidar posiciones» y opciones en otros salares.

No menos intensas son las gestiones de grandes grupos japoneses y coreanos como Mitsubishi, Sumitomo, Toyota, Hyundai y Samsung, para establecer alianzas de largo plazo.

Por su parte, los actores que hoy dominan el negocio son cautos. Ambas compañías sólo respondieron a Qué Pasa a través de comunicados institucionales. Sobre la fórmula propuesta por el gobierno, en SCL se limitan a valorar las reformas: «Éstas proyectan el negocio en la línea de garantizar la oferta a nivel mundial», subrayan. En SQM, por su parte, afirman que sus preocupaciones van en la dirección de un cambio más profundo. «No se debe categorizar al litio como un mineral estratégico, simplemente porque no tiene sentido. Es un mineral muy abundante y altamente distribuido en el mundo, por lo que más de una decena de países tienen importantes recursos que pueden explotar sin restricción», afirman. «Si Chile decide seguir con las limitaciones a la extracción de litio, muy posiblemente irá perdiendo el liderazgo que hoy tiene».

Vivir del litio

Los líderes de las comunidades atacameñas tienen un hábito. Todas las semanas revisan sagradamente el Diario Oficial. Lo que buscan son nuevas peticiones de derechos de aguas subterráneas en la zona. «Hoy los derechos concedidos son mayores que la cantidad de renovación de aguas que tiene el salar. Si la minería decidiera explotar todos los derechos que tiene, nosotros nos secamos», dice Julio Ramos, quien fue presidente del Consejo de Pueblos Atacameños entre 2008 y 2010.

En el caso del litio, hay conciencia de que el impacto no es tan fuerte como el que tiene la minería del cobre. «Pero el problema del litio es que no se sabe muy bien cómo va a impactar en las cuencas», dice el abogado Alonso Barros, quien ha asesorado por veinte años a los atacameños. El sistema hídrico del salar está conectado con las áreas de regadío y pastoreo de las zonas aledañas y, además, con áreas protegidas, como bofedales y humedales. La Laguna Chaxa, en la Reserva Nacional Los Flamencos, es uno de éstos.

En Conaf explican que, según sus monitoreos, el desarrollo del litio no ha afectado a la flora y a la fauna. Sin embargo, hay una sensación de desconfianza entre los atacameños frente a la minería, que se extiende también al efecto que podría causar en el turismo. De hecho, en la comuna de San Pedro de Atacama la única actividad minera son los yacimientos de SQM y la Sociedad Chilena de Litio.

La alcaldesa Sandra Berna rechaza de plano la existencia de nuevas plantas en el salar: «Yo creo que con las dos que tenemos ya es exceso. No pueden venir más». El problema es que las actividades mineras afectan la «postal». Desde las zonas más altas, como el poblado de Socaire o el de Peine, es posible ver en el horizonte las faenas. Ahí se bombea hacia la superficie el agua rica en minerales que se aloja en las profundidades del salar. Estas salmueras son depositadas en piscinas rectangulares para que el sol haga su trabajo, evaporando el agua y dejando las sales. Los minerales resultantes se separan, obteniendo litio, que reposa esperando su exportación.

«Va a ser complejo el desarrollo de la industria del litio por dos elementos: el daño ambiental y la licencia social, es decir, el impacto en las comunidades locales», dice Alonso Barros. Varios de los salares a los que podrían apuntar los inversionistas se encuentran en zonas que los pueblos atacameños reclaman como propias. Otras zonas de interés incluyen áreas como los bofedales en el salar de Aguas Calientes, que son protegidos por la ley chilena.

El gobierno ha establecido que 48 salares podrían ser de interés para inversionistas y que al menos diez han comprobado tener niveles de litio dignos de ser tomados en cuenta. Para Guillermo Chong, sin embargo, ninguno es como el de Atacama en cuanto a la calidad y cantidad. «Las leyes de otros salares son cinco o seis veces menores que en el de Atacama», dice el geólogo. Esto lo obliga a ver con escepticismo la rentabilidad futura de estos proyectos. «Dadas las exigencias de las normas legales, la competitividad del mercado y las leyes de litio que tienen estos salares, a mí me parece que no se va a empezar a explotar ningún yacimiento en Chile», comenta.

Sin embargo, ya hay al menos un candidato que tratará de demostrar lo contrario: la empresa taiwanesa Simbalik, que posee una concesión en el salar de Maricunga otorgada antes de 1979. Recién a fines del año pasado la minera obtuvo su permiso de explotación y hoy trabajan en concretar un proyecto antes de seis años.

Los otros actores deberán esperar el trámite que realiza el Ministerio de Minería. En estos momentos trabajan en la aprobación de las bases de la licitación en la Contraloría y luego realizarán road shows en Chile y el extranjero para atraer inversionistas.

Mientras tanto, lejos de toda la discusión y los planes, los pueblos atacameños de San Pedro, Toconao, Socaire y Peine descansan aparentemente silenciosos. La gente está más preocupada de las recientes lluvias, que cortaron caminos, afectaron cosechas y ahuyentaron a los turistas. Saben que los salares seguirán ahí, como parte vital de su vida productiva, pero la pregunta es cómo y la respuesta es difícil. «Tenemos dos actividades que compiten por espacio y por forma de trabajar: una es la minería y la otra es el turismo», dice Julio Ramos, «y el problema es que no son muy compatibles».

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